La agencia de noticias Reuters difundió recientemente el titular «La UE advierte a Argentina que resuelva el problema de las tarifas de servicios públicos».ⁱ Tras una reunión entre una delegación de la Comisión Europea y el gobierno argentino sobre la congelación de las tarifas de servicios públicos, Eneko Landaburu, director general para las Relaciones Exteriores de la UE, dio entender al ejecutivo de Buenos Aires que tenía que llegar a un acuerdo con las empresas europeas de servicios sino quería tener problemas con Bruselas. Era evidente que aquella visita de la Comisión era el resultado de la presión ejercida por las empresas europeas. Después de la crisis financiera de Argentina (2001) y la devaluación del peso argentino, las empresasⁱⁱ cobraban los recibos de luz, teléfono, agua y gas en pesos, mientras los contratos a la hora de comprar las empresas o adquirir una concesión de prestar servicios públicos fueron fijados en dólares americanos. El sector privado quería aumentar las tarifas pero el gobierno no lo autorizó y congeló las tarifas temporalmente. Como las negociaciones entre empresas y gobierno van lentas, llamaron a la puerta de Bruselas, según un responsable de la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisiónⁱⁱⁱ, para que ayude a presionar al gobierno argentino. También el FMI se prestó a echar una mano y dijo al gobierno de Kirchner que renegociara las tarifas. Incluso las embajadas de Italia, Francia, España y Holanda (que presidía la UE durante ese segundo semestre de 2004) han estado muy activas para mejorar las condiciones de sus empresas en Argentina.

 

Las políticas comerciales^iv y de inversión de la UE son, tal vez, la parte del proyecto europeo que más destrucción humana, cultural y ecológica causa, las que más dejan entrever las ambiciones de la UE de dominar el mundo, y las que equivalen a la verdadera política exterior europea. Tanto las relaciones diplomáticas, la cooperación para el desarrollo como la política exterior y de seguridad común (PESC) y la política común de seguridad y defensa (PESD) son las «armas» perfectas para aumentar cada vez más el control sobre el mercado global, incrementar el poder en las relaciones políticas multilaterales y defender «los intereses de los Estados miembros». La UE es hoy la primera potencia exportadora mundial y exporta 47% de la inversión extranjera directa (IED) del mundo, frente a los 20% de los EEUU.^v

 

Son éstas políticas que ratifican lo escrito en esta revista: que la UE es un actor clave en el proceso de la globalización capitalista. Que el proceso de ampliación de mercados (como en el caso de la ampliación reciente de la UE a diez nuevos países miembros) y la construcción de mercados regionales (apoyo a la formación del Mercosur o la creación de una Zona de Libre Comercio en el Mediterráneo) se complementan en base de sus intereses geoestratégicos. Que el euro es un instrumento estratégico para adquirir una posición hegemónica en la economía mundial.^vi Y que el Tratado de Maastricht, y ahora la Constitución Europea, han sido los pasos para profundizar en el mercado interior por la necesidad de los capitales transnacionales europeos en hacerse fuerte «interiormente» (con la ayuda pública) para poder competir mejor en el mercado global del (supuestamente) «libre comercio».^vii 

 

Porque la competencia está allí. Los países del sureste asiático (ASEAN^viii) juntos a China, por ejemplo, están ya creando la mayor zona de libre comercio del mundo con el papel impulsor del «imperio» excomunista. Según El País ésta futura zona tiene actualmente una población conjunta de 1.800 millones de personas y un PIB de 1,6 billones de euros. China en solitario logró captar entre 1994 y 2003 unos 392.000 millones de dólares de inversión extranjera. 58% de su comercio exterior está concentrado en Asia. El intercambio comercial con la UE entre enero y julio de 2004 generó un negocio de 851.200 millones de dólares.^ix Por otra parte EEUU -tras el importante paso de integración económica con Canadá y México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o Nafta es sus siglas en inglés)- está gestando, hace tiempo, un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)^x.

