La Directiva europea de retorno de emigrantes ilegales, también conocida como «Directiva de la vergüenza», propuesta por la Comisión Europea en el 2005 se votó el pasado día 7 de mayo en el Comité de Representantes Permanentes ante la Unión Europea (COREPER), como paso previo a su votación en el Parlamento Europeo, prevista para el […]
La Directiva europea de retorno de emigrantes ilegales, también conocida como «Directiva de la vergüenza», propuesta por la Comisión Europea en el 2005 se votó el pasado día 7 de mayo en el Comité de Representantes Permanentes ante la Unión Europea (COREPER), como paso previo a su votación en el Parlamento Europeo, prevista para el día 5 de junio. Afortunadamente, el Parlamento Europeo no podrá someter a votación esta Directiva, pues 11 de los 27 países miembros votaron en contra (España lo hizo a favor) en el COREPER, no obteniéndose la mayoría cualificada necesaria para su aprobación. Esta norma, destinada a la repatriación por la vía rápida de personas que se encuentren de manera irregular en el territorio de la UE contemplaba, entre otras medidas:
- La posibilidad de retener a las personas sin papeles hasta 18 meses en centros de internamiento con una mera orden administrativa; es decir, sin la intervención preceptiva del juez, que se limitaría a confirmar la decisión «lo antes posible» (contra el plazo de 72 horas inicialmente previsto).
- La posibilidad de internar en los mismos centros a personas mayores de edad y a niños.
- La prohibición de entrar al territorio de la Unión Europea durante un periodo de 5 años para todos los que sean expulsados.
A la vista de estas medidas no es de extrañar que numerosas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes realizaran una fuerte campaña en contra (http://directivadelaverguenza.org/ ) y que se manifestaran el 7 de mayo en Bruselas. La Directiva de la vergüenza, como ellas la bautizaron, al final no ha salido adelante; pero, ¿debemos congratularnos por esta pequeña victoria? Si atendemos a algunos de los motivos de los representantes de los Estados miembros que votaron NO, desde luego que no debemos estar demasiado contentos, sino que más bien podemos escandalizarnos. Estos son algunos de los motivos que se podían leer en el diario ABC (perdón por la fuente…):
Reino Unido y Suecia votaron negativamente porque, para ellos, el plazo de retención de hasta 18 meses que establecía la Directiva propuesta es excesivamente limitado, pues sus legislaciones (y las de otros 7 países más de la UE) permiten retener ilimitadamente a las personas sin papeles.
Austria, Alemania y Grecia se han opuesto a que los Estados tengan que asumir los costes de la asistencia jurídica a los inmigrantes, tal y como planteaba la Directiva.
Francia no está de acuerdo con el periodo de retorno voluntario establecido en 6 meses para los menores, pues pretende que su expulsión pueda ser también inmediata.
La no aprobación de la Directiva, sin embargo, sólo supone una pequeña piedra en el camino. Como ya ocurriera con la Constitución Europea relanzada en el Tratado de Lisboa tras el rechazo en referendum por los ciudadanos holandeses y franceses, la Comisión Europea ya ha anunciado que habrá que renegociar algunas modificaciones para que la Directiva de retorno pueda seguir adelante. Ahora bien, que la nueva reformulación de la Directiva recoja las quejas mencionadas de los Estados miembros, o que, por el contrario, recoja las protestas de los ciudadanos, dependerá del ruido que éstos sean -seamos- capaces de hacer. Precisamente para hacer ruido, para quejarse, uno tiene que estar informado y precisamente por la falta de información y de participación ciudadana con la que se toman las decisiones en la Unión Europea es por lo que el espacio legislativo europeo constituye un lugar perfecto donde tomar este tipo de decisiones vergonzosas. Lejos de miradas indiscretas, de ciudadanos curiosones y de la presión inmediata de los medios de comunicación, cada día se fraguan se podría decir que casi con total impunidad y anonimato unas decisiones que cuando llegan a nuestros oídos ya están tomadas. Más que nunca parece oportuno reivindicar aquella frase de Federico Mayor Zaragoza, «democracia no es que te cuenten, es que te tengan en cuenta». Y más que nunca parece ser necesario recordar a los que nos gobiernan allá lejos, en las Europas, que los estamos vigilando, y que somos conscientes no solamente de cuáles son nuestros derechos como europeos, sino de cuáles son los derechos de cualquier ser humano. Por si no fuera bastante con los recortes progresivos pero constantes de nuestros derechos sociales y económicos que viene llevando a cabo la Unión Europea; ahora va en contra de los más elementales principios de justicia, de los derechos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, derechos garantizados -entre otras- en nuestra Constitución de 1978; derechos que se consideran inspiradores de todo el ordenamiento jurídico y que son el «fundamento de la paz social».
¿Retener (que no detener ) a alguien hasta 18 meses sin que haya cometido un solo delito? ¿Y sin intervención de juez alguno? Personalmente, me pone los pelos como escarpias pensar que tales sandeces son propuestas serias de la Comisión Europea y no de algún paleto -con perdón- de mi barrio. No hace falta saber demasiado Derecho para darse cuenta de que eso es una detención ilegal, un secuestro en toda regla. Tampoco hace falta ser un profundo conocedor de la globalización o de las relaciones internacionales para darse cuenta que la restricción de los derechos de los migrantes no es la solución para arreglar lo que es simplemente un problema de redistribución. Nuestros gobernantes europeos y nacionales deben saber que el problema de las migraciones durará justamente el tiempo que perdure el esquema económico que las hace necesarias. Por el cambio de ese injusto esquema pasa la solución y no por la restricción de los derechos de las personas.