Inocente Orlando Montano es todo menos inocente. El lunes día 8 de junio ha comenzado el juicio en Madrid contra el ex coronel y ex viceministro de Defensa de El Salvador, por su responsabilidad en los crímenes de la UCA, donde fueron asesinados el 16 de diciembre de 1989, seis padres jesuitas y dos mujeres, Elba y su hija Celina. Y, ¿saben una cosa? me duele que este juicio sea posible por la decisión de Estados Unidos que siempre estuvo del lado del ejército de la dictadura, de extraditar a España a Inocente Orlando Montano, toda vez que las autoridades salvadoreñas poco o nada hicieron por la extradición de los culpables reclamados por la justicia española. Eran 17 militares los extraditables, entre los cuales se encontraban los coroneles René Ponce y Guillermo Alfredo Benavides, dos de los máximos responsables, en confabulación con los también coroneles Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, entre otros.
Inocente Orlando Montano fue entregado a España en agosto de 2017 tras dos años de espera en una prisión estadounidense. Desde entonces está en prisión por orden del juez Manuel García Castellón.
Es cierto que Benavides terminó siendo juzgado en El Salvador y fue condenado a treinta años de cárcel, siendo beneficiado por la amnistía decretada pocos meses después de firmada la paz el 16 de enero de 1992. La justicia española reclamó a Benavides por ser el jefe del operativo que ejecutó los crímenes. La Corte Suprema de justicia salvadoreña, en agosto de 2006, resolvió por unanimidad que el coronel Guillermo Alfredo Benavides no fuera extraditado a España, donde un juzgado inició su procesamiento por el crimen de los sacerdotes, pero también decidió que el coronel volviera a prisión para cumplir la condena de 30 años de cárcel que le había sido impuesta en 1992 y de la que se había librado gracias a la ley de amnistía de 1993.
Todo empezó con las acusaciones radiales contra Ignacio Ellacuría y sus compañeros en aquellos días de diciembre en los que la guerrilla del FMLN cercaba la capital. Desde la emisora radio Cuscatlán, el coronel Juan Orlando Zepeda, lanzaba acusaciones contra la UCA de ser el centro de operaciones de los terroristas del FMLN. El coronel Inocente Orlando Montano, viceministro de Seguridad Pública, dijo que los jesuitas estaban «plenamente identificados con movimientos subversivos». En este ambiente, en la noche del 15 de diciembre de 1989, el coronel René Ponce, en el marco de una reunión con otros cinco coroneles de la llamada Tandona, dio la orden de dar muerte a Ellacuría, sin dejar testigos, y para ello dispuso de la utilización del Batallón Atlacalt. Los conjurados asintieron.
Lo cierto es que los padres jesuitas eran hombres de paz. En sus diálogos con el gobierno y con los guerrilleros siempre insistieron en el fin de la violencia y en el inicio de un proceso de diálogo que desembocara en una negociación y la firma de la paz. Además, desde la asunción de la teología de la liberación, se identificaban con los sectores sociales más pobres y defendían la justicia social.
Lo que ocurrió después fue una farsa, se abrió un proceso judicial fraudulento y sin garantías jurídicas, orientado a proteger a los culpables.
Pero a finales de 2004, abogados salvadoreños y españoles, entre ellos Benjamín Cuellar del Instituto de DDHH de la UCA y sobre todo la abogada Almudena Bernabeu, valenciana, y que junto a otras cuatro mujeres forman el The Guernica Group que persigue judicialmente a dictadores, decidieron presentar una demanda en la Audiencia Nacional. Lo hicieron a finales de 2008. Para este esfuerzo se basaron en el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU, “De la locura a la esperanza”. El resultado lo podemos valorar hoy.
Lo realmente importante es que con Inocente Orlando Montano, en el banquillo de acusados se sientan las Fuerzas Armadas de El Salvador como institución. Es una lástima que numerosos militares que intervinieron en aquel crimen no sean juzgados de manera directa. Pero queda el consuelo de que para que estos tipos, su propio país, El Salvador, es su cárcel, pues salir por sus fronteras podría suponer ser detenidos por la Interpol.
Las autoridades salvadoreñas que rechazaron la extradición de hasta 17 militares de alta y media graduación, lo hicieron esgrimiendo el pobre argumento de una soberanía nacional que nunca respetaron durante la guerra y afirmando tener un poder judicial fuerte, capaz de dictar justicia. De hecho no lo hicieron, mostrando una vez más que casi todos los militares que conspiraron y participaron en los asesinatos, son intocables.
Hubo que esperar a julio de 2016 para que se derogara la ley de amnistía. Cuando se hizo, ya los conjurados, coroneles y algunos generales, y otros oficiales y suboficiales estaban a salvo por un juicio fraude y por el paso del tiempo. La amnistía ya había jugado su papel. Salvo en el caso de Benavides que años después de andar libre fue devuelto a la cárcel, como ya he citado. La votación en la Corte Suprema, para enviarlo a la cárcel fue de 11 votos contra 4.
El que se sienta en el banquillo, en Madrid, Inocente (ironías de la vida) Orlando Montano estaba preso en Estados Unidos y nunca ha mostrado arrepentimiento. Como miembro de la llamada Tandona, ha protegido al resto de asesinos. Por cierto, aunque en retiro, sigue siendo coronel del ejército y supongo que cobrando. Dice el juez García Castellón que Montano fue uno de los líderes de la Tandona, una asociación de veinte oficiales en puestos claves del Ejército y del Gobierno de El Salvador «temida por anteponer sus intereses y los de sus miembros a los intereses del gobierno o de la propia institución militar».
Han pasado ya 30 años y nunca pagarán por lo que hicieron. La justicia para ser justicia no puede dilatarse tanto. Este es un caso más que demuestra que hace falta una justicia universal.