Las sucesivas modificaciones del Tratado de la Unión Europea, en los últimos 20 años, han ido diseñando un modelo económico que favorece a las grandes fortunas frente a la mayoría de la población. Este modelo se inició en 1992, con la modificación del Tratado en la ciudad de Maastricht y supuso, en los años […]
Las sucesivas modificaciones del Tratado de la Unión Europea, en los últimos 20 años, han ido diseñando un modelo económico que favorece a las grandes fortunas frente a la mayoría de la población.
Este modelo se inició en 1992, con la modificación del Tratado en la ciudad de Maastricht y supuso, en los años siguientes, la privatización de la banca pública y del sector público estratégico, productivo y rentable, como el agua, la electricidad, las energías, las comunicaciones, el transporte. También supuso que la Bolsa hiciera más ricos a los ricos. En España, del año 2003 al año 2007, las acciones de las grandes fortunas se multiplicaron por tres en sólo cuatro años, pasando de un valor de 16.000 a 54.000 millones de euros.
En el año 2004, se pretendió institucionalizar este modelo, plasmándolo en una Constitución Europea que recogía la libre circulación de capitales (en la práctica, la libre circulación hacia los paraísos fiscales), la privatización de los servicios públicos que pasaban a denominarse «servicios de interés económico general», (el nombre no es inocente porque abre la vía a la privatización) y la creación de un Banco Central Europeo (BCE) que tenía prohibido prestar dinero a los Estados, Instituciones y empresas públicas. Esto último significa, en la práctica, que el BCE presta el dinero público a la banca privada al 1% y la banca privada se lo cobra a los Estados, Instituciones autonómicas o locales, al 4 y al 6%.
Al ser derrotada la Constitución Europea en las urnas, en importantes países europeos como Francia, este modelo económico (libre circulación de capitales, privatizaciones, papel del BCE al servicio de la banca privada), que venía siendo rechazado democráticamente por los pueblos, fue impuesto en el Tratado de la Unión Europea, modificado en Lisboa, en el año 2007.
Nombres de hermosas ciudades europeas para una oscura realidad de los Tratados: la legalización de la usura, la prevalencia de los intereses de unos pocos frente a los intereses de la mayoría, la institucionalización de la desigualdad económica y social.
Y a eso le llaman «crisis», una «crisis» que se extiende por toda Europa, aunque de forma un poco menos brutal en los países más industrializados, con una democracia y unos derechos sociales más consolidados, y de forma más brutal, en países como Grecia, Portugal, Italia y España. Y no hay crisis real porque hay dinero, como lo demuestran los préstamos recientes de 82.600 millones al 0,15%, a los bancos europeos por parte del BCE «para reanimar la economía y el crédito», y el anuncio de otra subasta, en los próximos meses, en la que los bancos podrán solicitar más de 300.000 millones de euros.
Y lo demuestra, también, las ganancias en España de las grandes fortunas que gestionan sus patrimonios a través de la SICAV, creada para que los ricos no paguen impuestos (sólo el 1%) e inviertan en activos financieros. De hecho, las grandes fortunas en España no están invirtiendo en economía productiva, generadora de empleo, sino en activos financieros (el 75% de su patrimonio): bolsa, fondos de inversión o depósitos. De esta forma, de diciembre de 2013 a junio de 2014, en sólo seis meses, el patrimonio de las grandes fortunas creció en España más de un 9%, alcanzando los 30.000 millones, una cifra 100 veces superior al presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que asciende sólo a 297 millones de euros. Y así, el patrimonio de ocho de las grandes fortunas españolas empieza a rozar ya los 3 billones de euros, más de 7 veces el Presupuesto General del Estado (Estado, Organismos Autónomos, Seguridad Social y otros organismos del sector público que asciende en total a 423.234 millones de euros en 2014), y 20 veces el presupuesto para la Seguridad Social (135.584 millones de euros en 2014).
