El gobierno peruano de Ollanta Humala atribuye más responsabilidades de orden público a las Fuerzas Armadas, que venían actuando en la lucha contra el narcotráfico, para ocuparse de la minería ilegal y la intervención en protestas sociales. En el Valle de los ríos Apurimac y Ene (VRAE), que comprende las regiones Ayacucho, Cusco y Apurímac, […]
El gobierno peruano de Ollanta Humala atribuye más responsabilidades de orden público a las Fuerzas Armadas, que venían actuando en la lucha contra el narcotráfico, para ocuparse de la minería ilegal y la intervención en protestas sociales.
En el Valle de los ríos Apurimac y Ene (VRAE), que comprende las regiones Ayacucho, Cusco y Apurímac, en el sur del país, las Fuerzas Armadas combaten desde hace varios años a una facción de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso y destruyen laboratorios de procesamiento de cocaína, decomisan droga y buscan y capturan a presuntos narcotraficantes nacionales y extranjeros.
El argumento es que en el VRAE existe una alianza entre senderistas y bandas de traficantes y que los militares deben enfrentar por igual al denominado «enemigo narcoterrorista». En 2008, bajo el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), esas operaciones se intensificaron.
Entre el 7 y 12 de octubre pasado, tropas del ejército incautaron una tonelada y media de cocaína y detuvieron a un grupo de presuntos traficantes liderados por un colombiano que actuaba en el VRAE.
En la primera semana de noviembre, 2.000 efectivos ejecutaron una gran operación contra asientos mineros ilegales en los principales ríos del departamento de Madre de Dios, zona amazónica en el sudeste, limítrofe con Brasil y Bolivia.
La explotación de oro no autorizada en Madre de Dios afecta gravemente el ambiente debido al uso intensivo de mercurio y maquinaria pesada, como grandes dragas, y al desmonte de selva virgen.
La actuación militar ante el tráfico de drogas y la minería informal se ajusta a las leyes, dijo a IPS el ministro de Defensa, general retirado Daniel Mora Zevallos.
«Las Fuerzas Armadas actúan cuando las autoridades lo disponen. Los militares intervienen estrictamente bajo el imperio de la ley. Actuamos porque la ley nos faculta y no salimos del marco que establece nuestras funciones. Los militares no buscamos enfrentarnos a la población. Es lo que menos nos gusta», dijo Mora Zevallos.
«Pero no se trata solo de una orden», agregó, se interviene «solo si se dan las condiciones adecuadas. No deseamos tener problemas de derechos humanos. Por eso actuamos estrictamente donde existe una situación de ilegalidad», añadió.
El gobierno de Humala -un militar retirado que asumió la Presidencia el 28 de julio- parece querer ampliar el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas.
El propio Mora Zevallos, elegido legislador en el actual período e integrante de la Comisión de Defensa del Poder Legislativo, votó a favor un proyecto de ley que amplifica las facultades de las Fuerzas Armadas para desactivar protestas sociales que perturben «el orden público».
El 22 de noviembre, la Comisión de Defensa aprobó el proyecto que da a los militares potestad para actuar en áreas territoriales declaradas en situación de emergencia, «asumir el control del orden interno y la conducción total de la zona y realizar acciones militares con el apoyo de la Policía Nacional para el control del orden interno, pudiendo hacer uso de la fuerza ante otras situaciones de violencia», afirma el texto.
En esas zonas y dependiendo de las circunstancias, la policía se someterá a la jerarquía castrense, según el proyecto.
Según el seguimiento mensual de la Defensoría del Pueblo, en octubre se registraban en todo en el país 217 conflictos sociales, 154 activos y 63 en estado latente. Del total, 124 tenían causas socioambientales.
La iniciativa también da marco legal a la participación militar en las operaciones antinarcóticos.
«Las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en emergencia, estén a cargo o no del control del orden interno, están facultadas para realizar interdicción terrestre, naval y aérea a los implicados en el delito de tráfico ilícito de drogas», indica el texto.
La ampliación de facultades militares en materia de orden público cuenta con respaldo de representantes del partido gobernante Gana Perú, y de Fuerza 2011, el bloque del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a prisión por crímenes de derechos humanos y corrupción.
Estos dos bloques forman mayoría, pero la iniciativa podría inclusive tener respaldo de partidos menores que suelen apoyar al gobierno, como Perú Posible, la fuerza del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), a la que pertenece también el ministro Mora Zevallos.
Así alienta la militarización del orden público y se criminaliza la protesta social, criticó Aldo Blume, investigador del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL).
Se trata de una ampliación del Decreto Legislativo 1095, suscrito el 31 de agosto de 2010 por el entonces presidente García, que abrió la puerta a estos nuevos roles militares.
Este «fenómeno no es propio de un régimen democrático y de un Estado de derecho», sostuvo Blume en un comentario publicado en el sitio de IDL.
«Es cierto que la inseguridad ciudadana y el combate a la delincuencia, en particular a las organizaciones del narcotráfico, son problemas cada vez más complejos, pero la solución no radica en la ejecución de medidas represivas y de restricción de derechos», agregó.
Para el analista Javier Azpur, coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, un consorcio de organizaciones no gubernamentales con actividad en todo el país, existe en el gobierno de Humala una tendencia a la militarización.
Humala había prometido en campaña que las carteras de Defensa e Interior estarían en manos civiles. Pero sus titulares, Mora Zevallos y Óscar Valdés Dancuart, respectivamente, son militares retirados.
«Es más o menos evidente que el presidente quiere dar un rol significativo a las Fuerzas Armadas en ámbitos importantes de su gestión. Ello parece ser así por formación y por convicción», dijo Azpur a IPS.
«La conducción del sector Interior tiene una importante presencia del ejército. Un hecho constatable también es la ampliación de la presencia que (los militares) ya tenían desde el gobierno anterior en el VRAE. A ello debemos agregar su rol protagónico en la necesaria lucha contra la minería ilegal o informal», agregó.
El 24 de noviembre, pobladores de la región norandina de Cajamarca iniciaron una huelga indefinida contra el proyecto aurífero Conga, de la empresa Yanacocha, propiedad de las compañías Newmont, de Estados Unidos, y Buenaventura, de Perú.
Los campesinos se oponen a la actividad minera en su territorio porque una laguna será secada para extraer el oro que se encuentra en su lecho, lo que afectaría la disponibilidad de agua en la zona.
Ante rumores del desplazamiento de 2.000 soldados a Cajamarca, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Howell Ballena, sostuvo que, «si la policía siente que será sobrepasada, puede pedir al presidente la participación» militar.
«Si los militares intervienen, significaría la derrota de Humala en los sectores rurales que lo apoyaron de manera masiva» y de la «estrategia del diálogo y la salida política que viene impulsando el gobierno», reflexionó Azpur. «Perdería credibilidad en su intento de representar los intereses de los sectores excluidos y sumidos en la pobreza».
«Forzar el proyecto Conga con una represión de alta intensidad… significaría sumarse a la política impuesta en el país desde el régimen fujimorista. Amplios sectores de la sociedad lo verían (a Humala) como un representante más de los grandes grupos de poder económico», advirtió.