Desde 1989 hasta 2012 ya han sido asesinados unos 120 campesinos y ninguno de estos casos ha sido esclarecido
La matanza de Curuguaty costó la vida a 17 personas y un golpe de Estado parlamentario en Paraguay. Además, está suponiendo la criminalización de campesinos y organizaciones y la consolidación del modelo de agronegocio que necesita acumular tierras sin gente. El actual gobierno y la justicia juegan a favor de un bando… y éste no es el campesino.
«Qué pasó en Curuguaty» es ya la fórmula establecida por la sociedad paraguaya para raclamar el esclarecimiento de una matanza que provocó la crisis política más importante de los últimos 20 años de Paraguay que costó 17 muertos y la caída de un gobierno legítimo. Es el hecho con mayor número de víctimas en la lucha por la tierra durante el período democrático.
Los hechos tuvieron lugar el 15 de junio de 2012 durante un procedimiento fiscal y policial en una ocupación de tierra en el territorio de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los civiles ocupantes con el resultado de 11 campesinos y 7 agentes de policía muertos, así como un número indeterminado de heridos por armas de fuego. Estos acontecimientos provocaron el golpe de estado parlamentario que terminó con la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo, en un juicio que duró alrededor de 24 horas. Desde entonces, asumió el cargo el ex vicepresidente Federico Franco y se consumó la ruptura del orden democrático.
En la sucesión de hechos ocurridos desde la matanza, no podemos olvidar la criminalización de los supervivientes, la parcialidad de las investigaciones o el asesinato el pasado 2 de diciembre a manos de sicarios del campesino Vidal Vega, un testigo importante en el esclarecimiento de la masacre. Esta es la historia de la impunidad al servicio del (agro) negocio.
El contexto agrario en Paraguay
La injusta distribución de la tierra en Paraguay tiene una larga historia. El principal medio de producción del país está concentrado en manos de una oligarquía terrateniente, de forma que casi el 90% de la tierra está en manos del 2% de la población. De hecho, según el informe de la International Land Coalition de 2011, Paraguay es el país con mayor concentración de la propiedad agraria de toda América Latina, seguido por Brasil, Uruguay y Panamá.
Esta concentración de la tierra ha derivado en una constante conflictividad social que se traduce en ocupaciones, cortes de ruta y movilizaciones por parte de campesinos sin tierras, como formas de lucha para obtener un pedazo de tierra en el cual vivir y ejercer sus derechos. La respuesta por parte del Estado es la persecución, la criminalización de la protesta campesina, la imputación y la prisión.
Desde 1989 hasta 2012 ya han sido asesinados unos 120 campesinos y ninguno de estos casos ha sido esclarecido.
Llegamos a Curuguaty
Hay que tener en cuenta que la disputa por el acceso a la tierra no involucra solo a grandes propietarios y campesinos. Paraguay es un país históricamente dependiente de la exportación agropecuaria y cuenta con uno de los mayores índices de desigualdad en la distribución de la propiedad rural en el mundo. La consecuencia directa de este estado de cosas es un alto grado de conflictividad frente a los cuales toma parte la mayoría de los actores políticos, sociales, económicos, religiosos, etc, en función a determinados intereses.
El conflicto de Curuguaty surge por un terreno en disputa entre campesinos que reclamaban por la vía legal desde 2004 la recuperación de unas tierras destinadas a la reforma agraria de un inmueble de 2.000 hectáreas (donado por la empresa La Industrial Paraguaya SA -LIPSA) y Blas N. Riquelme, empresario y político colorado quien había presentado una demanda de usucapión (un modo de adquirir la propiedad de un bien), alegando que esas tierras, ocupadas por su empresa Campos Morombí, eran suyas por haberlas estado usando de forma continuada durante 20 años.
El 15 de junio se realizó una acción de desalojo del inmueble en territorio de Curuguaty como consecuencia de una denuncia por delito de invasión del inmueble ajeno planteada por la empresa Campos Morombí.
Prácticamente todos los actores sociales pensaban que esas tierras eran propiedad de Blas N. Riquelme y que existía una orden de desalojo dictada para proceder con la expulsión de los «invasores». Esta ha sido la versión oficial, la que los medios se han encargado de difundir en apoyo a la Fiscalía, que investiga de forma parcial el caso, a pesar de que luego se ha demostrado que la empresa Campos Morombí no tenía legitimidad para denunciar la invasión al carecer de título de propiedad.
