Durante casi diez años el COPINH de Berta Cáceres ha tenido que salir del ancestral territorio lenca para reivindicar justicia por su asesinato frente a los Atala, uno de los poderosos grupos económicos que dominan Honduras.
El objetivo no es solo castigar a los culpables sino evitar nuevas masacres de campesinos, indígenas y garífunas, víctimas del extractivismo. Desde hace un año, el asesinato en el Bajo Aguán de Juan López ha vuelto a situar este conflicto regional en el escenario internacional y su figura emerge como la de otro gran líder social y ensombrece el balance del Gobierno de Xiomara Castro, por sus nexos con los protagonistas del caso y la inacción e impunidad respecto a los responsables intelectuales.
Durante cuatro días, del 25 al 29 de septiembre, organizaciones y movimientos sociales representados por 337 delegadas de Honduras, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, y otros pueblos del mundo participaron en el III Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales. En la declaratoria final reafirmaron que el camino del movimiento social mesoamericano debe ser la unidad basada en “principios enraizados en la defensa y liberación de nuestros territorios y nuestros cuerpos, por la construcción y reconstitución de nuestros modelos de democracia popular, comunitaria, solidaria, participativa, anticapitalista, antipatriarcal y antiimperialista”.
La reunión tuvo lugar en el Centro de Encuentros Utopía, una sede que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) tiene en el área rural de Santa Catarina, Intibucá.
Entre los temas debatidos se incluyó el hostigamiento, criminalización y asesinatos contra defensores y defensoras de los territorios, en particular de los pueblos indígenas del Abya Yala que tienen su fundamento en “La continuidad del modelo extractivista, minero, energético, monocultivo, en complicidad de gobiernos y corporaciones nacionales y transnacionales en el marco de una economía criminal capitalista”.
En Latinoamérica, la persecución y criminalización de liderazgos sociales es una constante que no ha parado de crecer. Para Front Line Defenders, la violencia contra los defensores de derechos humanos sigue aumentando especialmente en esta región, donde se registraron el 80 % de los asesinatos en 2024 (257), con un incremento del 9 % respecto al año anterior.
En la declaratoria final se incluyó una exigencia de “justicia por Berta Cáceres, Juan López y los mártires del Aguán, por el Padre Marcelo, Daniel Pedro, Bety Cariño, Simón Pedro, Mariano Abarca y para todos y todas las personas quienes han dado su vida por la defensa de los territorios”, víctimas emblemáticas de la violencia en América Central y de México.
Precisamente, uno de los talleres realizados se centró en la búsqueda de justicia para Berta Cáceres y Juan López. La actividad se desarrolló junto a un pequeño altar con flores, velas y coloridas telas locales que homenajean a decenas de luchadores sociales caídos durante años, algunos de los retratos de sus rostros aparecían decorando los laterales y fondo del altar. El próximo mes de marzo se cumplirán 10 años del asesinato de Berta y el pasado 14 de septiembre se celebró el primer aniversario de la muerte de Juan. Estas muertes por encargo tienen una serie de elementos en común que evidencian patrones de impunidad para los autores intelectuales, ante la falta de respuesta efectiva del Estado para investigar a los grupos económicos y políticos que se encuentran detrás de los mismos.
En ambos casos, se trataban de activistas que ayudaron a crear organizaciones sociales para la defensa del territorio, que se enfrentaron durante años a proyectos extractivistas y que se movilizaron activamente contra el golpe de estado de 2009 en Honduras. Además de líderes comunitarios defensores del medio ambiente, los dos tenían un perfil y trayectoria política muy comprometida con la transformación social del país.
En el caso de Berta su muerte obedeció a la negativa del pueblo lenca y el COPINH a la construcción de una represa y una hidroeléctrica que la empresa DESA iba a construir en el río Gualcarque. Cáceres fue asesinada la noche del 2 de marzo de 2016, cuando un grupo de sicarios ingresó en su casa. En el momento del crimen Berta era una reconocida líder feminista indígena lenca, cofundadora del COPINH en 1993 y galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, el premio “nobel” alternativo que homenajea anualmente activistas de medio ambiente. En “Las revoluciones de Berta”, Claudia Korol, recuerda que, además de madre de tres hijas e internacionalista comprometida con la revolución de El Salvador junto al FMLN, fue “muchas Bertas y siempre la misma: la compañera indomesticable”. Korol recuerda que la noticia de su muerte se desparramó rápidamente por el continente y otras regiones del mundo: “¡Mataron a Berta! E inmediatamente la incredulidad”. Tras su asesinato el proyecto fue paralizado, Berta se convirtió en un icono mundial de la lucha feminista y su crimen en uno de los más emblemáticos de la narcodictadura en el periodo del Presidente de Juan Orlando Hernández, hoy en prisión en EEUU por narcotráfico.
