«La impunidad por violaciones a los derechos humanos constituye uno de los principales obstáculos para la vigencia del Estado de Derecho en la región», afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual 2010, presentado el 15 de abril. Si bien la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos, reconoce que […]
«La impunidad por violaciones a los derechos humanos constituye uno de los principales obstáculos para la vigencia del Estado de Derecho en la región», afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual 2010, presentado el 15 de abril.
Si bien la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos, reconoce que en los últimos años se han producido «avances significativos en materia de justicia y verdad para las víctimas de violaciones masivas a los derechos humanos ocurridas en décadas anteriores», ha constatado la persistencia de asesinatos, hostigamientos y amenazas contra defensores de derechos humanos, magistrados y operadores de justicia.
«La CIDH considera que cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, se niega a su vez a miles de personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a sus derechos humanos», dice el informe. «Los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad personal y la libertad de expresión y asociación de quienes trabajan por el respeto de los derechos fundamentales».
El informe tiene cinco capítulos que dan cuenta de las actividades desarrolladas por la CIDH y sus ocho relatorías. Uno de los capítulos contiene secciones especiales sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Honduras y Venezuela.
Un tema que mereció especial atención de la CIDH es el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad plena de sus territorios ancestrales debido a que, en muchos casos, se ejecutan proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales sin consulta previa a los pueblos indígenas afectados y sin medidas suficientes para proteger sus territorios.
«La CIDH reitera que bajo los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos, los pueblos indígenas o tribales y sus miembros tienen derecho a la propiedad plena de sus territorios ancestrales y al goce efectivo de dicha propiedad», dice el informe. «La protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales reviste particular importancia porque su goce efectivo implica no sólo la protección de una unidad económica sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico social y cultural en la relación con la tierra. Es por ello que uno de los elementos centrales de la protección del derecho a la propiedad indígena consiste en que los Estados desarrollen consultas efectivas con las comunidades indígenas en relación con los actos y decisiones que puedan afectar sus territorios tradicionales».
También enfatizó la subsistencia de graves problemas de discriminación racial hacia la población afrodescendiente en el hemisferio, reflejados en la exclusión social y altos índices de pobreza de estas comunidades. Las amenazas y ataques contra periodistas, la situación de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI), así como los derechos de las mujeres fueron igualmente analizados por la CIDH.
Finalmente, la CIDH manifestó que «los desafíos aquí enumerados son indudablemente complejos y requieren de medidas serias y urgentes. Los Estados miembros se encuentran en la mejor posición para avanzar de manera efectiva hacia el pleno respeto de los derechos humanos en la región, mediante la organización de su estructura institucional y la determinación de prioridades en sus respectivos planes de gobierno».
Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6369