El análisis de la cooperación de España en Guatemala no puede desvincularse de la reflexión sobre el impacto de otras relaciones de tipo económico y comercial. Fundamentalmente, de la presencia de transnacionales en sectores económicos estratégicos, como el agua, las telecomunicaciones, el turismo o la distribución de energía eléctrica, adjudicada en su totalidad a Unión […]
El análisis de la cooperación de España en Guatemala no puede desvincularse de la reflexión sobre el impacto de otras relaciones de tipo económico y comercial. Fundamentalmente, de la presencia de transnacionales en sectores económicos estratégicos, como el agua, las telecomunicaciones, el turismo o la distribución de energía eléctrica, adjudicada en su totalidad a Unión Fenosa/Gas Natural, Iberdrola y Endesa.
La estrategia de la cooperación española, plasmada en el Acta de la VII Reunión de la Comisión Mixta Hispano Guatemalteca de Cooperación, de 27 de abril de 2009, define como prioridades horizontales las siguientes: Inclusión social y lucha contra la pobreza; Promoción de los derechos humanos y gobernabilidad democrática; Género en desarrollo; Sostenibilidad medioambiental y Consideración de la dimensión cultural. Asimismo, define estas prioridades sectoriales: Gobernabilidad democrática (justicia y seguridad democrática); Desarrollo rural y lucha contra el hambre; Sectores sociales básicos/Cohesión social; Género y Desarrollo.
Esta estrategia implica una apuesta efectiva por un Estado y una sociedad fuertes, orientadores de un modelo de desarrollo justo y equitativo y reguladores de intereses corporativo-sectoriales. Se contextualiza en la agenda de la paz guatemalteca, concretamente en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, que afirma: «Corresponde al Estado promover, orientar y regular el desarrollo económico del país de manera que, con el esfuerzo del conjunto de la sociedad se asegure, en forma integrada, la eficiencia económica, el aumento de los servicios sociales y la justicia social. En la búsqueda del crecimiento, la política económica debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de exclusión económica, tales como el desempleo y el empobrecimiento y que, al contrario, se maximicen los beneficios del crecimiento económico para todos los guatemaltecos. En la búsqueda del bienestar de todos los guatemaltecos, la política social debe propiciar el desarrollo económico, mediante su impacto en la producción y la eficiencia».
Contrario a esto, las transnacionales se manejan en el marco de un proyecto neoliberal, de apertura de mercados, desregulación estatal, extrajudicialidad y orientación de la economía al mercado externo (reprimarización del modelo económico, según Raúl Zibechi), con graves consecuencias para el autoabastecimiento alimentario y la economía popular, como escasez de alimentos, alza de precios, hambrunas o crecimiento de la pobreza. Este modelo, de por sí empobrecedor y no equitativo, promueve o se beneficia de la existencia de un Estado con escasa capacidad reguladora y de generación de consensos, de una institucionalidad al servicio de intereses corporativos y de una sociedad desarticulada. Es decir, Estado y sociedad débiles frente al predominio económico y político de las corporaciones y el mercado.
Las transnacionales españolas en Guatemala no legislan ni hacen polí- tica directa, pero la arquitectura legal e institucional del país parece estar hecha a la medida de sus intereses. Así se deduce de la Ley General de Electricidad como marco favorecedor de la privatización; de la permisividad del régimen fiscal y tributario (el más benigno de América Latina en términos de tributación sobre la riqueza); de la existencia de un magnánimo régimen de exenciones fiscales, que permite a las empresas acogerse a exenciones propias de empresas maquiladoras; o de la inexistencia de una Procuraduría del Consumidor (aprobada y no desarrollada) capaz de investigar el mal servicio, excesos tarifarios y abuso en los cobros. Influye también, por supuesto, la impunidad institucionalizada: menos del dos por ciento de los hechos de violencia derivan en condena, lo que impide la investigación de acusaciones de represión y persecución a líderes sociales.
Las transnacionales no construyen institucionalidad, pero el esquema de acumulación se facilita por la reducida presencia estatal, en contraposición al Estado protagonista en términos de orientación del desarrollo, y a la fortaleza complementaria de la sociedad organizada, definidas en los Acuerdos de Paz y teóricamente asumidas como eje articulador por la Cooperación Española.
Empresas exitosas, accionar irresponsable
La acumulación se produce en el marco legal o en los límites del mismo. Es el caso de Unión Fenosa – Gas Natural (en Guatemala, Unión Fenosa), distribuidora monopólica de energía en 19 de los 22 departamentos del país, que acumula una larga lista de denuncias por malas prácticas. Según el periódico Diagonal, «cobros indebidos en las facturas (…), represalias de Unión Fenosa contra la población dejando sin suministro eléctrico a las comunidades que protestan por las altas tarifas y la mala calidad del servicio. Sólo en los primeros cinco meses de 2009, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica recibió 90.358 denuncias contra la compañía».
Desde septiembre de 2009 también se acusa a la transnacional de participación (incitación, corresponsabilidad) en el asesinato de líderes promotores del no pago de la tarifa eléctrica en el departamento de San Marcos. El 21 de febrero de 2010, afirma Diagonal, una carta de 50 organizaciones, sindicatos y partidos españoles fue enviada a los presidentes Álvaro Colom y Rodríguez Zapatero y a los directivos de Unión Fenosa-Gas Natural y de La Caixa y Repsol, principales accionistas de la eléctrica. El documento señalaba que estos asesinatos se debían a la actividad social de las víctimas y a su lucha contra los apagones y los cobros excesivos, así como al intento de silenciar la actividad de los movimientos sociales y de los defensores de los derechos humanos.
