El 24 de junio, el Centro Palestino de Derechos Humanos (CPDH) presentó una querella criminal en la Audiencia Nacional contra ocho miembros de la cúpula militar israelí responsables del lanzamiento de una bomba de una tonelada de peso contra una casa del barrio de Al Daraj en Gaza el 22 de julio de 2002. La […]
El 24 de junio, el Centro Palestino de Derechos Humanos (CPDH) presentó una querella criminal en la Audiencia Nacional contra ocho miembros de la cúpula militar israelí responsables del lanzamiento de una bomba de una tonelada de peso contra una casa del barrio de Al Daraj en Gaza el 22 de julio de 2002. La bomba, cuyo objetivo era Salah Shehadeh, sospechoso de pertenecer a Hamás, mató a 15 personas, en su mayoría menores y bebés, hirió a 150, arrasó ocho casas, destruyó parcialmente otras nueve y causó daños moderados en otras 21.
Ésta es la primera querella en la historia judicial europea contra responsables directos de un ataque militar israelí, sea por formar parte de la cadena de mando o por su participación directa en su ejecución. Los acusados son Ariel Sharon, primer ministro israelí en aquel entonces ; Benyamin ben Eliezer, ministro de Defensa ; su secretario militar, Michel Herzog ; Moshe Yaalon, jefe del Ejército ; Avi Dijter, responsable de los servicios secretos del Shin Bet ; Dan Halutz, responsable del Ejército del Aire ; Guiora Eiland, jefe de operaciones militares, y Doron Almog, jefe militar de la región. La ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, les ha recomendado que no pisen suelo español, ya que podrían detenerles y juzgarles por crímenes de guerra. El Estado israelí rehúsa indemnizar a las víctimas del ataque alegando que no es responsable de los daños y perjuicios ocasionados. En diciembre de 2003 varias familias interpusieron una demanda de indemnización que probablemente sea desestimada por la modificación de las leyes de ilícito civil que impiden que la población palestina reclame daños y perjuicios al Gobierno de Israel.
Además, los tribunales israelíes han obstaculizado reiteradamente la investigación sobre el caso. El 30 de septiembre de 2003, el movimiento israelí Yesh Gvul (Hay un límite), creado tras la invasión del Líbano en 1982 y contrario a la agresión y represión militar a la población palestina, solicitó al Tribunal Superior israelí que exigiera al Fiscal General y al Abogado General Militar la apertura de una investigación criminal. Israel aseguró que la operación fue proporcional al objetivo militar de asesinar a Shehadeh y que el resultado final de la misma no había sido intencionado. El 3 de marzo de 2004 el Tribunal Superior suspendió la decisión en espera de resolver de una demanda de enero de 2002 del Comité Público contra la Tortura en Israel que cuestionaba la legalidad de la política israelí de asesinatos selectivos.
Tras la cumbre de Sharm-el Sheij, en la que Sharon se comprometió a suspender estas operaciones, el Tribunal Superior dictó una primera suspensión indefinida de la demanda del Comité. Yesh Gvul le pidió reabrir la investigación penal sobre Al Daraj y el 5 de septiembre de 2004 el Tribunal volvió a suspender la demanda. En noviembre, la oficina del Fiscal General aceptó reabrir ambos procesos. Finalmente, el 13 de enero de 2006 el Tribunal resolvió que la política de asesinatos selectivos se ajusta a los principios de distinción y proporcionalidad, definida como el «equilibrio entre la ventaja militar y los daños civiles». En julio de 2002, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ataque por «ilegítimo y desproporcionado» y Reino Unido lo tildó de «ilegal».