En la actualidad, el sistema capitalista tiene distintos mecanismos de apropiarse de la riqueza generada, mecanismos que son complementarios a la explotación del trabajo asalariado. Con el objetivo de recuperar y aumentar la tasa de ganancia, el poder de las oligarquías y el dominio en el campo ideológico, el sistema genera toda una serie de […]
En la actualidad, el sistema capitalista tiene distintos mecanismos de apropiarse de la riqueza generada, mecanismos que son complementarios a la explotación del trabajo asalariado. Con el objetivo de recuperar y aumentar la tasa de ganancia, el poder de las oligarquías y el dominio en el campo ideológico, el sistema genera toda una serie de procesos que tratan de garantizar su reproducción material y de clase. El geógrafo David Harvey lo ha denominado como la etapa de la desposesión, entendida como una situación en la que se intensifican los mecanismos a través de los cuales se expolia al trabajador del excedente que ha logrado retener mediante su salario. Así, el capital logra recuperar en el ámbito de la circulación parte de lo que se le ha escapado en el ámbito de la producción, que es donde se reparte el excedente.
Las formas de desposesión son múltiples y cada una puede tener distintos actores y procedimientos. El aumento inducido de los precios de los productos necesarios para la vida, los procesos de mercantilización y privatización de servicios públicos universales como la salud y la educación, los sistemas impositivos regresivos e injustos, los intereses de la deuda pública y privada, el control sobre los medios de comunicación y la cultura, son ejemplos de estos mecanismos de desposesión sobre los distintos espacios de nuestra vida personal y colectiva, tanto en el ámbito material como en el político e ideológico.
En cada economía, y en distintos momentos históricos, los mecanismos de desposesión utilizados con más intensidad varían, por lo que es necesario analizarlos y sacarlos a la luz [1]. De hecho, cuando en el libro «La mano visible del mercado» Pasqualina Curcio desentraña rigurosamente las armas económicas utilizadas contra Venezuela, está vislumbrando los distintos mecanismos de desposesión del bienestar material y derechos de soberanía que las clases dominantes están aplicando sobre las clases populares venezolanas [2].
Uno de los mecanismos de desposesión más efectivos y más utilizados es el del endeudamiento público en coordinación con un sistema de impuestos regresivos. Este instrumento funciona con más intensidad cuando debido a la crisis generada por las contradicciones intrínsecas de la acumulación capitalista, el Estado ve disminuir sustancialmente sus ingresos tanto por la caída de la recaudación de impuestos como por la venta directa de productos, como es el caso de la mayoría de países en Latinoamérica con la caída de los precios de las materias primas. Simultáneamente, el Estado puede decidir políticamente aumentar el gasto público para hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis y la reactivación económica. Es fácil entender que en esta situación un Estado pueda incurrir en déficit fiscal y requiera financiación. Ésta puede venir del sistema financiero nacional o internacional (deuda pública interna o externa), sabiendo que para los países latinoamericanos la primera suele ser en moneda nacional y la segunda en dólares, pero que por ambas habrá que pagar un tipo de interés que viene determinado por los llamados «mercados» [3] con la estimable colaboración de las agencias de calificación (a las que desentrañamos desde Celag en un reciente artículo [4]).
Estas tasas de interés son especialmente altas para América Latina y su determinación no se corresponde ni con el nivel de endeudamiento público (un 34,7% en 2015, muy inferior al de los países centrales y que tienen tasas de interés mucho más favorables), ni con las cifras macroeconómicas de crecimiento, ni con la capacidad y el cumplimiento de los pagos [5]. Estos elevados tipos de interés se corresponden con la correlación de fuerzas existentes en el sistema financiero internacional y que sitúa a Latinoamérica en una situación geoeconómica debilitada y frágil frente a los movimientos financieros especulativos. Más adelante volveré a este punto.
Toda esta situación descrita intensifica el crecimiento de la deuda pública, para el pago de la cual tendrán que destinarse cada vez una mayor cantidad de recursos públicos presentes [6] y futuros. En última instancia, estos recursos se obtienen a través de los impuestos y de la venta, principalmente, de materias primas. En otras palabras, esta deuda pública son derechos que el sistema financiero tiene sobre la riqueza presente y futura de la economía real. Por un lado, sobre el valor creado por los trabajadores que tendrán que dedicar parte de su jornada de trabajo futura a pagar unos impuestos que servirán para cumplir con las obligaciones de la deuda. Y, por otro lado, es un derecho sobre los recursos naturales del país que serán vendidos para hacer efectiva esta obligación.
