En España, el reglamento de extranjería que entró en vigor el 31 de enero del 2005 no es aceptable para los inmigrantes porque nos sigue considerando mano de obra barata de usar y luego tirar. La ley de Extranjería y ahora esta norma de aplicación, que se limitan a plasmar las directrices de la Unión […]
En España, el reglamento de extranjería que entró en vigor el 31 de enero del 2005 no es aceptable para los inmigrantes porque nos sigue considerando mano de obra barata de usar y luego tirar. La ley de Extranjería y ahora esta norma de aplicación, que se limitan a plasmar las directrices de la Unión Europea sobre cierre de fronteras y control de los flujos migratorios, infringen los principales códigos internacionales de derechos, humanos y laborales, como en particular la libertad de circulación de personas, la no discriminación laboral por razones étnicas, de sexo o de procedencia, o nuestras libertades básicas de expresión, manifestación y organización como inmigrantes.
Precisamente por ello, los inmigrantes y la mayoría de nuestras organizaciones, aunque recomendamos concurrir al proceso de «normalización» iniciado el 7 de febrero, nos sentimos defraudados. Todo apunta que con las medidas del nuevo reglamento seguirán sin resolverse los problemas que sufrimos la gran mayoría de persecución policial, explotación laboral y exclusión social.
Cuando el gobierno aprobó este reglamento, en los medios de comunicación se decía que serviría para «regularizar» al más de un millón de «sin papeles» hoy existente. Pero, apenas un día después de iniciado el plazo de tres meses para la tramitación de solicitudes, los propios responsables gubernamentales ya han reducido a la mitad estas promesas, y conforme vaya pasando el tiempo se irá constatando que ni siquiera la mitad de la mitad (250.000 «sin papeles») podrán «regularizarse», ante las cortapisas burocráticas arbitrariamente puestas.
¿Qué pasará cuando transcurran estos tres meses de plazo de regularización? Pues que continuará habiendo muchos y muchas «sin papeles», antiguos y nuevos, que seguirán alimentando la economía sumergida y siendo utilizados para recortar a la baja las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras españolas. Resulta difícil entender que el gobierno y quienes apoyan este reglamento hayan optado por ignorar esta realidad, lo que nos lleva a preguntarnos qué intereses son los que defienden en realidad.
En todas las épocas, continentes y territorios han existido flujos migratorios ocasionados por múltiples circunstancias, incluyendo las guerras y los desastres naturales. Este nuevo siglo y milenio, sin embargo, hay que constatar que no viene acompañado de un mayor progreso y desarrollo de la humanidad sino al contrario. Porque, junto con la creciente acumulación de la riqueza y el poder en cada vez menos manos, los imperialistas y quienes les apoyan tratan de dividir para mejor someter a los trabajadores y a los pueblos, de quebrar los lazos históricos y culturales de solidaridad entre países así como el internacionalismo de la clase trabajadora.
Si se nos hubiera preguntado a los inmigrantes, o escuchado al menos a quienes sufrimos más directamente la explotación económica, la exclusión social y la indefensión jurídica y administrativa, habríamos dicho a las autoridades que no se puede combatir la economía sumergida y las actividades mercantiles ilegales ilegalizándonos a nosotros, sino justo lo contrario.
Al quitarnos incluso la posibilidad de interlocución con la Administración, sometiendo a muchos inmigrantes a unas relaciones casi de esclavitud con los empleadores, al perseguir y criminalizar a los inmigrantes como hacen las políticas vigentes de extranjería, en España y en la Unión Europea, colectivamente no nos queda otra opción que redoblar nuestra lucha por una regularización sin condiciones de quienes viven y trabajan en este país y continente; por la igualdad de trato, de derechos y deberes; por la unidad de todos los trabajadores en la defensa de un futuro y de unas condiciones dignas de vida para todos y todas. Reivindicaciones todas ellas opuestas a las políticas defendidas por los gobiernos españoles anterior y actual, por las instituciones de Bruselas y por el tratado Constitucional que se someterá a consulta el 20 de febrero.
Al contrario de lo que plantean estas políticas, instituciones y legislaciones, ninguna persona puede ser ilegal, del mismo modo que tampoco se pueden poner rejas al mar, negando y persiguiendo el derecho que todos tenemos de luchar por mejores condiciones de vida.
Tratar de ignorar esta cuestión apelando falsamente al interés público, pretender dividir como hacen estas políticas a los trabajadores por razones de procedencia implica recortar los derechos y precarizar las condiciones de vida y trabajo de todos los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Por eso mismo, al defender nuestras reivindicaciones y llamar a la unidad de los trabajadores, los inmigrantes -que como demuestran todas las estadísticas estamos contribuyendo al progreso material de este país y continente- formamos parte imprescindible de la lucha por una democracia y por un régimen de libertades que sean reales, de verdad, pues como demuestra nuestra particular experiencia colectiva no es esto lo que tenemos ahora, ni lo que quieren imponernos mediante la ratificación del tratado constitucional.
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Jairo Camargo, Rosario Gamez y Samuel B. son miembros de CORFISOCIAL – [email protected]