Durante las últimas semanas, familiares de la lideresa indígena Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), redoblaron esfuerzos para denunciar la indolencia del máximo órgano judicial, al demorar la confirmación de las sentencias condenatorias ya emitidas por los tribunales.
Han transcurrido más de ocho años del crimen contra Berta y la justicia hondureña aún no confirma las sentencias dictadas contra los autores materiales del asesinato, ni ha investigado y perseguido a los mandantes.
La dirigente indígena fue ultimada de varios balazos en su casa de habitación, en un contexto de lucha férrea de las comunidades Lencas, organizadas en el Copinh, contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa).
Ante la oposición a un proyecto que contemplaba el concesionamiento y la explotación de las aguas del río Gualcarque, sagradas para los lencas, se generó un ambiente de persecución, criminalización y judicialización sistemática, que creó las condiciones propicias para que se consumara el ataque mortal.
Durante los juicios celebrados contra los autores materiales del crimen se pudo demostrar, de manera incontrovertible, que el asesinato se gestó desde una estructura criminal encabezada por las más altas esferas de Desa.
Una “cabeza” empresarial familiar —asegura el Copinh— que involucra a los Atala Zablah, una de las familias más poderosas de Honduras.
Sentencias condenatorias
En 2019, siete personas, entre ex directivos y ex miembros de la seguridad interna de Desa, ex militares y militares en servicio activo, fueron condenadas como autores materiales del asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del sociólogo mexicano Gustavo Castro, con penas de entre 30 y 50 años de prisión.
Dos años más tarde, David Castillo Mejía, ex presidente de Desa y también ex miembro de la inteligencia de las Fuerzas Armadas hondureñas, fue encontrado culpable como coautor del asesinato y sentenciado a 22 años y 6 meses de cárcel.
Lamentablemente, ninguna de estas condenas está firme, ya que la Corte Suprema de Justicia nunca resolvió los recursos de casación presentados por los defensores de los sentenciados.
A esto se suma un nuevo intento de los defensores del ex militar entrenado en West Point de revertir su condena, sembrando dudas sobre la solidez de las pruebas presentadas contra Castillo.
«Mienten porque quieren dejar en libertad al asesino de mi madre. La información extraída de los teléfonos prueba que Castillo participó en la planificación, coordinación, ejecución y pago del crimen”, aseguró Bertha Zúniga, hija de la lideresa asesinada y coordinadora del Copinh.
Para Zúniga Cáceres se trata también de una nueva “movida” para obstaculizar el requerimiento fiscal que existe contra Daniel Atala Midence, ex gerente financiero de Desa y primera persona que es acusada como autor intelectual del asesinato.
¡No más impunidad!
Cientos de organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, se han movilizado en estos días para exigirles a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que confirmen de inmediato las sentencias condenatorias de los autores materiales y coautores del crimen.
“Ratificar estas sentencias es fundamental para romper el ciclo de impunidad y garantizar justicia integral y reparación para todas las víctimas”, manifestó el Copinh.
“La transparencia de este proceso significa también un avance en el sistema de justicia de Honduras, donde el 95 por ciento de los casos de defensores y defensoras del medioambiente queda impune”, concluyó.
Fuente: Rel UITA
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