No está probado que las transnacionales españolas participen directamente en la violencia, pero es necesario anotar que, como la mayoría de las empresas, se ven favorecidas por la desmovilización y la apatía social, consecuencia en parte de la existencia de violencia selectiva y criminalidad incontrolada.
Interferencias negativas: anticooperación
Para el investigador David Llistar [1] existen «interferencias positivas y negativas» en el intercambio entre países, que comprenden aspectos diplomáticos, comerciales, militares, tecnoproductivos, ambientales, simbólicos, financieros y la solidaridad (todavía concebida como ayuda) en sentido estricto.
Las interferencias negativas, afirma Llistar, superan a las positivas, generando la anticooperación: «lo que llamamos ayuda Norte-Sur (o cooperación al desarrollo) es una contribución positiva mucho menor que la contribución negativa que recibe el Sur Global desde el Norte Global… La mayoría de estas contribuciones negativas se producen como consecuencia de la lógica de empresas y Estados que quieren crecer y asegurarse recursos materiales».
Es poco probable que estas interferencias negativas disminuyan. Por el contrario, la crisis del sistema capitalista y la crisis económica europea (crisis de consumo y modo de vida) acentúan la importancia de Guatemala para las empresas y para el conjunto de la economía española, que obtiene de Latinoamérica una transferencia de recursos significativa: Endesa obtiene el 44 por ciento de sus beneficios en la región; Telefónica, el 45; Iberdrola el 24 por ciento. Por su parte, Unión Fenosa concentra el 78 por ciento de su inversión directa en América.
En el corto plazo y en el marco del Acuerdo de Asociación con la UE, nuevas empresas se instalarán en el país, se reforzarán las existentes (Unión FENOSA/ Gas natural como productora de energía, además de distribuidora) y crecerán las inversiones en el sector agua.
En el medio plazo el poder político de las empresas crece, en la medida en que se consolida su poder económico, convirtiéndose en actoras decisoras. Parte de esta influencia se dejó sentir el pasado 4 de marzo, cuando ocho cámaras empresariales (entre ellas la Cámara Oficial de Comercio Española en Guatemala, entidad con representación de empresas españolas, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España), demandaron la implantación del Estado de prevención a nivel nacional.
Este papel fortalecido obliga a reelaborar el mapa de poder en Guatemala, analizando el papel directo de las transnacionales en la implementación de políticas públicas, en las dinámicas de partidos y electorales (financiamiento de candidatos), en la seguridad y militarización como estrategias de estabilización, en fin, en el desarrollo o estancamiento de los Acuerdos de Paz.
Las empresas españolas deberán disipar la principal duda existente: cuál es el modelo organizativo que defienden, el democrático participativo, con fuerte control social, incluso con la capacidad de vetar la entrada de transnacionales; o el vertical autoritario, similar al ensayado en Honduras.
Acumulación frente a solidaridad
La contradicción estructural entre la agenda de la cooperación, la agenda de la paz y la agenda de las empresas explica los limitados logros y clamorosos fracasos de aquélla, como la reforma de la policía y del sistema judicial y en general los objetivos contenidos en los Acuerdos de Paz.
No es un problema de recursos: aun si la ayuda española fuera más amplia, de mayor calidad, armonizada y alineada, (como gusta precisar la cooperación a partir de la Declaración de París 2005) los resultados no serían mucho mejores. La falta de armonización y de alineación viene precisamente de la que podemos calificar de esquizofrenia de la solidaridad: separación entre el ámbito político, la solidaridad y el trabajo de las empresas.
Pero, ¿puede ser de otro modo? No mientras la Cooperación no resuelva estas contradicciones, eliminando las múltiples interferencias negativas existentes y promoviendo solidaridad sin participación de las empresas y cooperación en vez de lógicas acumulativas.
«El corazón de la Europa del capital es la búsqueda del máximo beneficio y no la persecución de la justicia, la solidaridad, la libertad o la relación armónica con el entorno», afirman Luis González Reyes y Luis Rico García-Amado, de Ecologistas en Acción y Enlazando Alternativas. «Pese al discurso verde de los derechos que se predica, podemos hablar con toda propiedad de la Europa del capital, porque marca la evolución de sus políticas económicas, porque éstas determinan el resto de sus políticas y, sobre todo, está en la razón de ser del proyecto europeo»
Si la cooperación española en Guatemala es ignorante, impotente, cómplice o parte interesada en este esquema de despojo puede ser objeto de debate. Pero un dicho en Guatemala afirma: si grazna como pato y camina como pato, entonces… es pato.
Andrés Cabanas es colaborador habitual de Pueblos.
Nota:
[1] David Llistar Bosch: Anticooperación. Interferencias globales Norte-Sur. Los problemas del Sur Global no se resuelven con más ayuda internacional. Icaria, Barcelona, 2009.
Este artículo ha sido publicado en el nº 42 de la Revista Pueblos, junio 2010.