Traducido del inglés por Carlos Sanchis y revisado por Caty R.
La Fiscal General británica, baronesa Patricia Scotland, dijo en una audiencia en la Universidad Hebrea que: «El secretario de Asuntos Exteriores ha declarado explícitamente que el gobierno está buscando urgentemente la forma de poder cambiar el sistema del Reino Unido para evitar que esta situación se pueda plantear de nuevo y se determine que los líderes de Israel puedan viajar siempre libremente al Reino Unido».
El 5 de febrero de 2010, el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, deberá informar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los avances de las investigaciones independientes de Israel y Hamás con respecto a las acusaciones sobre sus conductas en la guerra de Gaza del año pasado, formuladas en el Informe Goldstone. Parece que su informe se conformará con una lectura superficial, pues cada vez es menos probable que se produzca cualquier intento de cualquiera de las partes para llevar ante la justicia a los sospechosos de crímenes de guerra. También es poco probable que el Consejo de Seguridad remita el asunto a la Corte Penal Internacional.
En los últimos años, los palestinos en el extranjero han ido tomando un creciente beneficio de la jurisdicción universal, un principio del Derecho Internacional que permite a cualquier Estado reclamar jurisdicción sobre las personas acusadas de ciertos crímenes (genocidio, tortura, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales), sin importar la conexión con el Estado acusador. El Estado respalda su reclamación en base a que dichos crímenes son graves violaciones del Derecho Internacional y por lo tanto es responsabilidad de todos los Estados castigar cuando sea posible. Si bien parece una vía potencialmente prometedora para acusar, si los hechos toman el rumbo esperado en las próximas semanas, es probable que aparezca una grave contrariedad en el Reino Unido.
El 15 de diciembre de 2009, el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, emitió una orden de arresto contra Tzipi Livni, por su implicación en presuntos crímenes de guerra en Gaza, cuando se disponía a visitar el Reino Unido. Cuando se reveló que había cancelado el viaje, la orden fue retirada. Éste era el cuarto intento en muchos años para detener a dirigentes israelíes durante visitas planeadas al Reino Unido. Lo que diferencia el caso Livni es la reacción del gobierno británico. Tan pronto como la noticia de la orden se filtró a la prensa, el ministerio británico de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth emitió un comunicado que decía: «El reino Unido está resuelto a hacer todo lo que pueda para promover la paz en Oriente Próximo y para ser un socio estratégico de Israel. Para hacerlo, los líderes de Israel necesitan la capacidad de venir al Reino Unido para conversaciones con el gobierno británico. Vamos a examinar urgentemente las implicaciones de este caso». El Primer Ministro, Gordon Brown, y el secretario de Exteriores, David Miliband, incluso hablaron con Livni y con el ministro israelí de Exteriores, Lieberman, para disculparse por la acción del tribunal británico. Esta reacción ha causado indignación en los círculos jurídicos. Una carta abierta en The Guardian del abogado defensor Daniel Malchover resume la consternación cuando dice: «¿Quiénes son el Primer Ministro, el secretario de Exteriores o cualquier otro miembro del ejecutivo para pedir perdón por las acciones de otro órgano del Estado sobre el cual no deben tener ningún control?». Lo que más preocupa en los círculos jurídicos, y para cualquiera que crea en la jurisdicción universal, son los cambios propuestos a la ley.
¿Cuál es la ley en el Reino Unido respecto a la jurisdicción Universal?
El principio de jurisdicción universal está contenido en tratados y convenios internacionales como las Convenciones de Ginebra, el Convenio sobre el Genocidio y el Convenio sobre la Tortura, los cuales crean una obligación a todos los Estados signatarios de perseguir estos crímenes. En el Reino Unido, los tratados internacionales ratificados no se incorporan automáticamente en la legislación interna, y por consiguiente se necesita una legislación que los implemente. La legislación de aplicación permite al Reino Unido, desde 1957, perseguir crímenes de guerra en conflictos internacionales (por ejemplo la Guerra de Gaza) cometidos por no residentes en el Reino Unido (Ley de las Convenciones de Ginebra de 1957); la tortura desde 1988 (Ley de Justicia Penal de 1988), y la toma de rehenes desde 1982. El Reino Unido no tiene actualmente legislación que permita la persecución de no residentes por genocidio o crímenes contra la humanidad.
