Políticos de izquierda y de la propia derecha, intelectuales, la iglesia católica y protestante, rechazan la introducción de pruebas genéticas a inmigrantes, pero el proyecto de ley avanza en Francia. Se trata de una polémica que a medida que avanza recibe más críticas, sin que por ello el gobierno y en particular su ministro de […]
Políticos de izquierda y de la propia derecha, intelectuales, la iglesia católica y protestante, rechazan la introducción de pruebas genéticas a inmigrantes, pero el proyecto de ley avanza en Francia.
Se trata de una polémica que a medida que avanza recibe más críticas, sin que por ello el gobierno y en particular su ministro de Inmigración e Identidad Nacional, Brice Hortefeux, renunciara al proyecto.
Además de convocar a un ácido debate en diversos programas de radio y televisión, la idea fue objeto de fuertes discusiones en el Senado y la Cámara Baja, aunque la gobernante Unión por un Movimiento Popular (UMP) goza de amplia mayoría.
La víspera, el Consejo Consultivo Nacional de Etica de Francia fustigó asimismo la controversial propuesta legislativa de que los candidatos a emigrar a Francia, en casos de reunificación familiar, se sometan a pruebas genéticas para demostrar su filiación.
El organismo afirmó que «la inscripción en la ley de una identificación biológica reservada sólo a los extranjeros contradice el espíritu de la ley francesa».
Igualmente señaló alarmado que la medida llevaría de forma inmediata a generalizar esas identificaciones genéticas, con lo cual se atentaría contra las libertades individuales.
El juicio en torno a las pruebas de ADN por parte del Consejo de Etica deploró además la presunción de fraude que pesa en los candidatos a la reagrupación familiar.
Aún así, el ala más conservadora y corrientes de la derecha en el Senado y la Asamblea Nacional pusieron empeño en atemperar el proyecto de ley y, entre otras cosas, aceptan que el costo de los exámenes genéticos correrá a cargo del gobierno.
Asimismo, las pruebas de ADN voluntarias servirán únicamente para demostrar la filiación del demandante con la madre, pero no con el padre. El dispositivo se aplicaría de forma experimental durante 18 meses, si tiene la aprobación parlamentaria final.