 

La expansión del proyecto europeo y la profundización de la globalización son las dos caras de una misma moneda, impulsados por el capital transnacional y financiero, mundial y comunitario, aunque con tensiones y contradicciones (como es el caso de la guerra de Irak). Dos procesos hegemónicos en el ámbito planetario que han adquirido una dinámica trascendente y veloz de tal manera que lo estatal (y lo local) se supedita por lo que acontece en el plano comunitario y mundial (F. Durán, 1996). De hecho la ampliación del Mercosur^xi o la propuesta de una integración latinoamericana (empezando por la constitución de una empresa latinoamericana del Petróleo), como lo defienden sectores de los gobiernos de Lula, Chavez y Kirchner, se orientan al ejemplo de la UE. Incluso para muchos partidos de izquierda y de centro-izquierda el proceso de integración europeo «es un garante de democracia y bienestar a seguir».

 

Con una retórica de «descentralización», «multilateralismo» y «una globalización con beneficios para todos» la UE fue capaz de ganar la confianza de muchos países y regiones del globo (que anteriormente fueron colonias del Imperio europep) atraídos por los resultados macroeconómicos de la UE, el proceso de integración económica y su continuo ampliación. El abanico de ejemplos sobre las políticas comerciales de la UE es enorme. Por falta de espacio nos vamos a limitar a hacer sólo dos referencias. Aún así podemos señalar que la UE está negociando actualmente acuerdos comerciales bilaterales o preferenciales con los países de África, el Caribe y el Pacífico (los llamados ACP), los países ASEAN, los países del Golfo pérsico, con Irán, los países del Mediterráneo, el Mercosur y Siria.

 

La UE en la OMC

 

Desde el final de la última ronda de negociaciones comerciales en 1994 – la Ronda Uruguay – el pasaje político de las negociaciones comerciales se ha transformado, las normas y su organización vigilante, la OMC, son más poderosas y su alcance afecta a más áreas de las políticas nacionales. Es en la política internacional de comercio y de inversión donde el carácter antidemocrático de las instituciones de la UE más se revela. Durante años los grupos empresariales han trabajado para conseguir una Comisión independiente y un mayor peso de Bruselas en asuntos comerciales (con el Tratado de Niza la Comisión arrancó a los Estados el poder de veto en más de 30 nuevas área). La Comisión tiene el poder legislativo en la política comercial común, determina la agenda y representa a todos los Estados miembros ante la OMC (y otras instituciones o cumbres internacionales). No es casual que en la futura Constitución Europea es uno de los ámbitos en los que la UE tiene competencia exclusiva.^xii Las decisiones más importantes sobre comercio e inversión se toman en el llamado comité 133, formado por funcionarios de los distintos ministerios de economía o industria y representantes de la Comisión. «Desarrollar sus políticas de comercio exterior entorno a los intereses de las empresas transnacionales es ya toda una costumbre» (Hoedeman, 2001).

 

Desde 1998 la Comisión forzó a los países miembros de la OMC a abrir una nueva ronda de negociaciones, que primero se llamó la Ronda del Milenio y luego, tras las protestas en Seattle y una mayor defensiva por parte de un grupo grande de países de la periferia, Ronde de Doha (o cínicamente la Ronda del Desarrollo). La complicidad entre Comisión y empresas fue tan descarada que la institución pública llegó a animar al sector privado de constituir entidades que elaborasen propuestas, y nombrasen las barreras claves de eliminar, que la Comisión llevase luego a las negociaciones en la OMC. Y así fue. Alrededor de 50 ETN formaron a iniciativa de la Comisión la Red de Inversiones y otras tantas empresas del sector de servicios fundaron el Foro Europeo de Servicios. Otro organismo importante de la política comercial europea es el «Diálogo Económico Transatlántico», en el que coinciden el sector privado con las administraciones de EEUU y de la UE; unos para «tomar nota» lo que otros ponen encima de la mesa para una agenda política.

