(Intervención de Cayo Lara en el Club Siglo XXI) Buenas tardes, Quisiera arrancar esta intervención con unos breves apuntes históricos. El 9 de mayo de 1950, cinco años después de la capitulación de Alemania propiciada por la alianza entre Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, el Ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, […]
(Intervención de Cayo Lara en el Club Siglo XXI)
Buenas tardes,
Quisiera arrancar esta intervención con unos breves apuntes históricos.
El 9 de mayo de 1950, cinco años después de la capitulación de Alemania propiciada por la alianza entre Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, el Ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, expuso un plan para crear una Europa organizada atendiendo a ideas concretas y solidaridades de hecho.
Al año siguiente, el 18 de abril de 1951, seis países firmaban en París el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero que abrió paso a la vertebración de la Unión Europea. Un difícil camino que ha durado hasta nuestros días, con el ingreso de Bulgaria y Rumania el 1 de enero de 2007, hasta alcanzar un conjunto de 27 países.
En alguna parte del imaginario de la izquierda existe la idea de Europa como un espacio de derechos, de servicios sociales, de paz, de ecología y hasta de feminismo. Responde a la idea de un modelo de civilización, un punto de vista ético sobre el mundo opuesto, claramente, al sálvese quien pueda imperante en Estados Unidos.
Se podría decir que esta idea, esta ilusión común, era cierta, o lo fue en un principio, ya que respondía a las aspiraciones y deseos de reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Un modelo económico de bienestar que fue posible gracias a la derrota del fascismo y a la existencia de un verdadero contrapoder, la Unión Soviética y los países socialistas de su entorno.
Estos acontecimientos históricos sirvieron para conformar las claves que moldearon esa idea de Europa. Se implantaron avanzados sistemas democráticos en los cuales el capitalismo tuvo que negociar ante el empuje de los partidos y sindicatos de izquierda. La socialdemocracia europea marcaba el ritmo hacia el Estado de bienestar mientras se impulsaban las instituciones económicas y resoluciones internacionales surgidas en la conferencia de julio de 1944 como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Carta de Derechos Humanos de la ONU.
En España esta idea de Europa no estuvo presente. La sublevación militar contra la Segunda República nos cortó cualquier relación con el destino europeo. La derrota militar de la incipiente democracia de 1931 impidió que nuestro país se sumara al tren del progreso que recorría Europa. Con Franco a la cabeza del Estado, secundado por la Iglesia Católica y la burguesía reaccionaria, se instauró un régimen de represión caracterizado por la miseria, el miedo y el atraso económico que impidió cualquier desarrollo político y social común.
Esta situación, insostenible, provocó que miles de personas tuvieran que exiliarse o emigrar a países como Alemania, Francia, Bélgica o Suiza, lo que contribuyó a extender el mito de que la entrada de España en Europa supondría la modernidad. Nuestro rápido ingreso en la Unión Europea en 1986, de la mano de Felipe González, se pagó con nuestra peculiar «OTAN de entrada NO», la ruptura del tejido industrial pesado y la apertura de nuestro mercado interior, a cambio de unos fondos de cohesión y ayuda al desarrollo que en breve tiempo finalizarán.
La aplicación de férreas políticas neoliberales puestas en marcha por Reagan y Thatcher en los ochenta, la transparencia y modernidad impulsadas por Gorbachov y la caída del muro de Berlín en 1989, cambiaron el escenario mundial de forma radical.
La política social europea empezó, desde ese momento, a perseguir el establecimiento de prescripciones mínimas, es decir, claros recortes en las conquistas sociales que han derivado, en la actualidad, en una competición entre modelos nacionales donde se imponen las tesis ultraliberales anglosajonas.
Ideas y principios que se convirtieron, como todos sabemos, en el pensamiento hegemónico dominante. Una hegemonía neoliberal que influyó en gran medida en el desarrollo de la arquitectura de la Unión Europea de los 15. El cambio provocado por el Tratado de Maastrich supuso un giro en la orientación histórica de la Europa social en beneficio, exclusivamente, del libre mercado. El resultado es conocido, los ciudadanos y ciudadanas europeos estamos perdiendo derechos adquiridos.