El operativo de desalojo contó con 324 efectivos policiales y debía negociar la salida de unos 60 campesinos. Dos columnas de policías se acercaron a la finca desde dos flancos rodeando a los campesinos. Los efectivos policiales estaban compuestos por agentes de grupos antimotines desarmados, portando únicamente escudos y porras, efectivos de la Policía Nacional con pistola al cinto y, más atrás, otros efectivos con armas largas. En la entrada fueron recibidos por un grupo de 30 campesinos entre los que se encontraban mujeres y niños. En medio de la negociación se desencadenó un tiroteo que derivó en una brutal matanza que terminó con la vida de 6 policías y 11 campesinos, dejando decenas de personas heridas.
La situación de los presos y heridos
El trato ha sido desigual desde el principio con respecto a las víctimas, priorizando en el rescate y la atención médica a los policías heridos, mientras que en el caso de los civiles no fueron evacuados de forma inmediata sino que en algunos casos fueron torturados por los agentes de la Policía. En cuanto a los campesinos fallecidos, recibieron un tratamiento indigno y, apilados como ganado en un viejo camión, fueron devueltos a los familiares cuando era imposible que fueran reconocidos, faltando así al duelo y a las creencias religiosas entre los campesinos paraguayos.
Un número significativo de víctimas civiles murió después de que acabara el enfrentamiento y el tiroteo más intenso. Numerosas declaraciones señalan que varios de los campesinos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales estando heridos o después de haberse entregado a la Policía.
La orden de la Fiscalía fue la detención de toda persona que se encontrara en la finca o que estuviera inscrito en una lista que encontraron en el campamento, incluso a familiares que se acercaban al hospital a visitar a las víctimas. A todas estas personas se les dictó prisión preventiva.
En total son 63 imputados, 11 están presos, entre ellos dos mujeres. 9 de ellos estuvieron en huelga de hambre como forma de protesta y, como consecuencia, ahora hay 5 presos en el penal Coronel Oviedo y 4 están enprisión domiciliaria. Actualmente, dos de los encarcelados están en huelga de hambre, uno de ellos es el líder Rubén Villaba, acusado de ser el principal instigador de la masacre, según la versión oficial de la Fiscalía. En prisión, no se les deja ver por sus familiares.
La Fiscalía, por su parte, no ha abierto ningún proceso para investigar la acción policial y perseguir crímenes tipificados como como delitos de lesa humanidad, no sólo por la crueldad en la ejecución sino por la impunidad que acarrean según establece en su informe alternativo la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC).
La investigación oficial
«Dijeron que era un francotirador y el machete nomás tenía en la mano». Este es uno de los testimonios de los campesinos, que clarifica la cadena de despropósitos de la investigación del caso.
Para comenzar, los dos fiscales que fueron los directores del operativo conformaron también el equipo de investigación, Ninfa Aguilar y Diosnel Giménez. El 20 de junio toma intervención de la causa el fiscal Jalil Rachid, quien mantiene vínculos con la familia del empresario y político colorado Blas N. Riquelme, una de las partes involucradas en el conflicto. Por si faltara algo en esta serie de irregularidades, hoy se ha conocido que el fiscal Rachid reconoce que no puede determinar el grado de participación de cada uno de los acusados. Aún así, no da marcha atrás y la Fiscalía los acusará por asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio doloso. » El Ministerio Público está en condiciones de demostrar que estas personas iniciaron el fuego», insiste Rachid, apoyándose, según manifestó, en el testimonio de una persona que estuvo en el inmueble el día de la masacre (Hay 50 testimonios que dicen lo contrario pero no importa), tal y como reporta este lunes 11 de febrero la agencia Nova Paraguay.
La versión oficial en la que insiste la Fiscalía se resume básicamente en la idea de que los campesinos emboscaron a la Policía, contando para ello con 6 escopetas de caza, a pesar de que estas declaraciones no encajan con la versión de los hechos.
La fiscalía obró al revés de como debería hacer un investigador ya que primero llegó a una conclusión y después fue buscando las pruebas que justificaran esa hipótesis. Ante tales aberraciones, la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) presentó un informe de investigación alternativo en el que se denuncia la falta de garantías para que se de una investigación imparcial, la manipulación de pruebas, las falsas imputaciones realizadas, la inexistencia de pruebas periciales que sustenten la teoría fiscal y la criminalización de los campesinos.