 

En la declaración final de la reunión de ministros de la OMC de noviembre de 2001 en Doha se estableció, entre otros compromisos, un calendario para la crítica fase de demandas y ofertas en las negociaciones del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS). La UE tabuló sus propuestas a países específicos en julio de 2002. En este momento ya se sabía que las propuestas de la UE apuntaban a 109 países, cubriendo un amplio rango de sectores de servicios y demandando la liberalización de servicios básicos en los países más pobres del planeta (LDCs). La UE pide a Bangladesh, por ejemplo, que tome compromisos en servicios medioambientales. Si el gobierno de Bangladesh tomara compromisos completos en este sector, pondría en cuestión las experiencias de la ciudad de Dhaka, donde las cooperativas obreras están involucradas en la gestión y recaudación de las tarifas de los servicios de agua y alcantarillado de la ciudad. Si el gobierno de Bangladesh accediera a las peticiones de la UE, entonces en Dhaka por ejemplo, cualquier política gubernamental que tuviera por objeto ampliar el modelo de las cooperativas, sería probable que estuviera violando este acuerdo. Más aún, un compromiso haría más difícil que ésta solución fuera viable en otros lugares de Bangladesh. Un análisis de la ONG inglesa World Development Movement (WDM) concluyó que la «afirmación de la UE de estar llevando una ‘agenda de desarrollo’ es retórica vacía. La UE está siguiendo una agenda apuntando tan sólo a los beneficios de las compañías multinacionales.»^xiii

 

En la última cumbre de la OMC en Cancún (México) la Comisión, en persona de Pascual Lamy, hasta finales de 2004 comisario europeo de comercio exterior, fue aún más duro que Washington. La cumbre fracasó porque la UE tensó demasiado las cuerdas, haciendo caso omiso al Foro Europeo de Servicios y la patronal europea UNICE para negociar un acuerdo multilateral de inversiones y cerrar cuanto antes el nuevo AGCS. El grupo de los países G-20 (entre ellos India, China y Brasil) se negó a aguantar la prepotencia europea y se cerró en fila. La autocrítica posterior del sector privado fue: «La voz empresarial durante la Ronde de Doha no ha sido igual de fuerte como en la Ronda de Uruguay (1985-1994). Esto abrió la puerta a representantes de la sociedad civil para influenciar la OMC de una forma no siempre tan positiva» dijo Philip de Buck, presidente de UNICE, en noviembre de 2003 ante un auditorio empresarial en la India, y prometió que ellos «iban a presionar a sus gobiernos para que vuelvan a las negociaciones de la Ronda de Doha».^xiv 

 

Son agendas a diferentes niveles parecido a lo que EEUU está haciendo. «Nosotros no vamos a esperar, impulsamos el libre comercio con los países que lo quieren», escribió el responsable de comercio de la Casa Blanca, Robert Zoellick en el diario Financal Times después de la fracasada Cumbre de Cancún.^xv La Comisión también persigue su propio esquema multilateral de liberalización neoliberal y desregulación en la OMC al tiempo que desarrolla procesos bilaterales y regionales, y combinando ambos. Cuando ofrece progreso o concesiones en un nivel de negociaciones (por ejemplo en el caso de las negociaciones con el Mercosur que incluye Brasil), tiene en la mente sus objetivos globales y une la negociación bilateral con la agenda multilateral de la OMC (donde, por ejemplo, intenta dividir el G-20, liderado por Brasil que dio el portazo en Cancún). La Comisión intenta llegar más lejos de los acuerdos globales y lo más rápido posible (Fuchs/Schilder, 2004). «Nosotros utilizamos siempre las negociaciones bilaterales para mover las cosas más allá de los estándares de la OMC. Por definición acuerdos comerciales bilaterales tienen que ser ‘más OMC’. Da igual si se trata de inversiones, propiedad intelectual, estructuras tarifarias o instrumentos comerciales, en cada acuerdo bilateral mantenemos la provisión ‘más OMC'», escribió Pascal Lamy en septiembre de 2004.^xvi La UE es el bloque económico del mundo que más acuerdos comerciales ha cerrado en la década de los 90.