Es así como la deuda pública se convierte en un mecanismo muy eficiente de transferencia de renta y riqueza de la población al capital financiero. Este mecanismo de redistribución a favor del capital es más eficiente, y más injusto socialmente, cuanto más regresivo es el sistema tributario, es decir, cuanto mayor es el esfuerzo y la participación de las clases populares en la recaudación. El informe de la CEPAL sobre el panorama fiscal de América Latina para el 2016 pone de manifiesto que el sistema impositivo de la región se caracteriza por su regresividad y por no recaudar lo que podría, en especial a las rentas más altas y al capital: la recaudación impositiva en la región no llega al 19% del PIB (muy lejos del 35% de media de los países de la OCDE), el grueso de esta recaudación recae en impuestos indirectos suponiendo un mayor esfuerzo para las clases populares [7], los impuestos directos no alcanzan un tercio del total recaudado siendo muy baja la tasa media pagada por las rentas más altas (según el informe el 10% más rico paga un 5,4% efectivo), los impuestos sobre el beneficio para las grandes empresas son ridículos y llenos de bonificaciones, y el impuesto sobre el patrimonio, que grabaría a las clases más acomodadas, es casi inexistente.
Con este panorama queda claro el potencial de desposesión para la población de la región que supone el mecanismo de endeudamiento público en coordinación con el sistema fiscal latinoamericano. En este sentido, vale la pena destacar que durante la actual crisis del sistema capitalista el endeudamiento de la región ha venido protagonizado principalmente por un endeudamiento interno en la moneda nacional de cada uno de los países. Este hecho ha provocado que en poco más de una década el peso de la deuda pública interna sobre la deuda pública total haya pasado de suponer el 35% al 70% actual [8]. Este hecho pone de manifiesto que se está produciendo un cambio en cuanto a los actores protagonistas de este mecanismo de desposesión, en el que el capital financiero-bancario de los países de la región (o al menos, filiales de la banca internacional que operan en territorio latinoamericano) ha ganado importancia como receptor de esta riqueza desposeída a la población. Como se ha puesto de manifiesto desde Celag en artículos anteriores, la banca es el gran ganador en este siglo XXI en América Latina [9].
Para concluir, hay que tener presente que la deuda pública como arma de desposesión no solo constituye un mecanismo de transferencia de renta de abajo hacia arriba, sino que históricamente ha sido un instrumento realmente poderoso para condicionar e imponer a los países políticas económicas de corte neoliberal, y América Latina tiene una amplia experiencia en la materia. Actualmente este instrumento sigue más fuerte que nunca y debemos volver a mencionar el protagonismo en este campo de las agencias de calificación. Agencias cuyos análisis están ampliamente desacreditados y que estratégicamente en muchas ocasiones responden a factores políticos e intereses del capital financiero. Esto supone una desposesión en el ámbito de la soberanía política de los países y, por lo tanto, de su población. Decía al comienzo de este artículo que la desposesión no se produce exclusivamente en el ámbito material de la vida humana, sino que tiene una incidencia directa en el campo de los derechos políticos de la población, que lógicamente, en última instancia, tendrá un impacto sobre sus condiciones materiales. Es imprescindible analizar estos procesos en su totalidad para determinar el alcance de los distintos mecanismos de desposesión que operan en la región, sacarlos a la luz y hacerles frente desde los distintos espacios de lucha política.
Notas:
[1] En los años ochenta, el endeudamiento externo fue uno de los mecanismos de desposesión más exitosos en Latinoamérica, puesto que no solo generó una transferencia de renta colosal hacia el capital financiero internacional sino que abrió la puerta a la intensificación de otros mecanismos como la mercantilización y privatización de servicios públicos y la apropiación de la explotación de los recursos naturales por el capital privado.
[2] La autora destaca principalmente cuatro mecanismos: el desabastecimiento programado de bienes esenciales, la inflación inducida, el boicot en el suministro de bienes de primera necesidad y el embargo comercial encubierto.
[3] Los mercados son un entramado de empresas del sector financiero internacional: bancos, gestoras de fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones, fondos soberanos, fondos de capital riesgo, etc. El negocio de todos ellos consiste en la obtención del máximo beneficio mediante la concesión de préstamos a los Estados (de todos los niveles territoriales) y empresas pública y privadas.
[4] http://www.celag.org/agencias-descalificadas/
[5] Es de sobra conocido, aunque siempre es necesario recordarlo, que la mayoría de dificultades de pago de la deuda externa de los países latinoamericanos han venido por factores especulativos y políticos con intereses en los países centrales.
[6] Por ejemplo, de acuerdo al Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) en el 2013 Brasil destinó el 42,2% del presupuesto público al pago de la deuda, Argentina destinó el 38,4% y Colombia el 24,3%.
[7] Aunque hay excepciones como Venezuela, Bolivia y Ecuador que se han apoyado más en la riqueza derivada de las rentas de los recursos naturales que en los impuestos sobre el consumo. No obstante, estos últimos siguen siendo más importantes que los directos.
[8] Para una muestra de países de referencia de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.
[9] http://www.celag.org/la-banca-y-su-mano-invisible/ y http://www.celag.org/informe-las-ganancias-de-la-banca-privada-en-america-latina/
Este artículo ha sido publicado en http://www.celag.org/la-
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