Pocas veces hemos visto los peruanos una ofensiva mediática tan desplegada y agresiva como la que hoy se alienta en el tema de la liberación del más importante reo en cárcel que tiene la Mafia: Alberto Fujimori. Virtualmente desde todos los ángulos, los diarios de circulación nacional, la prensa radial y los canales de TV […]
Pocas veces hemos visto los peruanos una ofensiva mediática tan desplegada y agresiva como la que hoy se alienta en el tema de la liberación del más importante reo en cárcel que tiene la Mafia: Alberto Fujimori.
Virtualmente desde todos los ángulos, los diarios de circulación nacional, la prensa radial y los canales de TV insisten en lo mismo, quizá aferrados al viejo dicho que asegura que «el agua continua, orada la piedra».
Se mueven a la luz de dos posibilidades. O una ley que apruebe el Congreso y que disponga la excarcelación de las personas mayores de 75 años; o un Decreto de Indulto que firme el Jefe el Estado -¡pero que lo firme ya!, como dicen los áulicos de esa causa a voz en cuello.
El tema de la ley congresal tiene sus bemoles. Y ellos lo saben. Por un lado, la disposición no puede tener «nombre propio». Está obligada a ser «genérica». Y es allí donde radica la primera piedra que encuentra en el camino. Si es «abierta» involucra a muchas personas, responsables -además- de diversos delitos. Para reducir el número, hay que «cernir» los casos y decir por ejemplo, que se beneficiarán de ella los que acrediten «problemas de salud». Pero es previsible que, a esa edad, y en las cárceles peruanas, todos -o casi todos -registren «problemas de salud».
Por eso se busca el deslinde por otra vía: la naturaleza de los delitos. Abimael Guzmán, o algunos otros de la cúpula senderista, podrían considerarse beneficiados por una norma «abierta» porque tienen más de 75 años y salud quebrantada.
Los «medios» aseguran que para evitarlo hay que asegurar que no puedan acogerse a la norma los «terroristas». Creen que, con eso está soldado el asunto. Pero no. Los delitos por los que fue condenado Fujimori fueron delitos de terrorismo. ¿O es que alguien supone que el Terrorismo de Estado no es delito y que no puede incluirse en el rubro de Terrorismo?
¿No fue acaso parte del Terrorismo de Estado la matanza de La Cantuta, o de Barrios Altos? ¿Los crímenes de Pativilca y Huaral? ¿El asesinato de Huilca? ¿No fueron los integrantes del Grupo Colina algo así como Sicarios del Estado financiados por recursos públicos y encargados de la tarea de eliminar a través de acciones terroristas a los supuestos, o reales, Senderistas? ¿Y no es, en ese marco, Alberto Fujimori simplemente un terrorista? Para no aceptarlo, hay solamente que «hacerse el loco», o estarlo.
No podría hacerse una diferenciación arguyendo que los terroristas de Sendero no tienen derecho, y los terroristas del Estado si lo tienen. Sería sumamente burdo eso. Y objetable, además, por cualquier tribunal interno o externo.
Es por eso que la bancada Keikista «no se anima» a aprobar la iniciativa de Vieira, el parlamentario ex fujimorista que se sumó a tiempo al carro de PPK. Resulta inconsistente política y jurídicamente una disposición así aprobada.
Y es por eso, también, que Keiko y los suyos sostienen que la única salida es doblegar a cualquier precio al Jefe del Estado. Obligar a PPK, a conceder el Indulto. Ese es el camino.
Para lograr ese objetivo, se despliega fuego graneado. Desde todos los ángulos se disparan demandas de uno u otro calibre. Pero todas apuntan al mismo propósito. Y a todas, además, se complementan con soterradas amenazas. Si no firma ¿qué puede ocurrir? Se preguntan ofuscados Rafael Rey y José Barba, en Willax TV.
