José A. Santos Ortiz nació en 1977 en San Juan, Puerto Rico, y fue criado y educado en Corozal, Puerto Rico. Es egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, donde obtuvo un Bachillerato en Ciencias Sociales con una concentración adicional en Ciencia Política. Residió y trabajó 10 años en España. Es Licenciado en Derecho (Juris Doctor) por la Universidad de Salamanca y obtuvo una Maestría en Derecho por la Universidad Europea de Madrid, España. En 2025, obtuvo el grado de Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (CEAPRC), en San Juan, Puerto Rico. Es exfuncionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América y funcionario actual del US Homeland Security en Miami, FL. Fue pionero en obtener la nacionalidad española usando el Certificado de Ciudadanía de Puerto Rico en España en 2013. Cuenta con su propia web sobre la ciudadanía puertorriqueña: www.ciudadaniadepr.com.
Tiene previsto culminar estudios doctorales en Derecho y Ciencias Sociales sobre la ciudadanía y nacionalidad de Puerto Rico dentro del contexto de lo que es ser ciudadano y nacional de un país iberoamericano en España. Es miembro fundador de la Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales y Diplomacia (AERID) del CEAPRC. Sus temas de interés son: la ciudadanía puertorriqueña; el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; política pública; corrupción pública; política y relaciones internacionales de los Estados Unidos de América con la comunidad internacional.
Algunos de sus escritos más leídos son:
(1) ¿Inminente ataque de Irán sobre los EE. UU. de América y Puerto Rico?
(2) ¿Bad Bunny, el nuevo Michael Jackson ante el mundo?
(3) Venezuela después de Maduro: la captura de un dictador.
(4) ¿Coloniaje y corrupción en Puerto Rico?
(5) Análisis de la política pública sobre la corrupción gubernamental en Puerto Rico.
(6) La cláusula territorial de EE. UU. y el Estado soberano de Puerto Rico (Estado Libre Asociado de PR): nuevas posibilidades de integración al imperio.
(7) Pionera: validez y alcance internacional del Certificado de Ciudadanía de Puerto Rico en España y la Unión Europea.
Santos-Ortiz ha contestado todas nuestras preguntas. Todas sus respuestas son para ser compartidas con todos vosotros.
– Wilkins Román Samot (WRS, en adelante) – ¿Es hora de exigir el fin del colonialismo y comenzar una conversación sobre reparaciones económicas en Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Por qué?
– José A. Santos Ortiz (JASO, en adelante) – Honestamente, la hora de exigir el fin del colonialismo (definido como el sometimiento de un pueblo [Eje: El Pueblo de Puerto Rico] a una metrópoli [Los EE. UU. de América] contra su voluntad) y comenzar una conversación sobre reparaciones económicas en Puerto Rico y Estados Unidos se resolvió a través de una Asamblea Constituyente conocida formalmente como la Asamblea Constituyente de Puerto Rico, entre los fundadores – Dr. Antonio Jesús Fernós Isern y José Luis Alberto Muñoz Marín y su equipo de trabajo – del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, ELAPR), representados por su Partido Popular Democrático (PPD), con la colaboración de los siguientes partidos políticos: (1) Partido Estadista Puertorriqueño (PEP); (2) Partido Socialista (PS); y la oposición tenaz del (3) Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Todos estos actores se unieron ante el Gobierno y el Congreso de los EE. UU. de América bajo las administraciones de los presidentes Harry S. Truman y Dwight D. Eisenhower, en el periodo histórico de 1950 a 1952, en la creación, formación y puesta en funcionamiento de dicho Estado, con su propia Constitución soberana aprobada por la asamblea constituyente el 4 de febrero de 1952, ratificada por el pueblo de Puerto Rico en un referéndum el 3 de marzo de 1952, y con fecha de vigencia del 25 de julio de 1952.