Juan López, líder ambiental y religioso, fundó, junto a compañeras y compañeros de Tocoa, departamento de Colón, hace 10 años el Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCT) en el Bajo Aguán.
Esta fértil región del norte de Honduras sufre un prolongado conflicto agrario en el que los terratenientes enfrentan por la fuerza, con la ayuda de grupos paramilitares, los intentos y avances del campesinado para recuperar tierras que inicialmente fueron asignadas a campesinos y cooperativas agrarias. El monocultivo de palma aceitera, la minería y el narcotráfico son las principales amenazas de un conflicto en el que en los últimos 14 años arroja más de 200 asesinados y solo en 2025 a 11 víctimas mortales.
López denunció una mina de óxido de hierro que opera en el municipio mediante el conglomerado empresarial Emco Holdings, Los Pinares y Ecotek, por la amenaza al Parque Nacional Carlos Escaleras y su ecosistema que incluye los ríos Guapinol y San Pedro. Como parte de su compromiso político desempeñó el cargo de regidor municipal en Tocoa. Las denuncias por corrupción contra el alcalde Adán Fúnez, especialmente la exigencia de López pidiendo su dimisión tras la aparición de un narco-video en el que el alcalde aparece negociando aportaciones a una campaña electoral con un grupo de narcos y el cuñado de la actual Presidenta del Gobierno Carlos Zelaya, se encuentra entre las razones que habrían precipitado su asesinato la noche del 14 de septiembre de 2024 cuando salía de asistir a misa junto a su familia en el barrio en Tocoa en el que vivía.
La cronología de ambos casos presenta paralelismos evidentes. Denuncias y reivindicaciones protagonizadas por movimientos sociales que desde su inicio incomodaron a promotores de megaproyectos mineros y de energía ante las acusaciones de fraude. Respuesta en forma de estigmatización, amenazas y criminalización como preludio de la muerte de los liderazgos sociales. Impunidad de los autores intelectuales producto de investigaciones lentas y una respuesta judicial que no alcanza a quienes mueven los hilos de los pistoleros que cometieron los asesinatos.
Nos encontramos ante proyectos en los que se empleó el fraude y corrupción para acometerlos. Los crímenes fueron precedidos de campañas de señalamiento, hostigamiento y criminalización. Berta recibió amenazas, disparos contra su coche, mensajes y amenazas directas por parte del ejército, la policía, el alcalde Raúl Pineda y la empresa DESA. Juan López fue igualmente criminalizado llegando a ser encarcelado por participar en un campamento de protesta. La criminalización se prolongó después del asesinato cuando la Corte de Apelaciones de La Ceiba estimó un recurso interpuesto del Ministerio Público contra el sobreseimiento de López y otros ambientalistas.
Las medidas cautelares que ambos tenían reconocidas para su protección de nada sirvieron y al principio de las investigaciones se intentó desviar la atención hacia falsos culpables. En el caso de Berta hacia un compañero del Copinh al que falsamente se intentó responsabilizar de un crimen pasional.
Las investigaciones no han esclarecido quienes fueron los autores intelectuales responsables de las muertes. Después de 8 años, en noviembre de 2024, la Corte Suprema ratificó las sentencias contra los siete condenados por el asesinato de Berta y el intento de asesinato de Gustavo Castro, incluyendo directivos y personal de seguridad de la empresa DESA, militares y sicarios.
En el caso de Juan López, el pasado mes de septiembre, un Juzgado de San Pedro Sula dictó auto de apertura de juicio oral contra Óscar Alexis Guardado, Daniel Antonio Juárez y Lenin Adonis Cruz, acusados de ser los autores materiales por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.
El desafío se encuentra en determinar los responsables últimos: quienes ordenaron los crímenes y se beneficiaron de los mismos. Aunque el procedimiento penal por el caso de Berta acreditó la existencia de la estructura criminal, vinculada a la familia Atala Zablah y fuerzas de seguridad estatales, Daniel Atala Midence se fugó en 2023 al enterarse de que el Ministerio Público había emitido un requerimiento fiscal con orden de captura en su contra por el asesinato de Berta Cáceres. Es miembro de la poderosa familia Atala Zablah, accionistas mayoritarios de DESA, empresa que impulsa el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, del Banco Ficohsa, BAC Honduras, equipos de fútbol, empresas de alimentación y medios de comunicación.