 

Diez años de proceso euro-mediterráneo

 

El interés de la UE por extender su influencia a países vecinos o a otros bloques regionales llevó en 1995, durante la presidencia española de la UE, al inicio del proceso euro-mediterráneo para crear una Zona de Libre Comercio euro-mediterránea para el 2010. A pesar de la retórica institucional fueron la necesidad de expansión de los entramados empresariales europeos, la intención de establecer un control sobre la seguridad en ambas orillas del Mediterráneo, el freno de los flujos migratorios hacia el norte, la preservación del frágil equilibrio de las relaciones norte-sur ante la ampliación de la UE al este de Europa, y el deseo de contrarrestar el aumento de la influencia de EEUU en la zona (Suárez, 2001) los móviles reales. Lo que le interesa a la UE es el acceso a los recursos naturales (petrolero, gas natural, pesca, etc.), tener un mercado más para la venta de los productos made in Europa y una zona para sus inversiones a la par de generar una dependencia de los países mediterráneos de los préstamos europeos. La Comisión considera oficialmente el proceso de Barcelona como «una de sus prioridades» a la que la UE destina un 22% de su presupuesto exterior.^xvii Sin embargo los desembolsos, en su día, sólo habían cubierto el 26% del total de fondos comprometidos (Suárez, 2001). El resultado de la supuesta cooperación es desalentador para los países de la orilla sur, las inversiones europeas apenas han crecido, la pobreza medida en el PIB per cápita sigue aumentando, el comercio es desigual, ya que la UE exporta más de lo que importa. Mientras la economía de la UE ingresó durante el ejercicio 2001 más de 75.000 millones de euros a su balanza comercial por las exportaciones a los países mediterráneos del sur de la orilla, sólo llegaron unos 1.000 millones de euros desde el norte de la ribera. Las exportaciones de la UE en la zona, según expertos, crecen a un ritmo interanual de un 7%. Incluso el Banco Europeo de Inversiones^xviii se prometió doblar sus créditos para los 10 países vecinos del sur^xix de la UE. La Comisión opina que «las bazas económicas de los países mediterráneos son evidentes: disponen de abundante mano de obra cualificada y a costes competitivos, se benefician de la proximidad del mercado europeo y de las riquezas en recursos naturales como los hidrocarburos.»^xx Sin embargo, destaca que no «existe un mercado único en el Mediterráneo. Los tres principales ingredientes que estuvieron presentes en el origen del éxito de la experiencia en Europa se hallan de momento ausentes». A lo cual se da la «solución evidente: hay que acelerar la integración euro-mediterránea», la apertura de los mercados para los servicios y mercancías. Y sigue exigiendo «reformas de estructuras», alinear las normas de origen «con las reglas de prevalecen en el seno de la Unión», converger el marco legislativo, de las normas industriales y de las reglas de competencia, y adoptar el «marco europeo» como el «más sensato».^xxi Como consecuencias de la mayor penetración del capital europeo en la orilla sur habrá un aumento del desempleo en unos países que se encuentran en el pleno crecimiento demográfico; la integración radial Norte-Sur que encarna el proyecto consolida las relaciones de dependencia (Martín, 2001); la desaparición del tejido económico local y de pequeña empresa familiar^xxii, mayor flujos migratorios campo-ciudad por el aumento del hambre y de pobreza rural a raíz de las importaciones agrícolas europeas; la polarización social entre los que incluye el «desarrollo económico» y los que quedan excluidos, y finalmente una mayor destrucción ambiental por el turismo a bajo coste, una industrialización desproporcional y una agricultura industrial. A todo ello se sumaría el impacto que tiene la devaluación de las monedas nacionales al entrar el euro como moneda de cambio (deuda, inversión, etc. en euro). La Zona de Libre Comercio generará unos costes de ajuste estructural que no son la solución de los problemas de ésta región sino el problema mismo.