Es por ese modelo económico que la deuda pública en España se sitúa en 2014 en más de 1 billón de euros, casi el 100% del PIB, con unos intereses de 35.490 millones de euros este año, una deuda que sería insignificante, del 15% del PIB, si el BCE hubiera financiado los déficits de España al 1%.
Es por ese modelo económico que el paro empezó a subir en el año 2008 año hasta alcanzar los 4.422.000 parados en 2011 y que en agosto de 2014, todavía se sitúa en 4.427.930 parados, de los que unos 2.600.000 son parados de larga duración que carecen de prestaciones. Es por ese modelo económico que más del 50% de los jóvenes menores de 25 años están en paro o 2.300.000 niños viven en riesgo de pobreza. No es casual que en un reciente estudio europeo sobre justicia social, España ocupe el puesto 21 de 28 países, es decir la cola europea de la justicia social.
Si frente a esta situación económica y social que está afectando a la mayoría de la población, no hubiera una contestación social, es que no estaríamos vivos, es que no tendríamos capacidad para pensar, es que no tendríamos dignidad ni voluntad de cambio. Pero ha surgido la contestación social, en las urnas, en las elecciones europeas: un grupo de jóvenes formados que cuestionan un modelo económico que roba el presente y futuro a gran parte de la juventud y la infancia, un grupo de jóvenes que se atreven a cuestionar a los políticos que respaldaron ese modelo económico (el bipartidismo formado por el PP y el PSOE con la ayuda de los partidos nacionalistas, incluidos CIU, CC o NC), un grupo de jóvenes que tienen la osadía de confrontarse con esta situación de creciente desigualdad social para la mayoría. Forman Podemos y reciben un respaldo inesperado en las urnas, el de la contestación social.
Y automáticamente, se encienden todas las luces de alarma del poder económico y del poder político que defiende y participa en ese modelo para que los ricos sean más ricos, en detrimento de la mayoría. No respetaron ni los famosos cien días de cortesía que reclaman para sí. Las descalificaciones, a falta de argumentos políticos y de reflexión seria, me las conozco de memoria por haberlas vivido en Izquierda Unida, cuando era Coordinador General, Julio Anguita, en los años 90: mesías, iluminados, autores de la «Pinza», antiguos, terroristas, imitadores de modelos de otros países (que están en vía de desarrollo y por lo tanto, tienen una realidad distinta a la de España).
Y lo dicen, sin vergüenza, los que nos quieren hacer volver a los tiempos económicos y sociales de la primera mitad del siglo veinte o de finales del anterior, los que apoyan la guerra y la OTAN, los que admiten un solo modelo económico (el que favorece los intereses económicos de unos pocos frente al bienestar social de los pueblos), los que se han alternado en el poder, pero compartiendo ese mismo diseño neoliberal de los Tratados de la Unión Europea y la reforma del artículo 135 de la Constitución Española que dice que lo primero es pagar la inmensa deuda abusiva e ilegítima, fruto de la usura.
Lo importante es que Podemos dedique poco tiempo a defenderse de la propaganda simplificadora y reiterativa en la mentira, y mucho tiempo a su ofensiva contra la injusticia social porque es así como los pueblos han ido avanzando, frente a los abusos de los poderosos. Lo importante es que mantengan los valores de honestidad, de compromiso con los de abajo, de lucha contra la realidad económica y social a la que nos han sometido los de arriba, de solidaridad con los pueblos que buscan salir del subdesarrollo y del atraso cultural. Lo importante es que vayan construyendo una alternativa política y social con la participación de los jóvenes, fundamentalmente, consolidando su proyecto con los mejores hombres y mujeres, con los más comprometidos con sus valores sociales y económicos, explicando y debatiendo las alternativas con la mayoría social.
María Puig Barrios es miembro de la Coordinadora Popular por la Vivienda y los Derechos de la Clase Trabajadora AVANCE SOCIAL.