Los enemigos de Juan por su lucha contra la corrupción incluían al alcalde de Tocoa, a quien investigaba por corrupción y de quien pidió su dimisión por vínculos con el narcotráfico, y el empresario Lenir Pérez. Este junto a su esposa Ana Facussé, hija del fallecido Miguel Facussé, tienen intereses en Alutech, EMCO, Inversiones Los Pinares y Ecotek relacionadas con los proyectos a los que Juan se oponía por daños al Parque Nacional de Montaña Carlos Escaleras-Botaderos. Para complicar el escenario Instituto de Previsión Militar (IPM), encargado de gestionar las pensiones de integrantes de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, aparece vinculado al caso mediante una compra de más de 6 millones de dólares en acciones de la compañía Alutech. Actualmente, Lenir Pérez se encuentra igualmente prófugo de la justicia hondureña en otro juicio por daños ambientales y explotación ilegal por parte de Inversiones Los Pinares y Ecotek.
Frente a este escenario de disputa de poder, Camilo Bermúdez, integrante del equipo de litigio de COPINH, recordó que el sistema judicial es racista y protege a quienes cometieron estos delitos. A pesar de la frustración que genera el sistema, insistió en que van a seguir reivindicando justicia ante los tribunales de Honduras. No obstante, fue enfático en señalar los límites del sistema judicial y que se trata de una lucha contradictoria: la causa de estos crímenes es un sistema económico capitalista patriarcal que genera despojo, que a su vez da lugar a procesos de resistencia de los pueblos y crímenes contra las personas defensoras que los encabezan. Paradójicamente, las organizaciones tienen que acudir después a un sistema judicial funcional a esos grupos económicos para exigir la reparación. “Los problemas estructurales, el despojo, no los va a resolver el Estado pero hay que ir al Estado para reclamar justicia por una deuda histórica ante los campesinos e indígenas”, añadió Bermúdez.
Para el COPINH, la exigencia judicial es una oportunidad para apoyar y dar continuidad a las luchas por las que las compañeras han dado la vida, cuando asesinaron a Berta querían debilitar al COPINH que se opone a más de 50 proyectos extractivos: “nos matan para desviarnos de las luchas”.
Bermúdez en una muestra de autocrítica señaló que el asesinato de Juan es el fracaso del propósito de que la lucha por la exigencia de justicia para Berta impidiera nuevos asesinatos: “el asesinato de Juan López y los integrantes de las cooperativas del Bajo Aguán demuestra esos límites que la justicia del Estado proporciona”.
En la reunión también intervinieron las representantes del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCT) Juana Esquivel y Juana Zuñiga. El CMDBCT cuestiona la falta de voluntad del Ministerio Público en la investigación de los autores intelectuales, después de un año del asesinato y con decenas de teléfonos intervenidos y centenares de horas de grabaciones en video y audio, no hay avances ni resultados para esclarecer quien ordenó un crimen de pago.
A Juana Zuñiga se le hace difícil recordar cuando Juan les decía que había que cuidarse y que no sabía si el siguiente muerto iba a ser él o “uno de ustedes”. La indignación no es solo por la falta de justicia en la investigación penal, también por la falta de avances en otros procedimientos judiciales y afirman que no va a haber justicia mientras la empresa siga operando al carecer de la documentación necesaria y no implementarse el Decreto 18-2024 destinado a proteger el Parque Nacional Carlos Escaleras de la actividad minera.
En el Aguán el miedo es una realidad paralizante y el silencio mediático se impone a nivel local; al contrario, los ataques dirigidos a las organizaciones sociales continúan y no los impide la militarización de la región, que tampoco frustró el crimen pero sí que impide a las organizaciones sociales hacer presencia en las zonas en conflicto.
Para el CMDBCT el Estado mató a Juan, no solo por las faltas de medidas de protección, sino porque no enfrenta las causas del conflicto, ni da respuesta a las demandas de las comunidades y, sin embargo, pone a los defensores en riesgo.
En el Bajo Aguán y en diferentes territorios de Honduras, como en otras partes de Latinoamérica, nos encontramos ante prácticas sociales genocidas dirigidas a conseguir la mayor acumulación por la desposesión que produce la expulsión violenta de las comunidades, bien de las tierras que les fueron entregadas a los campesinos durante la reforma agraria o a los pobladores originarios de sus territorios ancestrales, todo ello para la transformación de derechos comunes en ganancias de poderosos grupos privados.
Terminado el encuentro, en el ocaso del día los asistentes procedentes de diferentes lugares del mundo no quisieron despedirse de Intibucá sin acudir al cementerio donde Berta fue “sembrada” para rendirle un emotivo homenaje. El ejemplo de Berta, seguido por Juan López, convertido ya en símbolo de la lucha del Bajo Aguán y de vergüenza para el Gobierno de Honduras, son una pequeña muestra de los cientos de asesinados anónimos en las luchas de resistencia frente al capitalismo depredador. Contra el pronóstico de los responsables de su muerte, la siembra de Berta y Juan multiplican conciencias que aseguran la continuidad de estos procesos de resistencia.
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