Jaime Althaus es uno de los impulsores de la campaña: «¿Por qué no firma PPK?» dice angustiado en «La Hora N». Y Philips Butthers asume el mismo papel, pero con malacrianza incluida: «¡que firme ya!, ¿Por qué no lo hace?», Beto Ortiz se inscribe en la tarea. Y Milagros Leiva clama por ella. Y Aldo M. desde su columna en «Perú 21, ¡Dale a lo mismo!
Y ahora, como la artillería resulta insuficiente y PPK no atraca, la Mafia se ha traído un Misil de medio pelo: Laura Bozzo. Ella ordena la liberación inmediata del chinito de la yuca. Invitada a todos los canales, y a todos los programas, grita por lo mismo: «¡Hay que liberar a Fujimori!»
Nadie en los medios les pregunta quién les dio vela en esa causa; porque Fujimori fue procesado. Tuvo un juicio impecable, seguido por el Perú y el mundo. Y gozó de las mayores prerrogativas que podría concederse a un reo cualquiera. Se defendió como pudo, y hasta gritó como voz meliflua «¡Soy inocente!», antes que lo condenen por un primer delito.
Luego se reconoció culpable de todos los demás. De ese modo, les quitó autoridad a los que hoy dicen que «no cometió delitos», sino tan solo registró «errores». Si, los «errores» a ios que aluden Mónica Delta, Milagros Leiva y Mariella Balbi, el trío de nuevas «geishas» del escenario pe ruano.
Hasta hoy el Presidente Kuczynski se ha negado a otorgar el Indulto tan exigido. No obstante, cercanos a él, se han mostrado partidarios de esa medida, quizá por «quitarle un peso» de encima al gobierno, o simplemente por la voluntad conciliadora con la que se han manejado anteriormente ante la Mafia. Pero en los hechos, nada ha ocurrido.
El Habeas Corpus anunciado recientemente por Keiko, no tiene futuro. Los jueces no pueden -en este estado de las cosas- pronunciarse sobre el fondo como consecuencia de ese recurso. Tendrán que aludir a la forma. Y la forma, luce impecable.
No se trata, entonces, de una acción, sino de un manotazo de ahogado. Apenas de una maniobra engañosa para sorprender incautos y hacer creer que ella «lucha por su padre». No. Ella, sólo lucha por sí misma.
Y porque eso es así, lo que hace es incrementar la presión sobre el Jefe del Estado. Las interpelaciones planteadas contra los titulares del Interior y de Transportes, no responden a una sana voluntad, sino a una enfermiza ambición. Y apuntan a un sólo propósito: debilitar aún más al gobierno colocando en la linera de mira a PPK y a su estructura de gobierno.
Lo que buscan es vacar al Presidente de la República con cualquier pretexto, y adelantar las elecciones sin dar tiempo a nadie para participar en ellas. Por eso insisten, además, en una «reforma electoral», que pueda ser usada en uno u otro momento como parte de un solo propósito: El copamiento del Poder.
Bien mirado el escenario, la Mafia busca lo que algunos llaman «una jugada a tres bandas», es decir, una maniobra destinada a tres objetivos: liberar a Fujimori, encarcelar a Humala y derribar a PPK.
Por eso la campaña por «el chino» se acompaña, enfermizamente, con una ofensiva sostenida contra Humala. Los áulicos de la Mafia claman a una voz: «Hemos estado gobernados por un asesino». Podría, inocentemente, preguntarse si aluden a Fujimori, pero no. Sin sonrojarse dicen que Humala es «un asesino en serie», definición que le «asienta» como pedida al hombre de «la década dantesca» como algunos prestigiosos psiquiatras llamaron al gobierno de fines del siglo pasado.
En propósito de la Mafia en esta etapa es «cercar» y «acorralar» a PPK hasta hacerle vida imposible. En un sólo día, 8 de sus ministros fueron citados a comparecer ante comisiones del Congreso; y dos, ahora, deberán responder a una enjundiosa interpelación. La oferta es simple: Indulto, o guerra.
Gustavo Espinoza M., miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. http://nuestrabandera.lamula.
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