Se establecieron, siguiendo criterios neoliberales, unas políticas públicas encaminadas a reducir la inflación, la deuda pública, la inestabilidad monetaria y la creación del embrión del futuro Banco Central Europeo y del euro. Prácticas que se han llevado a cabo reduciendo el crecimiento económico sostenible, el estado de bienestar y la calidad de vida de las familias, especialmente de las clases más desfavorecidas, y perjudicando a las pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Una vez más han primado los intereses del capital internacional sobre la vida de las personas. Somos todos, cada vez, más precarios. Menos ciudadanos con derechos y más esclavos de las multinacionales y sus extensas redes de explotación.
La política neoliberal ha provocado, y lo estamos padeciendo en esta crisis sistémica, un crecimiento del desempleo, una redistribución equivocada y torticera de la renta basada en un gran crecimiento de las rentas del capital y un estancamiento de las rentas del trabajo, una ralentización del crecimiento del gasto público social por habitante, disminución de los beneficios sociales y un incremento muy notable de las desigualdades sociales. Los ricos se han hecho escandalosamente más ricos y los pobres dramáticamente más pobres.
Un ejemplo: El 20% de personas de mayor renta en la Unión europea de los 15 recibe el 40% de la renta total, mientras que el 20% de menor renta recibe sólo un 7% de ésta.
Casi 15 años después de la firma del Tratado de Maastricht y 9 años de la Agenda de Lisboa las orientaciones neoliberales prevalecen y no se han cumplido ninguno de los objetivos perseguidos.
Muestra de ello es la modificación que realizó la Comisión Europea en 2004 por la que fijó nuevas prioridades para reforzar la Estrategia de Lisboa y que no tenían otro fin que desregular aun más los mercados, en especial el del trabajo, justificándolo con la mejora de la inversión en redes y en conocimiento, el refuerzo de la competitividad de la industria y de los servicios, más privatizaciones y la prolongación de la vida activa de los trabajadores. En resumen, más capital y menos derechos. La práctica de combate del neoliberalismo.
Estas prioridades han conseguido deteriorar aún más las condiciones de la mayoría de la población europea, con jornadas laborales más largas, salarios insuficientes, desempleo creciente y de larga duración, trabajo temporal e interinidades no retribuidas para jóvenes y mujeres. En todos los países europeos se privatizan los servicios públicos para obtener beneficios. Una política destinada a incrementar los beneficios empresariales. La Europa de los mercaderes, a costa del sacrificio de la población.
Estas políticas fueron rechazadas en los referenda sobre la Constitución Europea en 2005 por los ciudadanos de Francia y Holanda, que consideraron que la construcción Europea se estaba realizando con serias carencias democráticas. El NO, rotundo, significó también un rechazo directo a las elites gobernantes europeas. Elites que se creían tan seguras de ser los dueños de Europa que no concibieron la posibilidad de que alguien se opusiera a sus intereses. Uno de los países que refrendó la Constitución, y analizar las razones sociológicas seria prolijo, fue España.
Este «NO» a la Constitución Europea generó una crisis política en la Unión ante el temor de un creciente rechazo. Con este temor por parte de los gobernantes se llegó al Consejo Europeo de junio de 2007 en el que se encomendó la elaboración de un Tratado de Reforma que modificara los actuales de la Unión y el Constitutivo de la Comunidad Europea, aprobados en Maastricht y modificados posteriormente en Ámsterdam y Niza. Este será el Tratado de Lisboa firmado en diciembre de 2007.
Este Tratado conserva el capitalismo en su versión más neoliberal como modelo dominante, y fue realizado sin democracia ni transparencia. Todas las negociaciones se hicieron a puerta cerrada, sin participación de los ciudadanos ni de los parlamentos nacionales ni del europeo. Se pretendía que el Tratado no fuera ratificado por los pueblos evitando cualquier posibilidad de legitimación democrática. Pero volvió a pasar lo mismo: en Irlanda, único país que lo sometió a referéndum, el pueblo dijo NO.
La orientación política de la Unión Europea ha sido contestada en numerosas ocasiones en la calle. El mismo día que se reunían los Jefes de Estado y gobierno en Lisboa para aprobar estos principios, tenía lugar en Portugal la manifestación más grande en los últimos 20 años. Si los jefes de Estado hubieran sacado la cabeza por la ventana, hubieran visto a 200.000 personas manifestándose en la calle contra lo que estaban decidiendo.
