Apenas otra constatación. De cómo funciona el partido de gobierno. El conclave tuvo lugar en Portezuelo. Lejos de la pobreza y la precariedad salarial que abundan en el país. A minutos de Punta del Este, el balneario donde los ricos y la farándula derrochan la plata. En una «chacra-marina» arrendada por Ruben Villaverde, director del […]
Apenas otra constatación. De cómo funciona el partido de gobierno. El conclave tuvo lugar en Portezuelo. Lejos de la pobreza y la precariedad salarial que abundan en el país. A minutos de Punta del Este, el balneario donde los ricos y la farándula derrochan la plata. En una «chacra-marina» arrendada por Ruben Villaverde, director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y ex director del Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT, la plana mayor del gobierno se juntó en una comilona de verano. Concurrieron ministros y parlamentarios, jerarcas municipales y de empresas públicas, rector de la Universidad y dirigentes sindicales. La organización estuvo a cargo del anfitrión y de Álvaro Padrón, director de la Fundación Friedrich Ebert (Fesur), un «think tank» financiado por la socialdemocracia alemana. Hicieron acto de presencia todos los sectores del Frente Amplio. Entendámonos, todos los que realmente deciden. Los aliados subalternos se quedaron en ayunas.
Entre los asistentes, relatan las crónicas periodísticas, estaban «las personas de mayor confianza» de los tres principales jefes del progresismo: Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori. Según La República, diario oficial del gobierno, la reunión del sábado 12 de enero fue un «intercambio entre amigos».[1] Ninguna duda. «Lo común es que éramos todos frenteamplistas, integrantes de gestión del gobierno, del Parlamento, de empresas públicas, del movimiento sindical y de la estructura del FA», dijo Juan Castillo (Partido Comunista) uno de los vicepresidentes del Frente Amplio, antiguo «dirigente obrero».[2] Si bien esta reunión no dio para conclusiones, quedaron en volver a encontrarse. Aunque el «eje común» de las conversaciones fue el de cómo se llega a las próximas elecciones. Políticos, funcionarios y sindicalistas, coincidieron en el diagnóstico: el 2013 será un año difícil, los efectos de la crisis capitalista internacional aterrizarán con fuerza; la economía dejará de crecer al ritmo de los últimos años; la «prudencia», más temprano que tarde, deberá imponerse en los convenios salariales; el «gasto social» debe moderarse. La inflación acecha y deben cuidarse los «equilibrios fiscales». Por tanto, la «acción coordinada» para «concretar el programa de gobierno», deberá ser consensuada entre los dirigentes políticos y sindicales, para así establecer una «línea conductora» de aquí al 2015. Fernando Pereira, miembro del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y de la corriente Articulación, sostuvo que el Frente Amplio debe trabajar desde ya en «políticas concretas hacia el tercer gobierno».[3] Uno de los participantes resumió el objetivo de la reunión: «La principal preocupación es volver a ganar».[4] Lo cual exige no seguir perdiendo votos, como dicen todas las encuestas. Villaverde llegó a ser más explícito: «La idea fue mostrar que entre la gente que estaba en el asado de Solanas se encuentra buena parte del recambio generacional llamado a ocupar nuevas responsabilidades de gobierno. Esa fue la foto que se quiso mostrar».[5] Clarísimo. De eso se trata. Asegurar la reproducción de una capa social de administradores. Porque la política es, para ellos, la gestión de los entendidos. En el Frente Amplio, dicen, hay un orden estatutario. Que garantiza tanto la «unidad en la diversidad», como la «participación de las bases». Muchos se lo creen todavía y siguen aferrados al libreto. Obviamente, no es el caso de los comensales de Portezuelo. Ellos saben muy bien que las «formalidades orgánicas» son nada más que mecanismos funcionales. Que les permiten conquistar espacios políticos, negociar cuotas de poder, impulsar carreras personales, beneficiarse de cargos y prebendas económicas. Aunque, de vez en cuando, se vean obligados a convocar un Plenario Nacional para que se expresen, «democráticamente», los «militantes de fierro»; aquellos que se rompen el alma todos los días, van a un comité, a una coordinadora, hacen finanzas, volantean una feria, y defienden convencidos al gobierno: hasta «en la cola de una panadería». Un reciente estudio de la nueva Secretaría de Organización, calcula que el FA tiene alrededor de 10 mil militantes.