 

América Latina – Unión Europea

 

Las cifras hablan claro: de 1995 al 2000 el volumen de las inversiones extranjeras directas (IED) europeas en América Latina, un continente con índices de pobreza y de paro del 40-80% y 20-60% respectivamente, han hecho de la UE el primer inversor en la región^xxiii, en especial en Brasil y Argentina. La UE es además el segundo socio comercial – el primero de Mercosur y Chile – y el primer donante, por encima de EEUU. El carácter fuertemente cíclico de las IED en América Latina debe enmarcarse en la situación de la economía internacional a comienzos de los años 90 y la reacción de las clases dominantes con la aplicación de las políticas de ajuste, reestructuración y privatización neoliberales, el llamado «Consenso de Washington», que crearon las condiciones para atraer hacia la región la IED (Buster, 2003). Las estrategias de las empresas transnacionales europeas en la región son grosso modo: maquilas (empresas en plantas manufactureras para la exportación con bajos salarios, ventajas fiscales locales y la ausencia de derechos laborales o sindicales); extracción de materia prima hacia el mercado global (más aún a la propia UE); y el control sobre los mercados internos en el sector industrial, servicios públicos y financieros (Buster, 2003).

 

Vía Campesina, en un comunicado de prensa, alertó en otoño de 2004 que mientras la sociedad brasileña concentraba su atención en las elecciones y los movimientos sociales se dispersaban, los representantes gubernamentales aceleraban las negociaciones entre el Mercosur y la UE, sin consulta alguna. Un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que según José Vidal-Beneyto^xxiv un día alcanzará a «neutralizar los efectos perversos de la dolarización de las economías latinoamericanas y su incorporación a ese hinterland USA que es el ALCA, relanzando con ello la integración real de América Latina», forma parte de los objetivos a medio plazo de la agenda comercial de la UE. Vidal-Beneyto puede tener razón, o no y el papel hegemónico de los EEUU en América Latina pasa pronto a la UE, que sería más de lo mismo, porque ambos proyectos tienen el mismo ADN. El documento de la organización campesina afirma que en este acuerdo biregional entre Mercosur y la UE, Brasil ofreció el 90% del acceso al mercado. Lo que implicaría que los productos europeos (en el caso de los alimentos altamente subvencionados por la PAC) entrarán sin pagar aranceles y destruirían el ya muy sensible mercado agrícola de este país, afectando a millones de pequeños agricultores.^xxv El acuerdo permitiría también la inversión sin restricción en el sector de servicios y una aún mayor liberalización del sector financiero. Los compromisos adquiridos por parte del gobierno Lula, tales como el Programa contra el Hambre y para el Fortalecimiento de la Agricultura Familiar llegarían pronto a su fin a causa de la presión ejercida por las partes europeas. Además de la destrucción del campesinato familiar, al priorizar únicamente la agricultura para la exportación, el acuerdo amenaza las políticas industriales autónomas, privatiza los servicios ambientales (incluidos agua, saneamiento, explotación de agua subterránea, etc.), limita el acceso a la pesca y ofrece preferencias a la UE en las compras del sector público, para sólo citar algunos de los elementos nocivos.

 

La UE ha desarrollado por un lado una serie de procesos de negociación que han dado lugar a los acuerdos de asociación bilateral con México y Chile (sus consecuencias de las aperturas comerciales son amplias: desindustrialización de los sectores industriales locales, destrucción de regiones agrícolas enteras, mayor desigualdad social y económica), subordinando las negociaciones de nuevos acuerdos comerciales -por ejemplo con la Comunidad Andina y América Central (hasta ahora existen acuerdos de cooperación, aunque ya se está negociando acuerdos comerciales bilaterales con ambas regiones) al cumplimiento del programa de trabajo fijado en Doha, e incluso ha interpuesto trabas en el proceso de negociación con el Mercosur. Además existen otras relaciones institucionales, tales como las Cumbres UE-América Latina, UE-Grupo de Rió y las Cumbres Iberoamericanas. Pero la UE no sólo exporta capital, también exporta «su modelo de concertación social a siete países latinoamericanos» del Consejo Económico Social para que los sindicatos aprendan cómo se tiene que negociar una reforma laboral precarizando aún más el trabajo en esta región. Una parte importante de la cooperación técnica de la UE con América Latina esta destinada a defender un proceso e integración regional para la creación de un mercado común único (e incluso una moneda común) entre los países del Mercosur ligado por un tratado de libre comercio con la UE (Buster, 2003).