El próximos mes de mayo podrán comprobarlo de nuevo con las euromanifestaciones convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos en Madrid, Bruselas y Berlín, con el objetivo de buscar salidas a la crisis económica y que los costes no recaigan sobre los trabajadores. Esperemos que esta vez sí nos hagan caso. Estaremos en la batalla. Somos parte del pueblo europeo.
También estaremos en las movilizaciones convocadas por los movimientos sociales en una gran cantidad de ciudades europeas, entre ellas Madrid, el 28 de marzo.
IZQUIERDA UNIDA reafirma su «NO» al Tratado de Lisboa. La redacción de un nuevo Tratado debe emanar de una Asamblea Constituyente, elegida por sufragio universal directo de los ciudadanos de todos los estados miembros. La participación democrática y los parlamentos deben fortalecerse estableciendo normas sobre iniciativas populares, ampliando la co-decisión y las relaciones entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo.
Los ciudadanos de la Unión deben discutir y debatir una alternativa al Tratado de Lisboa para construir una Europa entre todos y no la que decida la clase dominante. Que esta neutralizando las conquistas sociales en nombre del llamado libre mercado. Se legitima la competencia desleal entre empresas de diferentes estados y se acentúa el dominio del perverso orden económico neoliberal sobre las aspiraciones democráticas de la población. Cada vez más, crece la Europa de la involución de los derechos. El capital contra las personas, podría ser uno de nuestros lemas.
Pero además, a este recorte de derechos y a la crisis política derivada del rechazo a la Constitución Europea, se le añade ahora la profunda crisis económica del sistema, catalizada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. Una crisis también de valores y principios. El modelo económico quiebra.
En toda Europa el impacto de la crisis es brutal por la política llevada a cabo por las elites que controlan la economía y la política. El precio de estas actuaciones lo pagaremos los pueblos. Han puesto en peligro la paz, la seguridad internacional y la co-existencia. El mundo ha sido arrastrado a esta crisis global por la política hegemónica de los Estados Unidos, en especial, por la Administración Bush y el seguidismo de la Unión Europea, incapaz de tener una política unívoca frente a los desmanes de las administraciones de Estado Unidos.
La crisis demuestra una vez más el fracaso de la globalización neoliberal que ha maximizado los beneficios sin ningún control estatal o intervención pública. Las políticas, los estados y la sociedad entera se subordinan a un mercado financiero sin control. El resultado es claro: falta de democracia y el final de las políticas de protección social.
Seguimos dirigidos por el gran capital, por las grandes corporaciones bancarias ayudadas por unas agencias de calificación de riesgo, que han valorado de forma irreal el valor de ciertos activos con el fin de colocarlos rápidamente en unos mercados financieros fuertemente especulativos y opacos.
A eso se han dedicado los bancos, a colocar los recursos depositados por sus clientes en inversiones sumamente arriesgadas, muy rentables para ellos, pero muy peligrosas para su solvencia y para la marcha general de la economía. El colapso del sistema financiero está ahogando la actividad económica real, y ha puesto en situación de recesión a varios países provocando fuertes ajustes en el mercado de trabajo. El socialismo democrático, el nuevo socialismo del siglo XXI que planteamos, es la única solución posible.
La paradoja es que ahora, desde esas mismas tribunas que daban todo el poder al mercado se solicita dinero público, el de los contribuyentes, para conceder ayudas multimillonarias que eviten la catástrofe creada por la especulación. Apadrine usted a un banquero y rescátele de la quiebra, parece ser el mensaje de los gobiernos.
La crisis económica no la han generado los trabajadores ni sus salarios. Al contrario, éstos han sufrido la desregulación del mercado y la pérdida de poder adquisitivo. Es una crisis motivada por el modelo productivo capitalista. Por tanto, al igual que se están dedicando cantidades multimillonarias para intentar salvar al sistema financiero, se deben dedicar las cantidades necesarias para fundamentar un nuevo modelo de desarrollo alternativo y justo como oportunidad para salir de la crisis.