Según el Informe, que también fue presentado en conferencia en España, organizado por el colectivo Paraguay Resiste en Madrid, durante el enfrentamiento, que fue grabado en vídeo, se escuchan ráfagas que han sido identificadas como de fusiles automáticos M16, armas de guerra de gran potencia. Estas armas no se encuentran entre las pruebas. Se presume por tanto que francotiradores apostados en los laterales dispararon a los policias, ya que es difícil pensar que esos campesinos quisieran plantar cara a más de 300 agentes, contando además con la presencia de mujeres y niños. (Ver el vídeo del momento de la balacera).
Esta versión de los hechos se niega de forma sistemática a pesar de las fuertes evidencias, ya que esto haría vislumbrar que todo era algo ya orquestado para estigmatizar a los campesinos sin tierra y expulsar así a un presidente afín a los movimientos de base.
Las víctimas de un solo lado: «Y a la policía no se le juzga por su mal actuar. Y sin embargo a los campesinos. ¡Cómo nos persiguen!».
Como dijo Mario Ferreiro, candidato presidencial por Avanza País, «basta leer a Rafael Barret para saber de dónde viene la historia y el futuro: los que fallecen son siempre los hijos del pueblo«.
Es denotada la parcialidad de la información producida por los medios, que reproducen la versión de la Fiscalía sin mostrar las voces de los campesinos, a quiénes presentan como invasores y a los policías como víctimas. A los campesinos se les imputa los presuntos hechos de homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción y coacción grave.
No basta con decir quiénes son los culpables, hay que demostrar qué participación tuvo cada uno, cuáles son las pruebas. A pesar del descubrimiento de la falta de titularidad de Blas N. Riquelme sobre las tierras que desataron el conflicto, los detenidos siguen imputados por invasión de inmueble ajeno, sin investigar siquiera la titularidad de la finca.
Se vulnera el derecho a la defensa de los detenidos, el derecho a un juicio justo, con imparcialidad, siguiendo con un modelo procesal inquisitorial que viola el código penal paraguayo.
Protestas ciudadanas
Según Orlando Castillo, abogado defensor de los derechos humanos, el 70% de la población paraguaya se pregunta qué pasó en Curuguaty. Por ello, una parte de la sociedad paraguaya se ha lanzado a la calle a reivindicar justicia en diferentes actos como el 20 Noviembre, con la Acampada frente a la Fiscalía General en Protesta por la situación de los presos; el 1 de diciembre, con la manifestación frente a la sede de la Fiscalía condenando el asesinato de Vidal Vega; el 10 diciembre, con una marcha desde la Plaza Uruguaya, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, y el 15 enero de este 2013, con un acto frente al Panteón por los 7 meses de impunidad desde la masacre.
Grandes terratenientes y el agronegocio. Un modelo agroexportador
Los poderes del estado siguen protegiendo únicamente los intereses de los grandes terratenientes y agroexportadores. En el año 2000 comienza una nueva oleada de capitalismo agrario impulsado por Monsanto con un arma fulminante: la soja transgénica, que se va expandiendo sobre tierras campesinas e indígenas, atentando directamente contra los derechos humanos y territoriales.
Entre 1997 y 2006, cada año han sido expulsadas de sus tierras unas 9.000 familias campesinas, de forma que se ven obligadas a ubicarse en el cinturón de pobreza de las ciudades, configurándose un Paraguay de desplazados, como afirma Bartomeu Meliá, antropólogo español.
Con la asunción de Franco en junio del 2012 esos gremios de producción consiguieron fortalecer sus intereses dentro del Estado promoviendo la legalización de transgénicos para consolidar el modelo agroexportador.
Este país produce más de 15 millones de toneladas de granos para exportación al año pero ya casi no produce alimentos para los ciudadanos y se ve obligado a importarlos de países vecinos. Paraguay ya no se alimenta así mismo. La contradicción apunta a un modelo cada vez más excluyente que, según Meliá, garantiza el aniquilamiento del país.
En medio de esta feria de intereses, se pretende criminalizar a las organizaciones populares para empujar a los campesinos a abandonar el campo y que este quede para uso exclusivo del agronegocio.
El temor reside en que todo el caso quede en lo que los paraguayos denominan en guaraní «oparei»(en nada, así nomás). Como dice Lilian Soto, candidata presidencial por Kuña Pyrenda, «el silencio será una doble muerte para las víctimas de Curuguaty«.
Fuente: http://otramerica.com/temas/la-doble-muerte-curuguaty-impunidad-paraguay/2842