Traducido para Rebelión por Christine Lewis Carroll
Se ha publicado un informe sobre el abuso a miles de menores irlandeses en instituciones católicas después de una investigación realizada durante nueve años que ha sido aplazada repetidamente debido a pleitos interpuestos por la Iglesia católica, documentación desaparecida y supuesta obstrucción por parte del gobierno.
La Comisión encargada de investigar el abuso a menores ha publicado un informe de 2.575 páginas en un intento de describir de forma detallada los daños infligidos a menores bajo la custodia de la caduca red de reformatorios, casas de trabajo, orfanatos y otras instituciones gestionadas por la Iglesia católica desde 1930 a 1990.
La mayoría de los menores fue puesta bajo la custodia de la Iglesia a consecuencia de absentismo escolar, pequeños delitos, o porque sus madres eran solteras. Muchos vivieron regímenes de terror, que incluían intimidación y palizas rituales. Pero hasta que no se publicó la investigación, miles de supervivientes afirmaron que no tenían lugar seguro para relatar sus vivencias – porque muchos católicos irlandeses los llamaban mentirosos.
Algunos de las víctimas dicen que ahora se sienten más esperanzados ante una posible reparación.
Christine Buckley, una de las primeras personas en romper el silencio sobre el abuso institucional a menores por parte de la Iglesia a principios de los años 90, ha declarado que el veredicto incluido en el informe sobre la negligencia del gobierno y la Iglesia debería demostrar «si el viaje hacia la justicia emprendido por muchos durante tanto tiempo ha tenido éxito».
Dijo que es crucial que la verdad cruel sobre sus infancias figure de forma incontestable en los archivos públicos después de décadas de litigios por parte de las órdenes religiosas – principalmente los Christian Brothers (Hermanos Cristianos) y las Sisters of Mercy (Hermanas de la Misericordia) – que gestionaron las escuelas industriales, vestigio del siglo 19, y otros refugios financiados por el estado para los niños más vulnerables de Irlanda. La mayoría de estas dependencias cerró en los años 70.
Los menores acogidos en estas instituciones no solían recibir una enseñanza formal más allá de los 12 años. Sin embargo, seguían generando ingresos para las órdenes religiosas durante su adolescencia, como mano de obra no retribuida en granjas, lavanderías o como limpiadores domésticos.
En el caso de Buckley, se le envió a un orfanato en Dublín a finales de los años 50 porque fue hija de madre soltera irlandesa y padre nigeriano; los niños nacidos fuera del matrimonio solían ser cuidados por el estado o ofrecidos en adopción.
Todas las muchachas de su orfanato, gestionado por las Sisters of Mercy en Goldenbridge, tenían que fabricar 60 collares de rosario diariamente o sufrir humillaciones o palizas.
Testificaron ante la Comisión las Sisters of Mercy, los Christian Brothers y más de una docena de otras órdenes implicadas en el abuso emocional, físico y sexual a menores. Ningún componente de estas órdenes estaba dispuesto a comentar nada antes de la publicación del informe.
Durante las investigaciones de la Comisión, se recogieron pruebas orales de más de 1000 personas, de edades entre 50 y 70 años – de los que varios centenares tuvieron que volver a Irlanda desde Estados Unidos y Australia – que describieron infancias de terror e intimidación.
Los Christian Brothers consiguieron aplazar la investigación durante más de un año con un pleito que defendió con éxito el derecho al anonimato de todos sus miembros en todos los sitios del informe donde se hacía referencia a ellos – hasta en los casos de hermanos individuales que ya habían sido condenados por agresiones físicas y sexuales a menores.
La práctica de la Iglesia católica de proteger a los predadores sexuales en sus parroquias y escuelas en vez de a los menores ha originado desde mediados de los años 90 olas de ira en la Irlanda otrora devota.
La reputación dañada de la Iglesia católica con estos acontecimientos ha excedido en alcance e impacto político lo que ocurrió en Estados Unidos, que sufrió en la última década su propia ola de abusos tapados.
El primer gran escándalo de curas pedófilos ocurrió en 1994 y originó la caída del gobierno. En 1999, el anterior Primer Ministro Bertie Ahern se disculpó por la negligencia del estado durante décadas para defender los derechos de los menores en instituciones gestionadas por la Iglesia.
Ahern creó tanto la Comisión de investigación como el equipo que gestionó los pagos por abusos, de casi 65.000 euros por cada una de las 12.000 víctimas, realizados con dinero del contribuyente, y no por la Iglesia.
«La gravedad y duración de los abusos que padecieron nuestros niños en estas instituciones casi supera la credibilidad», dijo Maeve Lewis, miembro de un grupo de apoyo a las víctimas de abuso, llamado Uno de Cuatro.