Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
De G8 en G20, a muchos jefes de Estado y de gobierno les gusta repetir que ya nada será como antes. El mundo cambia hasta el punto de que la crisis lo conmocionado; por consiguiente, dicen, nuestra maneras de pensar y de reaccionar en términos de regulación financiera, de relaciones internacionales o de ayuda al desarrollo deben evolucionar también. Pero, por desgracia, hay muchos ejemplos contradicen todas estas bellas palabras. La situación en la que se encuentra Islandia tras la implosión de su sistema bancario y de la nacionalización urgente de sus tres bancos principales (Kaupthing, Landbanski y Glitnir) sin duda es uno de los ejemplos más significativos. Este pequeño país de 320.000 habitantes ve hoy pesar sobre sus espaldas 100.000 millones de dólares en deudas con las que la inmensa mayoría de la población no tiene absolutamente nada que ver y de las que no tiene medios de librarse.
Mi trabajo de consejera para la investigación penal sobre las causas de la bancarrota de sus bancos, que está en el origen de sus dificultades, me llevó a interesarme por Islandia. Pero no voy a hablar de mi investigación, sino de algo que va mucho más allá. Por otra parte, no soy la portavoz del gobierno islandés, cuya responsabilidad en todo esto no es en absoluto desdeñable. Su predecesor se vio incluso obligado a dimitir ya que la opinión pública se había alzado contra las colusiones de interés y el funcionamiento de las instituciones como si estas fueran un clan, causa de todos los males. Emocionada por el destino de este pueblo digno de mejor suerte y entrañable, y por la ausencia total de debates en los medios de comunicación europeos sobre la suerte que le ha sido reservada, deseo simplemente atraer la atención de la opinión pública sobre los retos a los que remite este asunto, retos considerables y que no se limitan únicamente a las orillas de esta isla. La actitud irresponsable de algunos Estados, de la UE y del FMI frente al desmoronamiento de la economía islandesa demuestra su incapacidad para sacar lecciones del fallo radical del modelos que ella encarna, el de la desregulación a ultranza de los mercados, en particular de los mercados financieros, que la mayoría de estos mismos actores fundamentales han contribuido a establecer.
Tomemos en primer lugar las exigencias de Reino Unido y de los Países Bajos. Ambos países se han visto concernidos por la bancarrota de los bancos islandeses porque habían acogido con los brazos abiertos sus filiales y sucursales, aun cuando se había advertido a sus autoridades, parcialmente al menos, de los riesgos que pesaban sobre estos bancos. Hoy exigen que Islandia les entregue sumas astronómicas (más de 2.700 millones de euros en el caso de Reino Unido y más de 1.300 en el de los Países Bajos), acompañadas de una tasa de interés del 5.5%. Consideran que Islandia era quien debería garantizar los depósitos realizados en Icesave, una sucursal internet de Lanbanski que ofrecía tasas que desafiaban toda competencia. Ellos mismos han decidido fijar esta garantía no en unos 20.000 euros por depósitos, como preveían los textos europeos e islandeses en el momento de la bancarrota de Landbanski (lo cual ya era imposible de mantener para el gobierno islandés, que nada más nacionalizar sus bancos anunció rápidamente que no podría garantizar los depósitos realizados en la propia Islandia), sino en entre 50.000 y 100.000 euros por depósito, o incluso más. Por otra parte, sus medidas para obligar a Islandia son escandalosas. Así, desde primeros del mes de octubre Reino Unido empezó por una medida de represalia extrema: haciendo uso de su legislación antiterrorista, el congelamiento de los haberes del banco Kaupthing, que no tenía relación alguna con Icesave. Al hacerlo, ponía a los islandeses, sus aliados en el seno de la OTAN, en la misma categoría que organizaciones como al-Qaeda… Y a continuación parece que está utilizando toda su influencia para que no se establezca realmente ninguna ayuda internacional en beneficio de Islandia antes de haber obtenido satisfacción. Así, Gordon Brown indicó ante su Parlamento «estar trabajando con el FMI para determinar lo mejor posible lo que se calcula que tiene derecho a reclamar a Islandia». Por lo que se refiere al propio FMI, no contento con tardar en poner a disposición de Islandia sus créditos, los acompaña de condiciones que serían grotescas si se tratara de una ficción. Un ejemplo de ello es el objetivo de llevar a cero el déficit público de Islandia de aquí a 2013, un objetivo imposible de cumplir, pero que no por eso dejará de provocar enormes recortes en los gastos más indispensables como son la educación, la sanidad pública, la seguridad social, etc. Finalmente, de manera general la actitud tanto de la UE como de los demás Estados europeos no es mucho más encomiable. La Comisión Europea ha defendido a capa y espada a Reino Unido ya que su presidente indicó ya desde el mes de mayo que no habría ayuda europea mientras no se resolviera el caso Icesave; es cierto que a Barroso, demasiado ocupado en su propia campaña y aterrorizado con la idea de enemistarse con su principal apoyo, Londres, le han superado, como de costumbre, los acontecimientos. Igualmente, los países escandinavos, heraldos sin embargo de la solidaridad internacional, brillan ante todo por su ausencia de reacción ante el chantaje del que es víctima Islandia, lo que cambia el cariz de la generosidad de la ayuda que le han prometido.