Tal como está la ley actualmente en Inglaterra y Gales, las órdenes de arresto son emitidas por Magistrados (jueces), y no se necesita consulta o permiso previo para la emisión de la orden del Fiscal General. Una vez efectuado un arresto y comenzada una investigación, es entonces cuando la decisión del Fiscal General, en consulta con el Director de la Fiscalía Pública, decide en tales casos de alto perfil si hay o no suficientes pruebas para justificar las acusaciones. Si el Director de la Fiscalía Pública considera que las pruebas reunidas tienen más del 50% de posibilidades de originar una sentencia, entonces el Fiscal General deberá permitir el la presentación de cargos.
¿Qué cambios quiere hacer el gobierno?
Como se informó, el cambio propuesto para la ley que quiere hacer el gobierno es dar al Fiscal General el poder para vetar la emisión de una orden de arresto en casos de jurisdicción universal. Lo que esto significa en la práctica es que la capacidad del Reino Unido para arrestar a personas sospechosas de crímenes de guerra, tortura y toma de rehenes dependerá solamente de quiénes sean los amigos del gobierno en ese momento (el Fiscal General es miembro del Parlamento y Ministro del Gobierno, de ahí la participación del independiente Director de la Fiscalía Pública en cualquier decisión para presentar cargos).
Hay que señalar aquí los propios puntos de vista de la Fiscal General. El 10 de enero visitó la Universidad Hebrea, donde hizo las siguientes declaraciones: «Gran Bretaña está decidida a hallar una manera de modificar su sistema de jurisdicción universal con el fin de que los líderes israelíes visitantes no se enfrenten a arrestos, pero debe hacerlo sin dañar el principio en sí mismo». Parece, pues, que la Fiscal General ya ha adoptado su idea de como actuaría si le dieran el poder de vetar la emisión de órdenes de arresto. Las pruebas no parece que pesen mucho para ella.
El gobierno, sin duda, no estaría en desacuerdo con esta particular evaluación, y el argumento que da a favor del cambio propuesto es que los líderes israelíes necesitan la capacidad de viajar al Reino Unido para las reuniones sobre el proceso de paz. Pero aquí hay que hacer ciertas observaciones: la primera es que Israel ya ha aceptado el principio de jurisdicción universal, no solamente firmando los tratados internacionales que la establecen, sino también en sus propias acciones. En 1961, Israel juzgó a Adolf Eichmann por su papel en el genocidio nazi de la Segunda Guerra Mundial y lo hizo bajo el principio de la jurisdicción universal. La segunda es que pese a la vergüenza pública para el gobierno, el Reino Unido tiene obligaciones positivas bajo el Derecho Internacional para buscar y procesar a los acusados de ese tipo de crímenes sin importar la naturaleza de la relación entre los países. Tercera, la implicación de la Fiscal General en el proceso después de que las órdenes sean emitidas es una salvaguarda suficiente que ya funciona. La única razón por la que el gobierno quiere cambiar la legislación es porque es un dirigente de un país aliado quien ahora es objeto de esas acusaciones. El gobierno del Reino Unido no tuvo estas reservas cuando fue arrestado, juzgado y condenado un señor de la guerra afgano en 2005. Cuarta, si Israel efectuara investigaciones independientes y públicas de las acusaciones del Informe Goldstone, como se le ha requerido, no habría necesidad de que el Reino Unido o cualquier otro país tuvieran que ejercer la jurisdicción universal.
¿Cuándo tendrán lugar estos cambios de la ley?
Actualmente no hay ningún proyecto en la agenda parlamentaria para cambiar la ley, aunque ha sido objeto de mucho debate parlamentario en las semanas pasadas, y con las elecciones generales a solamente unos meses, puede que esto no suceda hasta que se forme el nuevo Parlamento. Sin embargo, el Partido Conservador es el claro favorito para ganar las próximas elecciones y apoya completamente los planes del gobierno para cambiar la ley. El conservador grupo de presión Amigos de Israel también tiene una gran influencia en los políticos conservadores, por lo que no parece que este asunto vaya a desaparecer. El secretario de Justicia en la sombra, Dominic Grieve, parlamentario de control de calidad, declaró el 5 de Enero: «El gobierno se ha comprometido a abordar las cuestiones relacionadas con órdenes de arresto a políticos o cargos extranjeros visitantes. Trabajaremos con ellos para hallar el equilibrio justo entre llevar a los auténticos criminales de guerra ante la justicia e impedir que el sistema de justicia penal se manipule con fines políticos». Las implicaciones, por supuesto, son que posiblemente los israelíes pudieran no ser «auténticos» criminales de guerra.
Amnistía Internacional del reino Unido ha puesto en marcha una campaña de cartas al Primer Ministro Gordon Brown para oponerse a cualquier cambio en la ley. La carta se puede firmar aquí.
Fuente: http://www.alternativenews.org/english/2410-attempts-to-limit-universal-jurisdiction-in-the-uk.html