El ‘pacto de corruptos’ sigue vivito y coleando
En agosto del año pasado, la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar persona non grata a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), puso el país al borde de una nueva grave crisis político-institucional. Desde entonces, la situación, lejos de mejorar, ha venido empeorando.
Jorge Santos es coordinador general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
El pasado 23 de marzo, en el marco de la Huelga de Dolores[1], mientras acompañaba a miembros de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) que habían sido amenazados de muerte, fue atacado por un individuo encapuchado que le golpeó en la cabeza con un bate de madera. Afortunadamente no resultó con lesiones graves.
Desde el Congreso aprobaron leyes que amplían el marco de impunidad a niveles insospechados, tratando de dejar en libertad a sujetos en prisión preventiva por graves delitos de corrupción.
También hubo desalojos violentos consumados para garantizar los intereses espurios de pequeños grupos de personas pudientes. Eso dejó a cientos de familias indígenas y campesinas al borde de una grave crisis humanitaria.
Tampoco ha parado la campaña de difamación y estigmatización contra personas y autoridades que defienden los derechos humanos, a la par del intento de ampliar esquemas que limitan el accionar de la población.
También pretenden favorecer el financiamiento ilícito a partidos políticos, así como enjuiciar y destituir a funcionarios públicos honestos.
Hace poco, el mismo presidente Jimmy Morales volvió a difamar al comisionado Iván Velásquez, el procurador de Derechos Humanos Augusto Rodas y la ex fiscal general Thelma Aldana.
También incitó a la violencia en contra del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Prácticamente dio carta blanca a los agresores y, pocos días después, comenzaron los ataques a dirigentes campesinos e indígenas.
En menos de un mes asesinaron a José Can Xol, Mateo Chamán Paau y Ramón Choc, del Comité Campesino para el Desarrollo del Altiplano (CCDA), y a Luis Arturo Marroquín del Codeca.
El mismo presidente Morales, que se ha convertido en un remedo de dictadorzuelo cada vez más asediado, su hijo y su hermano tienen juicios pendientes.
Todo ellos son los que están poniendo los recursos, la logística y las herramientas para esta estrategia que apunta a producir un retroceso sistémico en el país.
Tampoco podemos olvidar que hay estructuras enquistadas en el Estado que se prestan a los actos de criminalización y represión en contra de defensoras y defensores.
Fuente: Rel-UITA
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.