«Con la crisis, la ciudadanía ha expresado de diferentes maneras la sensación de haber sido excluida de un sistema representativo pertrechado en un bipartidismo cada vez más cerrado. Nada sería peor para la suerte de la democracia que la consolidación de la fractura entre élites y ciudadanía» (Josep Ramoneda, escritor y periodista)
La democracia en Latinoamérica, vendida en ciertos países como un bien muy preciado por la sociedad, se ha vulgarizado. Hay países como Chile, con gobiernos de corte socialista y de derecha, que asumen que los gobiernos de Venezuela, Colombia, Nicaragua e incluso Cuba, pertenecen a una casta de países amigos por tradición, geografía, lenguaje y cultura, pero no muy amigos cuando se trata de reivindicar derechos ciudadanos, soberanos y enfrentar al Dios del Norte. El último Gobierno de Gabriel Boric, ha sido un gobierno sin identidad (lo dice la gente en las calles), llamado socialista por definición no por práctica política, ya que nunca asumió el rol de líder de las masas, las que pedían en las calles reformas constitucionales de fondo, no retasado ni manipulado en encuestas.
Forma parte de una izquierda que ha comprado una concepción vacía, formalista, leguleya y sin sustancia de la democracia que excluye sus fundamentos sociales y económicos, exactamente aquella concepción que establecieron los partidos de la Concertación. Una izquierda que celebra y se regodea en el “gesto republicano” de la ritual llamada de felicitaciones entre el presidente en funciones y el presidente electo, pero que no repara en un hecho siniestro y tanto más significativo: que quien llegó al poder reivindicando a Salvador Allende y su legado, le entregará la banda presidencial a sus mismos asesinos” [1]
En Honduras, la presidenta Xiomara Castro (2022-2025) electa por el voto mayoritario del pueblo, cuyo sustento e ideario es el Socialismo Democrático, asumió que los países anteriores son más que amigos por definición, ya que aceptó y ejecutó políticas en contra del Dios del Norte. Hay varias evidencias, una de ellas las negociaciones y cooperación con China, solidaridad con el Gobierno y pueblo venezolano y palestino, y eliminación de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), un estado dentro de otro estado, donde Donald Trump y su club de amigos tienen inversiones o piensan invertir.
Viene la reflexión anterior, en tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha declarado ganador a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, cuando todas las encuestas decían que no tenía posibilidad de ganar, por el pasado inmediato (acusado y llevado a los tribunales por mal uso de los recursos de la comuna capitalina siendo alcalde), apoyado por JOH y un partido acusado de ser una red de delincuentes y narcotráfico. Igual, con evidencia de fraude electoral y falta de conteo de todas las actas.[2]
Es decir, se hizo una declaratoria sin terminar el conteo de votos, lo cual puede ser un mal presagio para elecciones futuras en la región, necesitándose la venia del Dios del Norte frente a amenazas de deportaciones masivas e impuestos a las importaciones y remesas, para incubar un fraude electoral avalado por la institucionalidad electoral.
La declaración final por el CNE dice que Nasry Asfura ganó la elección con más de 25.000 votos de diferencia sin contar todas las actas, contra Salvador Nasralla, y sin haberse resuelto todas las impugnaciones presentadas. El problema de Nasry Asfura, si llega a gobernar, es que la mayoría de sus principales colaboradores son afines al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), lo cual restringe su capacidad de acción y toma de decisiones. La Vicepresidenta, María Antonieta Mejía, y el futuro presidente del Congreso Nacional, Tomas Zambrano, son parte del grupo de amigos de JOH y serán el poder visible que seguirán mandados de JOH en consulta con Donald Trump y Marco Rubio (amigo personal).