Finalmente, una vez que se les entregó descolonizado a los puertorriqueños su país por los estadounidenses en 1952, acto seguido, en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), los estadounidenses notificaron a la comunidad internacional dicha descolonización bajo la Resolución 748 (VIII) de 1953 en su Asamblea General del 27 de noviembre de 1953 sobre la cesación del envío de la información transmitida en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, relativa a Puerto Rico (A/RES/748; UN General Assembly), la cual fue cónsona con el pacto de descolonización entre el pueblo de Puerto Rico y los EE. UU. de América bajo el nuevo Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el cual hace referencia precisamente al Artículo 1 de la Constitución del ELAPR. La Resolución 748 comunicó y declaró la descolonización del pueblo de Puerto Rico por parte de los EE. UU. de América, que se materializó entre ambos actores internacionales bajo la Ley 600 de 1950 del Congreso de los EE. UU. de América (Ley y Pacto; conocida como Ley de Relaciones Federales de PR).
– WRS – ¿Qué relación, si alguna, hay entre la migración de los puertorriqueños a los Estados Unidos y las innumerables oportunidades desarrolladas por el Congreso de los Estados Unidos para que las corporaciones estadounidenses exploten a Puerto Rico?
– JASO – Realmente, sí observo una posibilidad en la relación entre la migración de los puertorriqueños a los Estados Unidos y las innumerables oportunidades desarrolladas por el Congreso de los Estados Unidos para que las corporaciones estadounidenses exploten a Puerto Rico, y viceversa. Es evidente que PR puede aportar recursos humanos bilingües altamente cualificados no contratados por el Gobierno de PR debido a su política pública y la ley no escrita de que, para trabajar con una administración pública dentro del aparato del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en sus departamentos, agencias, instrumentalidades, oficinas, comisiones, dependencias y corporaciones públicas, y fideicomisos que integran dicho Estado, debes ser íntegramente del partido; de lo contrario, no se adjudican trabajos alguno para ese tipo de personal, sin importar los méritos, capacidades, standing, expertise, formación académica y experiencia profesional internacional que aporte dicho recurso humano. No importa si ese personal está cualificado; si no cumple con esa política partidista tanto del PNP como del PPD, simplemente no será contratado por la administración “pública” que representa uno de esos dos partidos. Esta situación resulta en una alta tasa de migración de la población de trabajadores puertorriqueños en edad altamente productiva (entre 25 y 35 años) a algunos de los 50 estados de los EE. UU. de América, mayoritariamente en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Chicago, Florida, Texas y Washington D.C.
– WRS – ¿Cuál debería ser el rol de la academia y la sociedad civil puertorriqueña dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico en la descolonización de Puerto Rico, si es que hay alguno? ¿Qué deberían hacer?
– JASO – El rol de la academia y la sociedad civil puertorriqueña dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico en la descolonización de Puerto Rico es informar y comunicar que el pueblo de Puerto Rico se descolonizó en 1952 por los estadounidenses y que cuenta con su propio aparato de Estado, con sus tres poderes políticos, instituciones públicas y una Constitución soberana en funcionamiento desde su creación en 1952. De tal manera que, los puertorriqueños nacidos en PR o de padre o madre nacida en PR poseen doble ciudadanía: (1) la ciudadanía de Puerto Rico; (2) la ciudadanía estadounidense. Ambas ciudadanías coexisten en virtud de la legislación federal estadounidense y estatal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicha ciudadanía de Puerto Rico tiene el beneficio extraordinario de ser aceptada y validada en España para compartir la nacionalidad española con la ciudadanía puertorriqueña y la estadounidense cuando un puertorriqueño cumple con las condiciones legales establecidas por la legislación española para obtener la nacionalidad y pasaporte español de la Unión Europea.
Véanse las siguientes webs:
(2) https://www.facebook.com/share/1NVvKyJUMN/?mibextid=wwXIfr
Finalmente, la academia y la sociedad civil puertorriqueña deberían educar sobre el hecho histórico del proceso de descolonización entre Puerto Rico y los Estados Unidos de América, el cual se dio entre los años 1950 a 1952, bajo la creación de la personalidad jurídica por parte de sus constituyentes en la Asamblea Constituyente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su constitución propia en un pleno ejercicio de libre determinación constitucional conforme al derecho internacional de la época.