[6] Son los que «construyen» y «acumulan» a favor del «proyecto». Sin embargo, ninguno de ellos fue invitado al asado. Mucho peor: se enteraron del «intercambio» entre sus amigos frenteamplistas a través de la «prensa enemiga». El «proyecto progresista» funciona como una gran corporación. Donde los accionistas mayoritarios son los dirigentes del Frente Amplio, la burocracia del PIT-CNT, y la tropa de entendidos que gestiona el aparato de Estado. Al tener acceso directo a los recursos materiales (dineros públicos) que brinda el «gobierno popular», la autonomía de esta nueva elite dirigente se refuerza. Es cierto, no todos hablan el mismo lenguaje ni emiten los iguales gestos. Pero defienden los mismos intereses corporativos. Se favorecen del reparto de dividendos siguiendo el famoso criterio: a cada quien según la tarea. O el servicio prestado. Porque el monto de la remuneración depende del escalafón jerárquico que ostenten en el orden institucional y en las organizaciones de la «sociedad civil». Cada tanto, como en cualquier corporación, reaparecen ciertas «disputas». Sobre todo en la «pulseada por el rumbo económico». Por un lado el «ala liberal» (astoristas), por otro lado el «ala izquierda» (mujiquistas). Aunque la «disputa» diste bastante de una «contraposición» de modelos. Unos dicen que el «crecimiento económico» es indispensable, otros que si pero «no suficiente». Un tire y afloje -que los medios de la derecha amplifican para intoxicar a la audiencia-, sin ninguna consecuencia favorable para la clase trabajadora. El rumbo continuará siendo el mismo. Sin fracturas. No solo porque los une la sociedad de un «programa común». Sino por aquello que «la principal preocupación es volver a ganar». Y las elecciones están cada vez más cerca.
No es necesario recurrir a la «izquierda radical», ni a ninguno de sus argumentos, para describir a esta fuerza corporativa. Alcanza con la cruda opinión de uno de los tantos (miles) de desencantados: «El Frente Amplio llegó al gobierno con la promesa de cambiar la política, pero el objetivo actual de la mayoría de sus dirigentes parece ser sólo el de perpetuarse en los cargos».[7]
Ganadores y perdedores
Mientras tanto, se va sabiendo quienes son los que ganan en el «país productivo». Según un informe del instituto Uruguay Siglo XXI, el negocio de los bancos privados repuntó en 2012 y ganaron US$ 110 millones; los préstamos otorgados crecieron 18% y los depósitos un 11%. Las exportaciones por su parte alcanzaron los 314 millones de dólares en la primera quincena de enero de 2013, esto significó un aumento de 15% respecto a igual período de 2012; el agronegocios (que explica alrededor del 25% del PIB y 70% de las exportaciones), sigue liderando. En tanto, las Zonas Francas «han cobrado gran relevancia en el comercio exterior de Uruguay»; la «mercadería en tránsito» con origen Uruguay (territorio franco) creció 7% en el periodo 2008- 2012 y alcanzó en este último año los US$ 1.463 millones. También se va sabiendo quienes son los que pierden. Aunque el desempleo sigue en un «nivel muy bajo» (6%), solamente en noviembre de 2012 se perdieron 12.000 puesto de trabajo; cuando la zafra turística termine, la cantidad de empleos perdidos aumentará. El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de registrar una caída en el «poder de compra» de los asalariados. El ingreso medio per cápita (sin valor locativo ni aguinaldo) fue de $ 12.552 (alrededor de 625 dólares mensuales) en noviembre de 2012, un 0,54% más alto que el mes anterior. No obstante, como la suba de precios en el mes fue mayor (+0,35%), el «poder de compra» del ingreso per cápita cayó un 0,57%. El ingreso medio en Montevideo era de $ 14.248 y en el Interior de $ 11.490.
