La ‘directiva de la vergüenza’, lista para ser aprobada

«El Gobierno sigue con la táctica de utilizar un lenguaje humanitario y respetuoso con los derechos de las personas y realizar una práctica absolutamente contraria», afirma la ONG Prodein. Esta organización denuncia la forma en la que se han resuelto las reclamaciones -respeto y derecho a llegar a la península- de los 50 sin papeles en huelga de hambre desde el 12 de mayo, en Melilla (ver DIAGONAL Nº 79). El 2 de junio estos huelguistas, dada la indiferencia ante su protesta y su delicado estado de salud, decidieron suspender la huelga, pero mantener la concentración ante la Delegación de Gobierno. El 4 de junio, un dispositivo policial cercaba a parte de los concentrados e iniciaba su expulsión. Para numerosas asociaciones, esto recuerda las prácticas de Francia e Italia, y es un reflejo más del consenso de los gobiernos europeos sobre la gestión represiva de los flujos migratorios.

Borrador de directiva

El 5 de junio, el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE daba el visto bueno a la propuesta de directriz sobre la expulsión de sin papeles, también conocida como ‘directiva de la vergüenza’. La norma avanza a pesar de las denuncias, como la del comisario europeo de Derechos Humanos (DD HH), T. Hamnarberg, quien considera que la directiva de retorno «vulnera» los DD HH, y «criminaliza» a los inmigrantes. Por su parte, la secretaria de Estado para la Inmigración y la Emigración del Gobierno español, Consuelo Rumí, considera la directiva equilibrada y con garantías. Los ministros aprobaron sin unanimidad el borrador. Las discrepancias giraban en torno a la obligación o no de dar asistencia jurídica gratuita a los sin papeles que presenten recurso ante su expulsión. Algunos países como Alemania se oponían por el coste económico. El borrador pactado por los 27 reconoce la obligación de dar asistencia legal gratuita de acuerdo con la legislación de cada país en lo relativo a las disposiciones del estatuto del refugiado.

Por su parte, la UE ofrecerá ayuda financiera comunitaria. El resto de las medidas se mantiene. El texto aún debe ser ratificado por los eurodiputados el 18 de junio. Mientras, la campaña para evitar su aprobación redobla su intensidad : cartas a los eurodiputados, denuncias por parte de centenares de organizaciones europeas (incluso el sindicato CC OO se opone a ella) y un sinfín de movilizaciones. Además, se ha convocado una concentración para el 10 de junio en Fuerteventura y una jornada europea de lucha para el 17 de junio.