– WRS – ¿Cómo podría el Comisionado Residente de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos y los congresistas de origen puertorriqueño ayudar a resolver los problemas socioeconómicos creados por la explotación de los Estados Unidos en Puerto Rico?
– JASO – El Comisionado Residente de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos y los congresistas de origen puertorriqueño podrían ayudar a resolver los problemas socioeconómicos creados por la explotación de los Estados Unidos en Puerto Rico estableciendo parámetros de beneficio común entre ambos actores económicos y sociales. Por ejemplo, los programas de desarrollo económico rural y urbano de pequeñas empresas, como los que actualmente se utilizan bajo los programas de colaboración de la “Small Business Administration” y también los del “US Department of Agriculture” con los empresarios que representan la zona rural agrícola de Puerto Rico, entre otros muchos programas federales de fomento, desarrollo y estímulo económico-financiero.
– WRS – ¿Por qué los movimientos de estadidad no han sido capaces de confrontar al imperialismo estadounidense en Puerto Rico y los Estados Unidos? ¿Qué deberían hacer?
– JASO – Los movimientos de estadidad no han sido capaces de confrontar al imperialismo estadounidense en Puerto Rico y los Estados Unidos porque precisamente ellos, los estadistas, no han planteado propuestas viables y serias de integración del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, ELAPR) a los EE. UU. de América como un nuevo estado fuerte económicamente e interesante demográficamente para ser parte de la Unión Federal Estadounidense. Esto se debe a que tienen un ELAPR en quiebra económica, con una deuda soberana y odiosa creada por ellos mismos como gobernantes y políticos que han ocupado cargos públicos en los tres poderes políticos, por su permanente mala administración y falta de gestión pública de calidad en todas sus agencias y entidades públicas, que están ocupadas por funcionarios descomprometidos, ineptos e incompetentes en su labor pública, sin interés por el servicio público y con una deficiente o escasa formación profesional y académica, carentes en muchos casos de méritos, expertise, standing y experiencia profesional. Todo lo anterior, unido a la falta de transparencia y rendición de cuentas gubernamentales por parte de todos los funcionarios jefes de agencias del Gobierno de Puerto Rico, ha resultado en señalamientos por actos de corrupción y, en las situaciones públicas más graves, en el procesamiento criminal a nivel federal por delitos relacionados con la corrupción pública (malversación de fondos, fraude, conspiración para defraudar, apropiación ilegal, enriquecimiento ilícito), que cuentan contradictoriamente con más de 40 convicciones por parte de miembros del Partido Nuevo Progresista y que operan como una organización criminal influenciada por mafiosos, según lo define la RICO Act.
Además, y por poner un ejemplo, la población puertorriqueña que reside en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no domina plenamente el inglés, lo que impide comunicarse con sus homólogos ciudadanos estadounidenses de la nación estadounidense, creando en este aspecto más alejamiento cultural como barrera a una futura integración social y cultural con los Estados Unidos en igualdad de condiciones con los demás estados.
En esencia, los estadistas, por otra parte, no se cuestionan ni se cuestionarán el carácter imperialista o democrático de los EE. UU. de América porque su interés y fin ideológico y partidista es el siguiente: ocupar el máximo beneficio económico-financiero para ellos bajo la premisa del “pueblo de Puerto Rico” y aprovechar la posición hegemónica internacional de dominio geopolítico de los EE. UU. frente a toda la comunidad internacional para sostener su poder político y económico absoluto dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En mi opinión, lo que deberían hacer los movimientos estadistas es ocupar y contar con el poder político para continuar saneando a través de su Junta de Control Fiscal las finanzas públicas del ELAPR hasta lograr el saneamiento de sus finanzas, entrar en los mercados de valores y, por último, crear un programa de crecimiento y desarrollo económico viable y sostenible, ponerlo en funcionamiento e ir monitoreando esas métricas económicas sanas establecidas hasta alcanzarlas (por ejemplo: Tasa de Desempleo: 4%; Tasa de participación laboral: por encima del 65% de la población en edad de trabajar; Déficit Público o Deuda Pública: 60%). Crear y poner en funcionamiento un programa efectivo de bilingüismo en español e inglés en el sistema educativo público y privado. Si todo lo anterior funciona y da resultados, van por buen camino para que el ELAPR pueda al menos ser valorado por el Congreso de los EE. UU. para tener standing e interés por parte de los congresistas a ser discutido en el pleno del Senado o la Cámara de Representantes para ver si fuese posible y necesario que el ELAPR sea parte integral como nuevo estado de la Unión Federal Estadounidense.
