Los dirigentes de los partidos de gobierno franceses, reunidos por sus colegas de los otros países europeos y por la Comisión, llevan a cabo entre la opinión pública una campaña para la ratificación de la Constitución que apela al miedo y no a la razón. En Francia consiguieron una primera victoria cuando, el 1 de […]
Los dirigentes de los partidos de gobierno franceses, reunidos por sus colegas de los otros países europeos y por la Comisión, llevan a cabo entre la opinión pública una campaña para la ratificación de la Constitución que apela al miedo y no a la razón.
En Francia consiguieron una primera victoria cuando, el 1 de diciembre, en el referendo interno del Partido Socialista (PSF), el sí obtuvo una mayoría del 59%.
Sin embargo, su inquietud persiste: los sondeos muestran un fuerte ascenso del no relacionado, aunque sólo en parte, con la aceptación de la candidatura de Turquía por el Consejo Europeo. Los argumentos de estos dirigentes se basan principalmente en la evocación de una crisis europea si gana el no. Ello no sólo es falaz, sino que, por el contrario, todo hace pensar que el único escenario catastrófico es el del sí.
1. Ni urgencia ni miedo: ¡la vida sigue en la UE! ¿Qué pasaría realmente si Francia u otro país se negara a ratificar la Constitución europea? Desde el punto de vista jurídico, la respuesta es: «Estrictamente nada». El Tratado de Niza, en vigor desde el pasado 1 de mayo, así como los tratados precedentes, seguirán rigiendo la UE hasta el 2009, como está previsto, y algunas de sus disposiciones hasta el 2014. No hay pues ni urgencia particular ni motivo de inquietud.
2. Los propios gobiernos solicitarían con toda urgencia un nuevo tratado. Políticamente, en cambio, el rechazo de la Constitución crearía una situación nueva. Habría que negociar otro tratado en función de las aspiraciones antiliberales que se habrían expresado en Francia y quizá también en otros países, porque todos los gobiernos tienen un interés vital en que la primera parte de la Constitución, que habría sido rechazada con el resto del tratado, entre en vigor. Esta parte racionaliza los procedimientos institucionales de la UE y, efectivamente, le permite funcionar de manera más eficaz.
3. Un tratado social, ¡ahora! El PSF dice: «Inmediatamente después de la ratificación de la Constitución, y con el resto de las fuerzas socialdemócratas, nos pondremos manos a la obra para elaborar un nuevo tratado, esta vez social».
Éste ha sido el ejercicio confiado por el Partido Socialista Europeo a Pascal Lamy, que presentó en Madrid, el 27 de noviembre, la plataforma de una «Europa social» a la baja. Salvo si es para adoptar este programa residual, ¿podemos imaginar que Blair, Berlusconi y sus consortes, que habrían conseguido constitucionalizar el neoliberalismo, aceptaran renunciar a su victoria poniéndose a hacer política social, cuando nada les obligaría a ello?
En cambio, si la Constitución fuera rechazada, se habrían creado las condiciones, bajo la presión del no, para intentar elaborar inmediatamente este famoso tratado social, complementario a las disposiciones institucionales de la primera parte de la actual Constitución.
En otras palabras, si el PSF sigue creyendo en su eslogan de la campaña de las elecciones europeas -y ahora la Europa social-, el no constituye su única posibilidad de traducirlo en actos. En cambio, si ganara el sí, el adverbio ahora significaría dentro de 10 o 20 años, incluso 50, como ha predicho Giscard d’Estaing. Si fueran consecuentes con sus ambiciones proclamadas, los dirigentes socialistas, al igual que los de Los Verdes, militarían activamente por un no que volviera a abrirles el juego.
4. ¿Quién teme a la democracia? Lo abriría más aún cuanto que los movimientos sociales europeos podrían movilizarse por un tratado social. Lo que no es todavía el caso, y tiene su explicación. Salvo en Francia y Bélgica, la Constitución no ha sido sometida a debate entre las opiniones públicas europeas, y los partidos de gobierno –socialistas, liberales, conservadores y democristianos– sólo hablan de la «unión sagrada» para ocultar su contenido neoliberal. A excepción del PSF, las organizaciones, sindicales u otras, que apelan al sí, se han guardado bien de consultar previamente a sus afiliados.
La victoria del no permitiría eliminar esta capa de plomo poniendo de manifiesto en todos los países de la UE tres exigencias democráticas: la de un verdadero debate nacional divergente sobre el proyecto europeo; la de una consulta de los miembros de todas las organizaciones que deban pronunciarse sobre el futuro tratado, y la de un referendo popular en cada país donde exista este procedimiento, con la opción, ahí donde no exista, de modificar la Constitución nacional para introducirlo.
Los partidarios del sí se comportan como si experimentaran un doble temor: miedo a que nos apropiemos realmente del contenido del tratado, pues la experiencia demuestra que no gana al ser conocido; y, consecuencia lógica, miedo a que todos los ciudadanos se pronuncien directamente.