Para ello el sector público debe jugar un papel esencial como motor de la recuperación económica. El sector público, y la Constitución española lo ampara y reconoce, debe actuar protegiendo a los desempleados y a las familias sin ingresos, poniendo en marcha políticas de reactivación económica que generen empleo de calidad en especial en sanidad, educación, atención a la dependencia, desarrollo rural unido a la protección medioambiental y en desarrollo de energías alternativas y limpias.
El modelo económico actual ha fracasado y por tanto es urgente que los trabajadores y las clases más desfavorecidas de Europa, es decir, la mayoría, trabajemos unidos por una nueva construcción europea basada en un modelo económico que priorice los derechos y necesidades de los ciudadanos frente a los intereses de las multinacionales y el sector financiero.
Hace muchos años se exclamó que los trabajadores no tenían patria. Es hora de que esta premisa, con independencia del lugar de nacimiento o residencia, se haga efectiva y que el conjunto de la clase trabajadora europea se levante contra el neoliberalismo, contra la especulación, por un socialismo democrático que haga posible la vida en Europa y en el mundo.
Ahora más que nunca la Unión Europea está en una encrucijada:
O continúa con su actual política capitalista, que ahonda la desigualdad o se encamina hacia un modelo de desarrollo sostenible y con justicia social, de paz y cooperación mutua, de igualdad entre mujeres y hombres, de participación democrática y solidaridad, donde el antifascismo, el antirracismo, las libertades civiles y los derechos humanos sean prácticas comunes.
Los planes que presentan los líderes de la Unión Europea para salir de la crisis pretenden reconstruir y refundar el capitalismo impulsando la flexiseguridad y desregularizando aún más los derechos laborales conseguidos gracias a la lucha histórica del movimiento obrero, legitimando el dúmping social a través de directivas que atacan directamente al modelo social europeo como la relativa a los servicios públicos, la de trabajadores desplazados, la de la ampliación de la jornada de trabajo a 65 horas -a la cual el Parlamento asestó un revés-, o la de retorno de inmigrantes, también conocida como «Directiva de la Vergüenza».
En esta misma dirección está inmerso el proceso de Bolonia, con el que se pretende que los estudios universitarios ya no tengan como finalidad potenciar el conocimiento humanista y científico de las personas y, por lo tanto, el enriquecimiento material e intelectual de la sociedad, sino una formación específica al servicio del sistema productivo capitalista, de las empresas que patrocinen los master.
Es una vuelta de tuerca más para afianzar el sistema: se trata de rechazar los individuos que piensan buscando sólo a aquellos que obedecen. Los primeros actúan de forma crítica y desarrollan la ciencia y las humanidades al servicio de la comunidad; los segundos serán peones al servicio de la producción globalizadora.
Izquierda Unida ha apoyado las movilizaciones realizadas hoy en Madrid y en otros lugares de nuestro país contra la implantación del proceso de Bolonia. Defendemos la transformación profunda de la Universidad, entendida como servicio público y una financiación pública suficiente que alcance el 2% del PIB.
Los tiempos turbulentos advierten de los problemas internos y de las desavenencias de las naciones y de los bloques como la Unión Europea. Ciertas decisiones adoptadas de forma unilateral por alguno de sus miembros esta despertando la xenofobia, el individualismo y el proteccionismo destructivo dentro de la Europa de los Veintisiete. Las recientes huelgas en el Reino Unido contra la contratación de trabajadores de otros países europeos, bajo el slogan «¡empleos británicos para trabajadores británicos!» o las medidas adoptadas por Sarkozy para defender los empleos de su industria automovilística con la condición de que las empresas aumenten la producción dentro de Francia y la disminuyan en el resto de países de la UE, así parecen indicarlo. Como se observa por estos ejemplos, los gobernantes quieren salvar su cuota de poder. Poco importa ahora la cohesión europea. El egoísmo y el individualismo es la bandera neoliberal.
Por ello es necesario decir que, frente a los intentos de refundación del capitalismo, solo el socialismo democrático puede dar solución a los problemas de los trabajadores, de los pueblos y del Planeta. De ahí la urgencia de refundar una Europa que subordine los intereses del mercado y del poder económico al poder político y que genere una cultura de paz y de solidaridad.
