El gobierno italiano se perfila cual agente de la compatibilidad con los intereses del capital europeo, necesitados de mano de obra no sólo barata, sino que frágil, precaria y expuesta al chantaje.
La crisis de gobierno en Italia, como suele suceder, se está resolviendo en el palacio, el mismo que sabe parir mayorías parlamentarias variegadas según la necesidad. Pero este seguir mirando al palacio a veces vuelve ciegos frente al reclamo que la plaza, por no hablar de territorios disidentes, expresa cada vez con voz más fuerte.
Es el caso de la protesta en Vicenza, donde el pasado sábado 17 de febrero, 200 mil personas se manifestaron en contra de la construcción de una nueva base militar estadunidense. Muchos ligamos esa manifestación con la actual crisis política italiana. El vínculo existe, sin duda, pero sólo es una parte de una situación cada vez más crítica para el gobierno italiano y los gobiernos europeos. Durante la marcha del 17 de febrero, alguien tomó el micrófono y frente a la multitud ahí reunida gritaba: «queremos un mundo sin guerra, el cual no puede existir mientras haya fronteras y cárceles para migrantes». Esta extraña forma de ligar los temas en la agenda política de los de abajo nos habla claro de la complejidad social que se vive hoy en Italia. Las expresiones de disidencia manifestadas en Vicenza nos hablan de una sociedad francamente cansada de los abusos y las prevaricaciones. Nos explican que existe una sociedad multitudinaria y articulada alrededor de la defensa del territorio y de los derechos de la gente que vive en ese territorio. Es por eso que es tan fácil ligar el tema migrante a la guerra: porque muchos migrantes son los mismos que escapan de territorios incendiados por las bombas aprobadas en los parlamentos europeos. Esos mismos migrantes llegan a Europa, y ahí tratan de establecerse, de trabajar, de construir familias e imaginar futuros.
El sábado 3 de marzo, «el pueblo de Vicenza» se manifestó otra vez. Pero ahora fue en otra ciudad, Bolonia, y fueron otros los temas. Hubo marcha y protestas, pero esta vez para que se cierren todos los CPT (los Centro de Detención para Migrantes) que invaden el territorio italiano.
Desde 1998, cuando se manifestó por primera vez en contra del primer CPT y se logró que se clausurara, los de abajo juntos con los ciudadanos migrantes se han opuesto a estas estructuras, llegando a definirlas como verdaderos lageres por las características que tienen: separación con rejas, aislamiento, maltrato y abuso, abandono. Sin embargo, hoy los CPT se configuran como el nuevo instrumento del control del territorio y de la ciudadanía migrante presente en él. A pesar de que la Corte Constitucional, el máximo órgano jurídico italiano, se expresara en contra de los CPT y su funcionamiento; a pesar de haber instituido una comisión especial (la llamada Comisión de Mistura) de averiguación de las condiciones de los CPT; a pesar de todo, el actual gobierno italiano no ha dado paso alguno hacia la resolución de los problemas que se han venido generando por la presencia y existencia de los CPT. Al contrario, ha adoptado una estrategia que bien podríamos definir de maquillaje. En efecto, la comisión nada ha hecho, sino proponer una gradual restructuración del funcionamiento de los CPT: en el futuro próximo, según los planes gubernamentales, habrá CPT para ilegales, para los que serán expulsados y, novedad absoluta, para quienes pidan asilo político. Además, el gobierno italiano está promoviendo la dislocación de los CPT en tierras lejanas del territorio italiano, como Libia, Marruecos, Polonia, Rumania, queriendo con esto no sólo alejar la presencia de migrantes en sí, sino también retirarlos de la vista de los medios y de la protesta por el problema.
Más allá aún, la propuesta gubernamental que pronto verá luz verde por parte del nuevo ejecutivo, tiene el defecto de confirmar dos ejes jurídicos tan criticados en la ley aprobada hace ya seis años, la llamada ley Bossi-Fini: la detención administrativa y el vínculo-permiso de legal estancia-trabajo. Entonces, no sólo el migrante que no haya cometido delito alguno puede ser detenido e internado en un CPT, sino que también cuando esté en libertad vive bajo el constante chantaje de la detención. Esta condición obliga al migrante a flexibilizar una vez más su cotización en el mundo del trabajo poniendo, de reflejo, a los autóctonos en una condición de mayor competitividad en el ya precario mundo laboral.
El gobierno italiano, el mismo que pudo ganar la batalla electoral aprovechando la máxima sensibilidad social acerca del tema de los CPT, hoy se perfila cual agente de la compatibilidad con los intereses del capital europeo, necesitados de mano de obra no sólo barata, sino que frágil, precaria y expuesta al chantaje. Es por eso la protesta nacional en Bolonia; porque, según dicen los manifestantes, «esta es una batalla ética de primera importancia, que tiene que ver, ciertamente, con los derechos de ciudadanía, pero también con la composición del trabajo y con el concepto de seguridad, ligado, en el discurso gubernamental, a las cárceles para migrantes y a la represión».