A ello se suman los llamados exiliados por persecución política, con residencia en Nicaragua, acusados de actos de corrupción en el Gobierno de JOH, encabezados por Ebal Díaz, Ministro de la Presidencia, Ricardo Cardona, Secretario Privado y Ministro de Desarrollo Social, y Lisandro Rosales, Comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y Canciller de la República a finales del Gobierno.[3]
Con el poco margen de diferencia (menos de 0,75%) entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla, según la declaración “ilegal” del CNE sin contar más de 300 actas, en una democracia de partidos y gobierno de consenso, deberían existir negociaciones que permitan la integración del gobierno de Asfura y Congreso Nacional con base a la proporcionalidad de poder (votos obtenidos), lo cual abriría espacios para la legitimidad política, aun cuando debe autorizarse el conteo de votos e impugnaciones por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Ello no sucede con el Partido Nacional y JOH, ya que se busca el poder total (copar el Ejecutivo, Ejército, Congreso, Fiscalía, Corte Suprema, Tribunal Superior de “Cuentas” y presidir el CNE y TJE para las elecciones de 2029).[4]
Nasry Asfura con solo el 40% de los votos, no ha tenido ningún acercamiento con Salvador Nasralla que no le reconoce como presidente, y no está dispuesto a entrar en componendas para la integración de Congreso Nacional, en tanto la presidencia legislativa constituye el verdadero poder según reglamento interno. Ha trascendido en la prensa que el Partido Liberal y los más de 1.400.000 votos obtenidos en las urnas, apoyan a Salvador Nasralla para que, su esposa y diputada electa Iroshka Elvir, sea la presidenta del Congreso, necesitando los votos del Partido LIBRE.
Hace más de 60 años, uno de los padres del neoliberalismo, Milton Friedman, decía que “la libertad es una planta rara y delicada. Nuestra mente nos dice, y la historia no los confirma, que la gran amenaza a la libertad es la concentración del poder. El gobierno es necesario para mantener nuestra libertad es instrumento mediante el cual podemos ejercer nuestra libertad, pero la concentración del poder en manos políticas es también una amenaza a la libertad”[5].
Para Friedman, “la libertad económica es un requisito esencial de la libertad política. (…). La combinación de poder político y económico en las mismas manos es una formula segura para llegar a la tiranía.”[6]. Este poder económico puede ser visible al ejercer también el poder político, pero poco visible cuando el candidato del partido ganador representa los intereses de una oligarquía “trasnochada”, el narcotráfico y de un gobierno extranjero.
Aunque Friedman se desentendió de estos escritos al ser asesor del Gobierno de Pinochet en Chile, no pudo ocultar que las dictaduras de derecha facilitan el cumplimento más rápido de objetivos de política neoliberal, pero fueron y serán el principal aliciente para violar la libertades y derechos ciudadanos permanentemente.
El pueblo sale a votar motivado por un cambio, exigiendo que su voto se respete, aspirando a mejora en sus condiciones de vida y cumplimiento de sus derechos adquiridos como el derecho a la alimentación y salario justo, educación y salud de calidad, pero también a que su principal voz, el voto, se escuche. No obstante, ello no se cumple, ya que el cambio no lo decide el voto sino una institucionalidad corrupta que responde a intereses económicos y políticos “oscuros”. De qué sirve entonces ir a votar, si ya se sabe el resultado, a favor de los candidatos del partido que es apoyado por narcotraficantes, empresarios y políticos corruptos, sumado a un espaldarazo del Dios del Norte.
En 2013, se habló que el Partido Nacional con JOH a la cabeza (visible o no) iba gobernar 50 años, lo cual fue interrumpido por el triunfo de Xiomara Castro con apoyo de Salvador Nasralla en 2021, y el trabajo de Rixi Moncada en el CNE, como representante de LIBRE. JOH está de vuelta y se espera que, con el apadrinamiento del Dios del Norte, el poder no se entregue de nuevo, más aun cuando el lado “oscuro” del Partido Liberal y los advenedizos liderados por Roberto Contreras, Maribel Espinoza y Jorge Calix, ya están en componendas para que Tomas Zambrano lidere el Congreso Nacional, se haga juicio político al Fiscal General, cambie la Corte Suprema de Justicia y enjuicie a Marlon Ochoa, entre otros acuerdos.