Izquierda Unida defiende una política basada en el desarrollo social y económico y en la protección de la naturaleza, con el objetivo de lograr la igualdad. Nuestro trabajo es concienciar a los trabajadores y a los ciudadanos de que es posible una Europa donde el pleno empleo de calidad y la instauración de un Estado social sean los objetivos.
Pero esto sólo será posible si reformamos el sistema financiero y económico internacional y procedemos a una nueva construcción europea basada en la intervención pública, reforzando aspectos como la educación, la sanidad, el cuidado de la infancia y la atención a las personas dependientes y prestando una especial atención a los sectores estratégicos europeos procediendo a su nacionalización, en su caso, con el fin de dedicar parte de sus beneficios a la inversión en I+D+i y al desarrollo de energías alternativas.
Para ello se debe incrementar el presupuesto del Gobierno europeo, para facilitar el estímulo del crecimiento y su impacto redistribuidor, y realizar una reforma fiscal europea que ponga nuevos cimientos a la financiación pública y acentúe la progresividad de las cargas a los más ricos.
Una reforma democrática que promueva una armonización justa de los sistemas fiscales europeos; que comience a aplicar impuestos ecológicos, que persiga y penalice la delincuencia financiera en todas sus formas; que dé pasos para eliminar los «paraísos fiscales». Solo así podremos incrementar la ayuda al Tercer Mundo y proteger los bienes públicos mundiales. Juntos, es decir, de forma común, socialista y democrática. El individualismo es un cáncer. Extirparlo con proyectos e ideas colectivas es la única solución.
Habría que reemplazar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por un nuevo Pacto de Solidaridad que se centre en el crecimiento, el pleno empleo y la protección social y ambiental.
Debemos sustituir la Estrategia de Lisboa por una «Estrategia Europea para la Solidaridad y el Desarrollo Sostenible» centrada en una serie de nuevas políticas económicas, sociales y ambientales que fomenten la dignidad y calidad del trabajo en todos sus aspectos, mejore las normas laborales, reduzca a 35 horas la jornada de trabajo semanal, garantice un salario mínimo interprofesional europeo que represente como mínimo el 60% del salario medio nacional.
Debemos crear una legislación que facilite el desarrollo de convenios colectivos a nivel europeo y que luche contra la pobreza y la exclusión social, garantizando una vida digna a todo el mundo y una ley de inmigración que refuerce el derecho de los inmigrantes a trabajar allá donde vivan.
Debemos invertir en I+D+i, en cultura, infraestructuras básicas y de apoyo a la industria, innovación pública, mejora de la cualificación laboral, protección del medio ambiente, impulso de las tecnologías ecológicas a través de inversiones que promuevan la reducción y el tratamiento de los residuos, en especial los industriales y tóxicos peligrosos, así como el fomento de sistemas de transporte más seguros y menos contaminantes.
Así mismo, el control público y democrático del Banco Central Europeo es cada vez más necesario. Es inaceptable que una institución tan poderosa no esté sometida al control por parte de la ciudadanía. El Banco Central Europeo debe tener la responsabilidad de apoyar el desarrollo, la inversión y el empleo y no la estabilidad y el control de precios.
No es justificable el desembolso de dinero público para tapar los agujeros de las instituciones financieras que se han estado lucrando a costa del ciudadano de una manera inmoral. Si existe dinero para darle a los bancos, ¿cómo no existe para invertir en servicios públicos como la sanidad o la educación?
Por último, el siglo XXI reclama cambios profundos y radicales en las relaciones económicas y políticas internacionales que eviten la supremacía de los EEUU y otros países de la OCDE.
Son necesarias nuevas instituciones que reemplacen al FMI, al Banco Mundial y una reforma profunda de las Naciones Unidas.
El Fondo Monetario y el Banco Mundial- cuyo lema es trabajamos por un mundo sin pobreza- no sólo no han conseguido su propósito, sino que han arruinado con sus recetas neoliberales a economías emergentes como la que llevó a Argentina a decretar el «corralito», y conducido a los países pobres, o en vías de desarrollo, al pago de una deuda y sus intereses que colapsa las economías y por lo tanto su posibilidad de progreso. En definitiva unas nuevas instituciones internacionales que no hagan de empobrecedores de otros países.