Si consideramos que el salario mínimo está en $7.900 (poco más de 400 dólares mensuales), es fácil deducir que el ingreso promedio no alcanza los dos salarios mínimos. Estaría demás afirmar que estás «desigualdades» -en la distribución de los beneficios del modelo económico que aplica el progresismo-, no afecta a ninguno de los que estuvieron en la comilona de Portezuelo. Debido a que los ingresos en la corporación son bastante más altos: multiplican por diez, quince y veinte veces el salario mínimo. No obstante, indican la realidad de una precariedad salarial que, luego de casi ocho años de gobierno frenteamplista, no para de extenderse. Si a esto le agregamos que la pobreza alcanza al 24% de la población (ver Correspondencia de Prensa del 1º de enero de 2013), la conclusión es evidente: la «justicia social» que los cortesanos del progresismo no se cansan de pregonar, es lo más parecido a una estafa. Según el Comisionado para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé, en 2013 se superará el record de personas «privadas de libertad»: habrá 10.000. Cuando asumió Tabaré Vázquez (marzo de 2005) había unas 5.500. El funcionario destaca el alivio (temporario) que significa la baja en el nivel de hacinamiento en las cárceles (uno de los más altos del mundo); sin embargo, registra el problema de fondo: «el crecimiento constante de la cantidad de gente presa».[8] Suena natural. Si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de la población carcelaria está compuesta, además de «lumpenes-consumistas», por jóvenes desempleados, trabajadores precarios y pobres de la periferia urbana. Es decir, por personas que provienen de hogares con todas las «necesidades básicas insatisfechas». O sea, por los perdedores entre perdedores.
Como por razones socio-económicas la superpoblación presa seguirá creciendo, y ni siquiera tendrá solución cuando se construyan las nuevas cárceles (bajo la modalidad público-privada), el gobierno busca «atenuar» la corruptela policial y la violación de los derechos humanos de los presos. En el cuadro de un plan para impulsar un «cambio cultural» en la Policía, el Ministerio del Interior que dirige el tupamaro Eduardo Bonomi, piensa establecer «compromisos de gestión» a los encargados de las cárceles. Con incentivos económicos. Tal cual una empresa del mercado. Las direcciones de los penales obtendrán un sobresueldo cuando en la prisión no existan «procedimientos disciplinarios concluidos con falta constada por hechos de corrupción y malos tratos» hacia los detenidos. También habrá premios si en el centro penintenciario «aumenta la cantidad de reclusos que redimen días de pena por trabajo o estudio».[9] No es broma. El objetivo de las autoridades del Ministerio es impulsar ese «cambio cultural dentro de la corporación policial, para que esta «cuide y utilice» los «recursos materiales y humanos» que adquirió durante el actual gobierno. Es más, dentro de las prioridades está «mejorar» la relación de la Policía con la población general. Por eso, el Ministerio premiará (con dinero) también a los responsables de las Comisarías que no cuenten con «procedimientos disciplinarios» por «tratos crueles». Como se trata de un Ministerio de «izquierda», por lo menos la tortura es calificada de «tratos crueles». Un eufemismo menos hipócrita que el utilizado por la CIA: «interrogatorio mejorado».
Parece coherente este «cambio cultural» en las fuerzas represivas. Se acompasa mucho más con la imaginería de una país que, según el gobierno de Estados Unidos, «es líder en democracia y derechos humanos» para la región. Así lo manifestó María Otero, subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de la administración Obama. La funcionaria, en visita oficial, se reunió con el presidente José Mujica, el canciller Luis Almagro, el ministro (interino) del Interior, Jorge Vázquez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y con otras organizaciones civiles, informó sobre programas de cooperación (ya en curso) en el área de «seguridad ciudadana»; ofreció la ayuda del gobierno norteamericano para un programa de «evaluación del sistema carcelario» y para buscar «soluciones a los casos de violencia doméstica». Otero también expresó su apoyo a las «operaciones de paz» de Naciones Unidas (como por ejemplo las de Haití y el Congo, donde Uruguay participa), y a las medidas de «concientización de derechos». El gobierno Mujica celebra el reconocimiento. Ha recibido otra amistosa certificación del imperio.
Notas
[1] La República, 15-1-2013. [2] Citado por El País, 16-1-2013. [3] Citado por Búsqueda, 17-1-2013. [4] Citado por El País, 16-1-2013. [5] Citado por Búsqueda, 17-1-2013 [6] Informe de Pablo de los Reyes, secretario de organización del Frente Amplio, citado por Búsqueda, 17-1-2013. [7] Aníbal Corti, «La culpa no es del chancho», Brecha, 7-12-2012. [8] Entrevista en Brecha, 11-1-2013. [9] Nota sobre el plan del Ministerio del Interior para un «cambio cultural» en el trabajo policial. Búsqueda, 17-1-2013.