En medio de una ofensiva continental contra los pueblos indígenas y el derecho a la consulta para la obtención del consentimiento, previo, libre e informado; ha dado lugar a una enorme preocupación por parte de los pueblos indígenas, los que vemos nuestros derechos territorios ancestrales diluirse con artilugios que minan el derecho a la libre […]
En medio de una ofensiva continental contra los pueblos indígenas y el derecho a la consulta para la obtención del consentimiento, previo, libre e informado; ha dado lugar a una enorme preocupación por parte de los pueblos indígenas, los que vemos nuestros derechos territorios ancestrales diluirse con artilugios que minan el derecho a la libre determinación.
Muestra de ello es la aseveración de Juan Manuel Santos que en Colombia la consulta previa se ha convertido en un dolor de cabeza, hasta el intervencionismo del PNUD en Honduras, donde promueve un anteproyecto que no fue consultado de la forma debida, y que a pesar de los cambios efectuados en el texto, continua desconociendo el espíritu del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Es evidente que la ofensiva es continental y está destinada a distorsionar y frenar los reclamos de los pueblos indígenas en relación a la defensa de los territorios ancestrales, bienes comunes, y por ende nuestras culturas.
Desde la construcción del muro Trump en el territorio Tohono o’odham (Papago) hasta las represas en el territorio Mapuche en Chile, se demuestra las inconsistencias por parte de los estados-nación quienes sobreponen los intereses de empresarios y políticos sobre los derechos ancestrales de nuestros pueblos, recurriendo a la criminalización y asesinatos de líderes y liderezas.
En el caso de Honduras, después de dos décadas de haber sido ratificado el Convenio 169, el Estado impulsado por ONU REDD- PNUD y el AVA FLEGT de la Union Europea, comenzó a promover en el año 2012 la elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta. Para el 2016, el Estado descartó las propuestas elaboradas por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) y la Dirección General de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, para posteriormente contratar un equipo de asesores extranjeros, los cuales elaboraron una copia de la controvertida Ley de Consulta del Perú.
El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH) introdujo al Congreso Nacional un anteproyecto de Ley en mayo de 2016, el que hasta el momento ha sido desdeñado por el Estado, el cual busca imponer una Ley de Consulta que se adecue a los intereses de los empresarios y del AVA FLEGT-REDD.
A pesar de las observaciones presentadas por la Relatora de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, la sra. Vicky Tauli-Corpuz, tanto en el «Coloquio Internacional sobre la consulta previa» (Mexico, 8-12-16) como en su posterior «Informe de comentarios sobre el anteproyecto de Ley Marco de Consulta Previa del Gobierno de Honduras» (22-12-16) señalan la ausencia de «buena fe» por parte del Estado, además de las incongruencias y omisiones.
La relatora efectuó una visita a Honduras en abril del presente año en relación al proceso que se ha venido dando con la consulta previa. La relatora en su informe preliminar indico que: «exhorto a las partes a desarrollar un diálogo incluyente sobre la propuesta de reglamentación de la consulta. Los pueblos indígenas solicitan que se dé un diálogo más profundo con el Estado para poder entender la ley que se está proponiendo, sus conceptos claves, las mismas definiciones de las nociones de consulta y de consentimiento en el derecho internacional; además, consideran que la socialización que se ha llevado a cabo hasta el momento no es suficiente para poder expresar sus puntos de vista y hacer propuestas concretas sobre el contenido, y que más tiempo y claridad en los procedimientos es necesario. Considerando que estas observaciones fueron planteadas por varias y diferentes organizaciones e individuos, exhorto a la prudencia y a evaluar cautelosamente si existen las condiciones para la rápida adopción de la ley prevista¨.
Agrego además: «es evidente la necesidad de construir confianza entre las partes, y en esta perspectiva, insto al Estado a multiplicar sus esfuerzos para respetar, promover y proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas a la protección de la tierra, sus territorios y los recursos, a la justicia, a los derechos culturales, entre otros. Es a través de avances concretos en estas áreas que se va a crear la confianza necesaria para avanzar en la regulación de la consulta, y los pueblos solicitan que estos temas se aborden al mismo tiempo que se elabore una ley de consulta para que la misma proteja plenamente sus derechos».
El asesinato de Berta Cáceres a manos de militares activos y ejecutivos de la Empresa DESA, es un crimen que hasta la fecha continua en la impunidad, sin que el estado de Honduras investique quienes fueron los autores intelectuales del crimen. Berta Cáceres participo de lleno en la elaboración del anteproyecto de Ley de Consulta elaborado por ODIPINH; y podemos de forma enfática señalar que el asesinato de Berta se encuentra relacionado directamente con su defensa a la consulta previa, la cual ha sido desdeñada y tergiversada por el Estado y empresarios.
El afán en que ha incurrido el Estado en la aprobación de su versión de ley, demuestra el peso que tiene el requerimiento de ONUREDD y el AVAFLEGT (Unión Europea) de la creación de salvaguardas para poder implementar sus proyectos en Honduras. El apremio consiste en las fechas tope que ha señalado el AVAFLEGT. Mientras tanto, los pueblos indígenas en Honduras enfrentamos las consecuencias de una serie de leyes y decretos que durante 20 años fueron emitidos sin consulta alguna, y ya han dado lugar a múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, que no fueron investigados de forma fehaciente y consecuentemente quedaron en la impunidad.
La actitud asumida por el Estado-PNUD, DINAFROH y CONPAH, de imponer una versión donde confundieron de forma deliberada socialización con consulta, demuestra la ausencia total de «buena Fe», desmerita los esfuerzos realizados y conlleva a que los pueblos indígenas desconfíen aun más de la instituciones gubernamentales, situación que ya se había agravado con el golpe de estado (2009) y la defenestración de la Corte Constitucional (2012).
La OIT debería tomar nota de las recomendaciones de la Relatora Vicky Corpuz en relación a la consulta sobre la ley de consulta previa, y las distorsiones que se vienen dando en Honduras, y como los pueblos indígenas hemos sido afectados por la sistemática distorsión del Convenio 169.
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