 

El comercio en la Constitución Europea

 

Si se aprueba la Constitución Europea habrá muchos asuntos que la Comisión tendrá más fáciles de cerrar y los movimientos sociales aún más difíciles a parar. Tales como la privatización de los servicios públicos, la inversión extranjera sin restricción alguna, la agricultura transgénica o el fin de la contratación pública. Así con el art. III-315 abre las puertas a la liberalización, paso por paso, de los servicios públicos, incluso los servicios sociales, educativos y de sanidad, aunque digan que en casos de «perturbar gravemente la organización nacional de dichos servicios y perjudicar la responsabilidad de los Estados miembros» el Consejo tendrá que pronunciarse por unanimidad. Dejando a cada Estado si quiere o no privatizar, llevando sin embargo la decisión a un nivel comunitario. Transferir competencias comerciales a la Comisión tendrá consecuencias a cada nivel del proceso, desde sus discusiones preliminares sobre una estrategia propuesta hasta la toma de decisión sobre un acuerdo (Haar, 2004). Lo cual abre aún más las posibilidades de influir por parte de las grandes empresas, y disminuye el poder de los actores sociales a presionar los partidos políticos.

 

El art. III-151prohibe poner aranceles a las exportaciones e importaciones y se establece un arancel aduanero común para terceros países. Los productos de terceros países que «hayan cumplido, en dicho estado miembro, las formalidades de importación» se puede librar de aranceles. Aquí se refiere sobre todo a los productos fabricados en terceros países de una empresa con su sede matriz en la UE para facilitar su importación a través de los acuerdos comerciales bilaterales (entre la UE y México, Chile o Marruecos, por ejemplo). La Comisión se guía por «la necesidad de promover los intercambios comerciales entre los Estados miembros y terceros países, (…) de abastecimiento de la Unión en materias primas y productos semielaborados, (…) y garantizar un desarrollo racional de la producción y una expansión del consumo». Cualquier restricción cuantitativa a importar o exportar esta prohibido. Los monopolios nacionales tienen que subordinarse al libre comercio bajo las normas de «no discriminación» de la OMC. A los estados les quedará prohibido tomar cualquier medida que ponga en peligro la «exclusión de toda discriminación entre los nacionales de los Estados miembros respecto de las condiciones de abastecimiento y de mercado».

 

Más adelante, en la III parte se dice en el art. III-314: «Mediante el establecimiento de una unión aduanera (…), la Unión contribuirá, en el interés común, al desarrollo armonioso del comercio mundial, a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras directas, así como a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo.» Por esta vez demuestra cual es la auténtica y única finalidad de la UE.

 

En el art. III-292 recalca: «La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios en los que se ha inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo» (…), entre otros «Estimular la integración de todos los países en la economía mundial, mediante la abolición progresiva de los obstáculos al comercio internacional.»

 

Los nuevos poderes y privilegios ortogados por la Constitución a la Comisión, en representación de las empresas privadas, eliminan definitivamente la posibilidad de decidir colectivamente sobre políticas ambientales, servicios públicos, planes urbanísticos, la gestión de recursos naturales, a escala comunitaria, y sobre las relaciones exteriores (con todo lo que conlleva de sufrimiento de millones de personas a causa de las políticas comerciales dominantes) a nivel global.

