Después de años de saquear al país desvergonzadamente, los ricos hacen públicas sus deudas privadas e imponen un programa de austeridad a su pueblo para que los más pobres se hagan cargo de mantenerlos a flote. No contentos con eso, los aliados extranjeros de esta oligarquía, los mismos que les permitieron endeudarse astronómicamente y financiaron […]
Después de años de saquear al país desvergonzadamente, los ricos hacen públicas sus deudas privadas e imponen un programa de austeridad a su pueblo para que los más pobres se hagan cargo de mantenerlos a flote. No contentos con eso, los aliados extranjeros de esta oligarquía, los mismos que les permitieron endeudarse astronómicamente y financiaron todas sus extravagancias, utilizan la crisis para garantizar sus negocios: que la deuda se pague con sus debidos intereses y que la economía se les abra para nuevas oportunidad de inversión. Comienza así la privatización de servicios básicos y la oligarquía nacional se convierte en la agencia comercial que administra el saqueo. Cuando el pueblo comienza a protestar en contra de este atropello, se realizan redadas antes del amanecer, se saca a activistas políticos de la cama para interrogarlos, intimidarlos y se dan sentencias draconianas en contra de algunos de ellos. El sistema judicial prohíbe la protesta social y las autoridades amenazan que no aceptarán interrupciones al «orden».
No estamos describiendo a una republiqueta tercermundista a finales de la década de los ’70, sino lo que estas semanas ha estado ocurriendo en la civilizada y progresista Unión Europea (UE). Más particularmente, en la república bananera de Irlanda. Desde el 2008 el pueblo ha aguantado, con un estoicismo rayano en la estupidez, todas las condiciones impuestas por la troika (BCE, FMI, UE) en medio de la crisis, el programa de austeridad, las mentiras de un gobierno elegido para hacer exactamente lo opuesto a lo que han hecho, las burlas de unos ricos que se han seguido haciendo ricos a costa del saqueo impuesto al bolsillo de la clase trabajadora. El mítico espíritu combativo de los irlandeses se ha evaporado sin dejar huella, al punto que los griegos acarreaban pancartas en sus protestas indicando «Nosotros no somos Irlanda».
Pero se ha llegado a un punto que ha emberracado al más dócil de los irlandeses. La privatización del agua se ha convertido, literalmente, en la gota que derramó el vaso. Aunque tratan de vender esta medida con el argumento de que es una necesidad impuesta por la crisis, la verdad es que desde hace rato la UE viene tratando de privatizar el servicio del agua en Irlanda: de hecho, ha habido sucesivas y exitosas campañas en contra de la conversión de este derecho en un negocio desde finales de los ’90. Cientos de miles de personas en este pequeño país se han manifestado en contra de esta política y el gobierno enfrenta una campaña de desobediencia civil sin precedentes, en el que una mayoría de la población de niega a pagar. Horror de horrores, GMC Sierra, la compañía encargada de la instalación de medidores de procedencia alemana y norteamericana en las casas, se ha enfrentado a la enconada oposición de comunidades que no los dejan trabajar, que obstruyen, que bloquean. ¡Acción directa señores y señoras! Eso es lo que estamos presenciando después de décadas de domesticación de los movimientos populares mediante el pacto social.
La clase dominante tiene miedo y se les nota. Temen la anarquía, que el populacho no obedezca ni reconozca la autoridad de quienes gobiernan. Responden torpemente, ordenando en una semana la detención de 17 personas que participaron en una manifestación en Noviembre del pasado año en el distrito de Jobstown. En esta ocasión, el vehículo de la vice-primer ministra, la laborista Joan Burton, fue bloqueado por los manifestantes, quienes fueron acusados desvergonzadamente de «secuestro». Entre el primer grupo de detenidos (9 de Febrero), se encontraban el diputado socialista Paul Murphy, concejales de izquierda y militantes republicanos. En los días siguientes, los detenidos, todos manifestantes de la campaña contra la privatización del agua, incluían menores de edad y pensionados, haciendo aún más grotesco este montaje. Aunque todos fueran dejados provisionalmente en libertad, ayer las cortes condenaron a cinco activistas -Bernie Hughes, Damien O’Neill, Paul Moore, Derek Byrne y Michael Batty, todos de áreas populares de la capital- a 28 y 56 días de prisión. La sentencia criminaliza abiertamente la desobediencia civil, una de las formas clásicas de protesta a la cual confunden deliberadamente con «violencia», en abierta violación de los derechos humanos más fundamentales.
La respuesta policial a la protesta en la apacible República de Irlanda no es nueva -bien la conocen los habitantes de Rossport en la costa oeste, que llevan años batallando en contra de la presencia de la petrolera Shell en sus territorios, que han sido puestos bajo el asedio policial y han tenido que comerse más de un garrotazo por abrir la boca. Curiosamente, el mismo día en que se dan los primeros arrestos en contra de los manifestantes, el primer ministro Enda Kenny anuncia que se endurecerán las leyes anti-terroristas a fin de enfrentar el coco islamista. Ya vemos por donde va la cosa -criminalizar al movimiento social. La respuesta popular está por verse: mientras Rossport es una zona rural aislada del resto del país, la persecución política en el corazón de Dublín, ha despertado múltiples y espontáneas manifestaciones en estaciones policiales en todo el país y el sábado se prepara una importante manifestación en contra de la represión, a la que se espera atiendan miles de personas de las comunidades populares que se han llevado la peor parte del traspaso de la crisis de los ricos a los pobres, y que ahora se llevan la peor parte de este matoneo contra el derecho a la protesta. Ha llegado la hora de que el pueblo de Irlanda demuestre, a los griegos, al mundo y a sí mismo, que acá también queda dignidad.
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