Brown se equivoca cuando afirma que su gobierno y él mismo no tiene responsabilidad alguna en este asunto. Brown tiene ante todo una responsabilidad moral ya que fue uno de los principales promotores de este modelo del que hoy se ve que se ha ido al garete. Pero también es responsable en el sentido de que en realidad no puede escudarse tras el estatuto legal de Icesave (que le hacía depender formalmente de las autoridades bancarias islandesas) para decir que Reino Unido no tenía ni los medios ni la legitimidad para supervisar sus actividades. ¿Como se podría imaginar que 50 personas en Reykjavik hubieran podido controlar eficazmente las actividades de un banco en el centro de la City [londinense]? Hay que indicar además que las directivas europeas consagradas a los conglomerados financieros parecen indicar claramente que los Estados miembro de la UE que autorizan la entrada en su territorio de estos establecimiento originarios de un país tercer deben asegurarse de que se benefician de un mismo grado de control por parte de las autoridades de su Estado de origen que el previsto por la legislación europea. Así, puede que las autoridades británicas haya fallado en este punto, lo que no sería sorprendente cuando se ven los «rendimientos» de otros bancos ingleses durante la financiera, sin relación en absoluto con Islandia… El activismo de Brown frente a este pequeño país sólo se explicaría entonces por una voluntad de parecer poderoso ante sus propios electores y contribuyentes, cuyas propias pérdidas no se pueden menospreciar. Por supuesto, las autoridades islandesas tienen una fuerte responsabilidad en este problema. Sin embargo, ¿significa esto que haya que ignorar las responsabilidades, igual de considerables, de las autoridades británicas y hacer caer todo el peso únicamente sobre el pueblo islandés?
Es indudable que Islandia, que no dispone de más ingresos que sus exportaciones, no podrá pagar semejantes deudas. El acuerdo sobre Icesave, que se supone que votará próximamente el Parlamento islandés, supondrá una deuda para Islandia que equivaldría a 700.000 millones de libras esterlinas para Reino Unido y a 5.6 trillones de dólares para Estados Unidos. Del mismo modo tampoco podrá suprimir su déficit en menos de cinco años cuando éste aumenta más que nunca, incluso en el caso de las grandes potencias (Reino Unido y Estados Unidos son, una vez más, un buen ejemplo de ello). Por consiguiente, a menos que cambien radicalmente de enfoque Europa y el FMI están a punto de realizar una auténtica hazaña: rebajar al rango de país pobre a un país cuyo Índice de Desarrollo Humano había subido en unos pocos años al nivel más alto… Consecuencia: los islandeses, la mayoría de ellos altamente cualificados y políglotas, y que trabajan mucho en los países nórdicos, donde se asimilan fácilmente, empiezan ya a emigrar (ya han partido 8.000 de ellos, lo que no es en absoluto desdeñable). Al final no se podrá reembolsar ni al FMI ni a Inglaterra o a los Países Bajos; en Islandia sólo quedarán algunas decenas de miles de pescadores jubilados, así como sus recursos naturales y una posición estratégica de las más importantes y a merced del mejor postor (Rusia, por ejemplo, podría muy bien tener cierto interés ahí).
Existen, sin embargo, soluciones alternativas. Los países de la Unión europea podían haber reflexionado sobre un mecanismo que permitiera asumir mejor sus propias responsabilidades en el asunto, mejorar la regulación de los mercados financieros e incluso asumir parte de la deuda (lo que no prohíbe en absoluto la legislación europea) por haber fracasado en su papel de supervisión bancaria. Hubieran podido proponer a Islandia, que evidentemente no tiene experiencia alguna en la materia, ayudarla en la investigación que trata de llevar a cabo para comprender lo que ha pasado realmente y analizar en profundidad las causas de este desastre; incluso habrían podido aprovechar la oportunidad para lanzar para ellos mismos su propio debate acerca de un ministerio fiscal europeo que se ocupara de las cuestiones concernientes a la gran criminalidad transnacional, sobre todo financiera (algo que la legislación europea también permite plantear). E igualmente el FMI y su director general hubieran podido aprovechar esta ocasión para revisar en profundidad el tipo de condiciones que añaden a sus préstamos. Hubieran podido hacer que fueran más realistas, más preocupadas por el largo plazo y permitirle integrar un mínimo de consideraciones sociales. Esto habría sido un primer paso hacia una reforma real de las instituciones multilaterales de este tipo y de los procedimientos de solidaridad internacional (y para el propio Strauss-Kahn la ocasión de dejar finalmente su impronta a la cabeza del FMI).
Evidentemente, emprender este debate exigirá mucho tiempo y energía, y una vigilancia muy grande, sobre todo en el Parlamento europeo donde se deberían organizar discusiones en el curso de los próximos meses. Con todo, no parece que la presidencia sueca de la UE tenga prisa por regular mejor los sectores financieros y las comisiones centradas en lo económico del Parlamento están dominadas más que nunca por los liberales, sobre todo los liberales británicos. Pero existen las herramientas, las palancas para hacer avanzar las cosas verdaderamente y para que, finalmente, una catástrofe como la de Islandia pueda suscitar una respuesta internacional que tenga sentido en vez de las presiones irresponsables y cínicas que podemos ver todavía hoy.
Este artículo, enviado por la autora, se publicó también en el periódico [francés] Le Monde el 1 de agosto de 2009.
Éva Joly, ex-juez de instrucción en Francia (el caso Elf Aquitania es el más conocido de los casos que investigó) y ex-asesora del gobierno noruego sobre casos de corrupción. Actualmente, es europarlamentaria de los Verdes y consejera del gobierno islandés en la investigación penal sobre las causas de la bancarrota de los bancos. También es miembro fundador de la Tax Justice Network.
Enlace con el original: http://www.mondialisation.ca/