Se impone que Naciones Unidas represente verdaderamente a «Nosotros los pueblos…» de forma igualitaria, justa y democrática. No es democrático que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU sigan utilizando el derecho de veto.
La Organización Mundial del Comercio debe transformarse de forma que prime el desarrollo sostenible de todos los pueblos y la colaboración mutua, y no el principio de libre competencia que ha tenido como consecuencia el aumento de la pobreza en el mundo.
Apoyamos la exigencia de soberanía alimentaria, es decir, el derecho de los pueblos a decidir sobre su política agraria por ellos mismos respetando el medio ambiente. Ello significa dar prioridad a las producciones locales agrarias, a la calidad en la alimentación y el no sometimiento a los mercados mundiales.
El acceso a la tierra, a las semillas, al agua y a los créditos se debe regular para llevar a cabo una verdadera reforma agraria en Europa y en otros continentes.
Demandamos una política de desarrollo rural integral que apoye la biodiversidad agrícola y el empleo rural, especialmente para jóvenes y mujeres. Los subsidios deben darse bajo criterios económicos, sociales y ambientales y no bajo criterios de beneficio de los grandes terratenientes o productores en algunos sectores.
Tenemos que empezar por reorientar la distribución del presupuesto de la PAC y hacerlo, en particular, hacia las necesidades de las zonas rurales, los pequeños productores y las zonas desfavorecidas y montañosas.
La agricultura del siglo XXI tiene que proteger el material multiplicativo de las plantas, garantizando el derecho de los campesinos del mundo a tener sus propias semillas (frente al empuje de multinacionales como Monsanto), aplicando programas de desarrollo de la agricultura y la ganadería orgánicas.
Es urgente prohibir el uso de organismos modificados genéticamente en la producción de alimentos, defendiendo y valorando la denominación de origen, incluso en los mercados no europeos.
Izquierda Unida y los partidos de la Izquierda Europea exigimos una Europa civilizada y pacífica, cuya economía sea sostenible y social, feminista y desarrollada sobre la base de la democracia y la solidaridad. Una Europa socialista, nueva y democrática, que supedite el capital internacional al mundo del trabajo y a los intereses de los ciudadanos. Se requieren ideas, iniciativas y un gran esfuerzo de los protagonistas políticos y de las fuerzas democráticas, de los sindicatos, los movimientos sociales y ecologistas y de los representantes de la sociedad civil. Las alternativas socialistas son posibles a través de una lucha común tanto en las calles como en los parlamentos. No renunciaremos a nada. La lucha es más necesaria que nunca.
La Izquierda Europea apuesta por garantizar plenos derechos para las mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida. Derechos que recojan, por ejemplo, la facultad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo dentro del sistema público europeo de salud. Un sistema en el que se elimine toda forma de violencia de género.
La Unión ha de promover y proteger los derechos de las personas discriminadas por razón de raza, sexo, ideología, religión, discapacidad y edad. Es nuestro deber denunciar la actitud represiva de las políticas de inmigración de la Unión y luchar para darles un giro radical orientándolas hacia la solución del problema.
Los ciudadanos de la Unión hemos de decidir hacia dónde queremos avanzar. La respuesta no puede ser ni la resignación ni la abstención. Ante esta gravísima situación, provocada por la voracidad del capitalismo, nosotros decimos que hay alternativas. La política en cada país y en Europa debe y puede cambiar. Es el momento de abrir un debate público en Europa, y para ello las elecciones europeas son el mejor marco para que los ciudadanos y ciudadanas podamos reconstruir la Unión sobre la base de la intervención del mercado y desde la participación pública de la economía.
Asistimos, pese al maquillaje y las palabras vacías de los gobernantes, al fracaso del modelo económico neoliberal basado en la especulación, la explotación y el individualismo.
Ha llegado la hora, por tanto, de levantarse del suelo y proclamar, con orgullo, que la construcción de una Europa socialista y democrática es posible, que es más necesaria que nunca y que sólo podrá realizarse si los ciudadanos europeos asumimos con determinación que en nuestras manos, ideas y sueños, está el futuro.