El pasado 7 de noviembre, la Policía Nacional de Honduras, Fuerzas Armadas y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), de ese país, realizaron un violento desalojo en la comunidad garífuna de Punta Gorda, Islas de la Bahía, en Roatán, Honduras, la primera comunidad garífuna asentada en Centroamérica que carece de título comunitario.
Luego del desalojo violento, las fuerzas de seguridad detuvieron a seis activistas, entre ellos a Melisa Martínez, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Dorotea Arzú, Tishany González, Richard Armando Martínez, Abot Efraín Sánchez y Augusto Moisés Dolmo. Todos ellos fueron llevados a la prisión de Coxen Hole, en Roatán y según medios hondureños, fueron liberados este 8 de noviembre, con medidas sustitutivas.
Según un comunicado de prensa del Comité de Tierra de Punta Gorda, esta es la primera comunidad garífuna asentada en el territorio centroamericano, desde el 12 de abril de 1797, antes de la firma de la independencia de Honduras, en 1821 y mucho antes de la entrega de las Islas del Bahía a la República de Honduras, en 1861.
#Honduras Melissa Martínez, Dorotea Arzu, Richard Martínez, Agusto Moises Dolmo, Abat Sánchez Gómez y Keider Tichani Ballesteros, fueron detenidos y detenidas esta mañana tras la represión en la comunidades Garifuna. Los acusan de usurpación agravada, afirma @baraudawaguchu. 📢 pic.twitter.com/Un9hRQe2d8— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) November 8, 2022
OFRANEH indicó, en su cuenta de Twitter, que con esta detención, el Estado de Honduras pretende solventar la inexistencia de un título comunitario, ya que Punta Gorda es la única comunidad garífuna en Honduras que carece de este derecho.
De acuerdo con la organización garífuna, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro utilizó la violencia para acallar reclamos territoriales e incumplió con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La defensora garífuna, Miriam Miranda, dijo en su cuenta de Twitter que ella creyó que en el gobierno de Castro no verían esta escena, donde militares y policías acuerparían al poder judicial para llevar a cabo el desalojo de una comunidad garífuna.
También repudió y condenó la acción del gobierno en contra del pueblo garífuna, “realmente es condenable”, indicó.
#Honduras Desalojan al pueblo Garífuna en Roatán con fuerzas «seguridad». «Es inexplicable actitud asumida por actual administración del «socialismo democrático». Mientras prospera en la isla proyectos de corte neocolonial, admin @XiomaraCastroZ se llama al silencio» @ofraneh pic.twitter.com/3DptNlFioI— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) November 7, 2022
Por su parte, la presidenta Castro señaló en su cuenta de Twitter, la noche del 7 de noviembre, que no fue informada del desalojo y que solicitó un informe del mismo. “Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio, no a desalojo que criminaliza derechos”, dijo.
La Oficina en Honduras del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó la detención de los seis integrantes de la comunidad efectuado en el marco de un desalojo forzoso, que asegura fue en contravención de las obligaciones en derechos humanos.
Por su parte, medios hondureños reportaron que la Secretaría de Derechos Humanos responsabilizó a los Juzgados de Letras, de Roatán, por el desalojo, señalando que se actuó de forma contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) pidió investigar las acciones corruptas de jueces del Juzgado de Letras de la Bahía y las acciones violentas de la Policía Nacional.
Además, el COPINH recalcó que la comunidad de Punta Gorda, organizada en la OFRANEH, es la más antigua del pueblo garífuna y se deben respetar sus derechos a la tierra y el territorio.