Organizaciones sociales y sindicales [1] han entregado una carta en las sedes de la Comisión Europea en Madrid y Barcelona destinada a Francisco Fonseca Morillo, Director de la Representación Permanente. Con ello se han sumado a la campaña internacional en oposición a las negociaciones comerciales que tienen lugar de forma antidemocrática y a espaldas de […]
Organizaciones sociales y sindicales [1] han entregado una carta
en las sedes de la Comisión Europea en Madrid y Barcelona destinada a Francisco Fonseca Morillo, Director de la Representación Permanente. Con ello se han sumado a la campaña internacional en oposición a las negociaciones comerciales que tienen lugar de forma antidemocrática y a espaldas de la sociedad.
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP) suscita una creciente oposición a ambos lados del Atlántico. Grupos de la sociedad civil de la Unión Europea y de EE UU han expresado su preocupación por una posible eliminación de salvaguardas y la degradación de normas y regulaciones en materia social, laboral, alimentaria, medioambiental, sanitaria y energética. Se vislumbra un recorte generalizado de los derechos fundamentales de la población y un poder de influencia sin precedentes para las grandes corporaciones.
El TTIP permitiría a los inversores reclamar indemnizaciones como resultado de regulaciones, leyes, normativas u otras decisiones gubernamentales que tengan el efecto de reducir sus oportunidades de lucro. Debido a que casi todas las medidas de la administración pueden ajustarse a esa definición, las políticas públicas han sido objeto de demandas inversor-Estado en todo el mundo.
Según las filtraciones de documentos «secretos», varias regulaciones previstas por el TTIP serían contrarias al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Además, los posibles impactos del Tratado sobre las reglas de seguridad alimentaria afectarían directamente a las y los consumidores causando problemas de salud.
En el ámbito de la salud y de la educación pública, el Tratado reforzaría la liberalización de los mercados de servicios, es decir, una mayor privatización de los servicios públicos, a pesar de que una amplia mayoría de la población se opone rotundamente a ello.
Finalmente, en un contexto de economía de casino financiero y responsable de la actual crisis, que impacta gravemente en los derechos básicos de la población mediante los recortes actuales, preocupa el objetivo del TTIP de liberalizar aun más los servicios financieros que podría impedir a la administración regular el sector financiero, restringir fusiones y adquisiciones, establecer impuestos y tasas a bancos y transacciones financieras, así como establecer un control de los capitales.
La eliminación de los controles sobre el capital y la liberalización de los servicios financieros ha exacerbado la crisis de la deuda europea. La consiguiente imposición de privatizaciones, el desmantelamiento de las leyes de protección laboral y los drásticos recortes sociales -mientras los bancos que alimentaron la crisis siguen protegidos por las leyes comerciales- son un reflejo del impacto devastador de las normas comerciales.
Ante esta situación, las organizaciones del Estado español demandan la paralización inmediata de las negociaciones del TTIP. Asimismo han emprendido una amplia campaña de denuncia y movilización a nivel europeo y transatlántico, con el objetivo de evitar que la firma del Tratado tenga lugar. En la misma línea, han reivindicando la urgente necesidad de un Mandato de Comercio Alternativo y una revisión del actual régimen comercial que desemboque en alternativas basadas en la democracia, cooperación, participación real, derechos humanos, justicia social, igualdad de género y sostenibilidad.
Notas
[1] Organizaciones firmantes: ATTAC España, Baladre, Confederación General del Trabajo (CGT), EdPAC, Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad-Cátedra UNESCO de Sostenibilidad UPC, HuertAula de Agroecología Cantarranas UCM, Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid, Marxa Mundial de Dones – Catalunya, Observatori DESC, Observatorio de la Deuda en la Globalización, Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia, Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid, Plataforma Rural (ACSUR-Las Segovias; Amigos de la Tierra; Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI); Colectivo Tierra de Campos; Colectivos de Acción Solidaria (CAS); Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU); Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG); Ecologistas en Acción; Emaús Fundación Social; Entrepueblos; Fundación Global Nature; GRAIN; Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos; Movimiento Rural Cristiano; Mundubat; Perifèries; Sindicato de Obreros del Campo (SOC-SAT); Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE); SODePAZ; Universidad Rural Paulo Freire (URPF); Justicia Alimentaria Global-VSF; Xarxa de Consum Solidari), Suds, Unión Sindical Obrera (USO)
Fuente: http://www.ecologistasenaccion.org/article27691.html