 

Algunas notas finales

 

El diario El País en su suplemento especial «El despegue de las empresas» constata lo siguiente: «El último ciclo de negociaciones, la llamada ronda de Doha, podría inyectar con 520.000 millones de dólares (a precios de 1997) a la economía mundial en los próximos diez años, beneficiando en gran parte a los países emergentes. Los acuerdos multilaterales incorporados en la OMC y la larga lista de pactos bilaterales o regionales (un despliegue de siglas como Mercosur, ALCA y APEC), sin embargo, todavía no comprueban la doctrina de que el libre comercio desemboca en una reducción de la pobreza.»^xxvi Es cierto (y nos alegra de cierto modo que éste periódico acepte tal conclusión), sólo que las políticas comerciales de la UE siguen apostando por la ampliación de los mercados y el aumento del crecimiento a costa de millones de personas y su entorno. Lo que no dice El País es que la UE no podría mantener el modelo actual de producción, transporte y consumo sin basarse en la miseria de aquella parte de la humanidad que han excluido a sabiendas que no hay tarta para todos. Si las élites de la UE no habrían apostado en su momento a la creación de acuerdos comerciales más allá del Mercado Único, el proyecto europeo habría fracasado, ya que está dependiendo cada vez más de recursos naturales (sobre todo de combustibles fósiles) del exterior del mercado interior europeo. La agenda comercial agresiva de la UE hasta ahora le permite seguir sin excesivos problemas, pero la propia dinámica de competencia por los mercados y los recursos podría llevar pronto a la UE a tener que acceder a éstos mercados y defender sus intereses con el uso de violencia militar, tal como la vieja Europa estaba acostumbrada en sus tiempos, no tan remotos, del Imperialismo Europeo hasta la Segunda Guerra Mundial (la guerra de los Balcanes a principio de los 90 y la presencia militar allí, la guerra de Afganistan y las tropas en el Congo son un índice claro de esta tendencia).^xxvii Y el diario Financal Times en un análisis titulado «Camino de una superpotencia» indica: «Pese a su enfrentamiento a cuenta de la política de Irak y de EEUU, los europeos se están construyendo un fundamento institucional y político, para que la UE puede asumir el papel de actor global.» ^xxviii

 

Lo decimos porque ya observamos muchos movimientos, por ejemplo, en torno al petróleo y, aunque casi nadie se alarme todavía, las próximas guerras están servidas. La UE como superpotencia mundial no podrá, entonces, sólo dominar en las salas de reuniones y mesas de negociación, sino tendrá que unificar las políticas arriba mencionadas, lo que implicaría pasar de la globalización económica a la militar. Y con esto, seguramente, encontrará situaciones aún más preocupantes que una Cumbre de la OMC «fracasada». Cómo reaccionar ante todo este panorama será tema de debate y de análisis en futuros trabajos.

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Bibliografía:

Buster, G: » La Unión Europea y América Latina: Inversiones, estrategias empresariales y partenariado transatlantico», Madrid, 2003.

CEO: Corporate Europe Observatory (newsletters, briefings, etc.)

Fernández Durán, Ramón: Contra la Europa del Capital, 1996.

Fernández Durán, Ramón: Globalización capitalista y resistencias, Virus, 2001.

Joy, Clare y Hardstaff Peter: «Agenda de desarrollo, ¿de quién?» WDM, Londres, 2003.

Martín, Iván: «La Asociación Euromediterránea» en Nación Árabe, N° 43, Madrid, 2001.

Suárez, Pablo G.: «De Barcelona a Marsella» en Nación Árabe, N° 43, Madrid, 2001.

The Seattle to Brussels Network: From Cancún to Hong Kong: Challenging corporate led trade liberalisation. Brussels/Berlin, 2004.

 

Para más información:

www.bilaterals.org / www.epawatch.net / www.stopepa.org / www.gatswatch.org / www.corporateeuropa.org / www.weed-online.org / www.foeeurope.org / www.s2bnetwork.org / www.wdm.org.uk / www.cip.fuhem.es /

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