La mayoría de los países del mundo se adscriben a tratados internacionales sin pasar por la aprobación ciudadana, el desconocimiento sobre los compromisos adquiridos llega a ser tan extremos, que sólo un puñado de profesionales lleva el tema en las agendas nacionales. ¿Cómo puede un tema tan sensible ser ajeno al colectivo que rige? Los […]
La mayoría de los países del mundo se adscriben a tratados internacionales sin pasar por la aprobación ciudadana, el desconocimiento sobre los compromisos adquiridos llega a ser tan extremos, que sólo un puñado de profesionales lleva el tema en las agendas nacionales. ¿Cómo puede un tema tan sensible ser ajeno al colectivo que rige? Los estados como sujetos de derecho internacional juegan un papel importante en el manejo del orden mundial, queda en evidencia hoy que el papel de las transnacionales y las ONGs como sujetos de la globalización, ocupan buena parte del lugar que en teoría clásica competen a las burocracias estatales.
El tema de los derechos humanos tiene una extensa literatura, con un debate permanente sobre la viabilidad de una orden global, que combata la impunidad en los casos de delitos de lesa humanidad. La lectura de los derechos humanos es importante seccionarla desde una perspectiva histórica y pragmática, en vista del intento de Universalización, que obedece como recordaba Leopoldo Zea, a uno de los sueños más anhelados de la cultura occidental. Después de la segunda guerra mundial, la arquitectura del sistema internacional se construyó como escenario de contención a la amenaza soviética, Roosevelt pensó rápidamente en precisar de una instancia más efectiva de control que el enfoque realista que caracterizó el período de guerra.
A finales de los 70, Carter apuntó con fuerza el tema de los derechos humanos, la falta de democracia y la condena al expansionismo de la URSS, con una táctica de reconocimiento de algunos movimientos de liberación nacional no estratégicos, mientras se garantizaban por la fuerza la hegemonía sobre el Golfo Pérsico y los recursos energéticos. El desarrollo del capitalismo fue posible en parte con la transformación de la servidumbre a través la libertad de contratos, es por eso que el Estado moderno arrastra consigo la tradición contractualista, expresada en las constituciones, garantizando en primer orden el principio de «libertad» asociado a la libre circulación del capital.
La CIDH fue una extensión del orden de post-guerra, ideando un sistema interamericano de protección de los derechos humanos, donde la mayoría de los países del hemisferio se agruparon a excepción de Estados Unidos, Cuba y Canadá, creando la paradoja de ser EEUU sede y financista de la institución, no sólo de la OEA sino de la propia Corte que rige en la materia sin suscribirse a estos mecanismo. En el marco del TIAR, los Estados Unidos se encargó por la vía de la presencia militar, el manejo de los asuntos domésticos de América Latina, la implantación de dictaduras implicó torturas, asesinatos políticos y otros crímenes catalogados como delitos de lesa humanidad, algunos procesados por el CIDH con fallo positivo para los sobrevivientes.
Los problemas de incompatibilidad de algunos Estados con la CIDH inició con los procesos constituyentes, en el caso venezolano la constitución aclaró la supra-constitucionalidad de los acuerdos en materia de derechos humanos, pero ser reservó resolver la competencia soberana de sus organismo de administración de justicia. La polémica, que condujo a la salida de Venezuela de la CIDH, está asociada a fallos de la Corte Interamericana, que desconocen la decisiones del TSJ, en casos reciente Ecuador ha abierto el debate sobre el papel de Comisión Interamericana que posee un conjunto de relatorías sobre derechos humanos, que han cargado contra la mayoría de los gobiernos de izquierda de la región.
ONGs y estructuras como SIP han mostrado el doble rasero de los derechos humanos, el funcionamiento parcializado de la CIDH que se moviliza contra los factores progresistas. El debate ha abierto dos posturas: reformar el sistema interamericano o abandonarlo definitivamente. La crítica del año 2012 de Boaventura de Souza abrió una tercera posición, en una dura crítica contra la posición de los gobiernos de izquierda por «apresurarse» a decapitar el orden intra-estatal, que en su balance ha permitido algunos logros considerables a la ciudadanía, vulnerable en los regímenes dictatoriales. Es necesario orientar el debate a una dimensión más estructural, sobre el manejo de instituciones efectivas en el marco de la integración regional, aunque los derechos humanos son un tema con un alto potencial de injerencia en las soberanías, la reflexión no puede obviar que en la región se han vivido dos nuevos golpes de estado en la última década (Honduras, Paraguay). La crisis de la ciudadanía en México y Colombia, por el efecto de la violencia armada, hace concluir la necesidad de viabilizar un sistema no tutelado por los EEUU, pero con alcance regional que permita garantizar un espacio fuera de los Estados, a los ciudadanos en la defensa «real» de sus derechos humanos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.