En el caso del Partido LIBRE y su sustento teórico-ideológico en el Socialismo Democrático, implica que cada cuatro (4) años irá a elecciones para elegir a nuevas autoridades, abriendo espacios de participación popular y a líderes en ascenso a nivel comunitario, municipal, departamental y regional. No debe ser asumido ni visto como un partido autoritario y caudillista (hay que quitarse ese “mote”), lo cual, curiosamente, la gente lo interpreta como un freno, al igual que un gobierno dictatorial, a sus libertades individuales y derechos ciudadanos.
En la búsqueda de consensos y construcción de alianzas para la celebración de elecciones libres e institucionalidad más independiente, debe apoyar reformas constitucionales para que la llamada democracia electorera funcione (incluye segunda vuelta, mesas electorales de ciudadanos, comisionados por méritos, recorte de diputados por distrito, otros,) conjuntamente con las organizaciones populares, estudiantes ( Nelson Ávila, candidato del PINU-SD es del criterio que LIBRE entregó la UNAH), Salvador Nasralla y diputados afines, ya que el Partido Nacional y el lado “oscuro” liberal es poco probable que lo hagan. La Constituyente, al parecer, vuelve a sala de espera.
Notas:
[1] Lautaro Rivara “De Boris a Kast: vino viejo en odres viejos”. Todos los Puentes, WordPress, 16-12-2025.
[2]Es una declaración final que no da nombres de candidatos a alcaldes ni diputados que ganaron la elección, y se pasan las diligencias al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), para que resuelva impugnaciones y autorice si procede el conteo de actas, sobre todo en aquellos casos, como la Alcaldía de la Ciudad Capital, donde el alcalde actual del Partido LIBRE, Jorge Aldana, y que aspira a la reelección, asegura que con la declaración de las consejeras y consejero “infiltrado tarifado”, le pretenden robar la elección sin terminar el conteo de actas. En realidad la declaración, aunque con vicios de nulidad, es en contra de LIBRE, ya que no quieren que el Congreso de la República autorice un nuevo conteo de votos y muestre el fraude, ni que tenga todavía el bastión político de la Comuna Capitalina.
[3] Un experto en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, “considera que el principal aliado de Daniel Ortega ha sido Juan Orlando Hernández, razón por la cual Nicaragua ha dado refugio a políticos corruptos siguiendo esa lógica. Mejía aduce que Nicaragua no toma en cuenta ideologías políticas a la hora de brindar un asilo político. En ese sentido, destacó que Honduras siempre fue un aliado de este país, pese a que el gobierno de Hernández sea catalogada de derecha mientras la dictadura de Ortega-Murillo se denominan de izquierda, cosa que a su juicio es falso. Es del criterio que el gobierno de Xiomara Castro debió solicitar explicaciones a dicho gobierno y pedir en extradición a dichos funcionarios, pero no lo hará el régimen Ortega-Murillo, pero al menos queda constancia histórica. Ver a Kelly Ortez “Nicaragua: refugio predilecto de políticos hondureños ligados a la corrupción”. Criterio.hn, 11 de septiembre de 2023.
[4]JOH, en sus dos mandatos (2013-2021), creo su propia policía militar, compró diputados para nombrar a un hombre de su confianza como fiscal general, y también a otro como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo hizo para que el Congreso aprobará la Ley de las ZEDES cuando los diputados del Nartido nacional no eran suficientes para lograr mayoría colegiada. Hoy, con la elección de Asfura, se han disparado las alarmas en el movimiento ambientalista, pueblos originarios y organizaciones defensoras de los derechos humanos, por la eventual generalización de la compra de territorios para instalar y ampliar las ZEDES, ya que asumen que el Congreso Nacional volverá a apoyar esta política de pérdida del territorio y soberanía nacional.
[5]Ver Milton Friedman “Capitalismo y Libertad”. Madrid, España, Ediciones RIALP,S.A, 1966, pág. 14
[6]Milton y Rose Friedman “ Libertad de Elegir”, Editorial Grijalbo, Barcelona, España, 1980, pág. 17
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