Lo anterior debe poner énfasis y empeño en ese aspecto de una implementación nacional de programas bilingües (español e inglés) a través de su Departamento de Educación en todas las escuelas públicas y privadas, desde maternal hasta todos los grados escolares en adelante. Asimismo, se debe fomentar indistintamente el uso diario tanto del idioma inglés como del español en los medios de comunicación y en todo espacio público o privado para que se vaya desarrollando y constituyendo una nueva generación de puertorriqueños que sea nativamente bilingüe en español e inglés, eliminando así esa barrera del idioma para su integración cultural en igualdad de condiciones.
Si se abordan todos los problemas económico-financieros, fiscales, culturales e idiomáticos que Puerto Rico enfrenta como país y se resuelven a través de una economía robusta, fuerte y competitiva, no dependiente económica ni financieramente de la de EE. UU., y, por otro lado, cuentan con una población eminentemente bilingüe y mayoritariamente un recurso humano realmente bilingüe, al menos, la valoración de los congresistas estadounidenses de considerar una discusión en el pleno del Congreso podría tomar más, mejor y mayor fuerza. Pero como está la economía y la demografía puertorriqueña actual, lo que más le favorece es lo que tienen: un poderoso Estado Libre Asociado con una optimista capacidad de desarrollo económico sostenible y viable. Los estadistas deben saber que cuentan con un Estado soberano, el cual no está, ni dirigido por los gobernantes ni en las manos políticas ni económicamente correctas para confrontar al imperialismo estadounidense en Puerto Rico y los Estados Unidos, y lograr, si realmente es su intención e interés, la integración de Puerto Rico como nuevo estado de la Unión Estadounidense, como a veces lo expresan.
– WRS – ¿Qué ha hecho, si algo, la presidencia de los Estados Unidos y los dos partidos políticos dominantes dentro de los Estados Unidos, el demócrata y el republicano, para mitigar el desastre que ellos y los estadounidenses ayudaron a crear dentro de Puerto Rico?
– JASO – Si definimos el desastre como aquel relacionado con la corrupción e impunidad pública creada en Puerto Rico derivada de la confianza del Gobierno de EE. UU. en funcionarios públicos nombrados por el Partido Nuevo Progresista (PNP) para el uso de sus fondos federales asignados a Puerto Rico, la presidencia de los Estados Unidos y los dos partidos políticos dominantes dentro de los Estados Unidos, el demócrata y el republicano, han hecho lo siguiente respecto a esa corrupción pública que ocurre desde los años noventa o desde que comenzaron los procesos penales por delitos de malversación de fondos federales: han llevado a cabo investigaciones y convicciones federales, pero no así a nivel estatal. Queda mucho por hacer en esos asuntos relativos a la corrupción pública dentro del Gobierno de Puerto Rico derivada de esa confianza gubernamental.
– WRS – ¿Cuál sería la forma de que los puertorriqueños rompan con este ciclo de abuso del colonialismo estadounidense dentro de Puerto Rico? ¿Debería Puerto Rico y los puertorriqueños ser reparados económicamente por Estados Unidos?
– JASO – La forma de que los puertorriqueños rompan con este ciclo de abuso del colonialismo estadounidense dentro de Puerto Rico es liberarse de su opresor interno. Ese opresor interno son los partidos políticos e instituciones que, bajo la narrativa de que Puerto Rico sigue siendo una colonia, lo recolonizan insertando nuevamente el discurso colonial que sí tuvo su valor de liberación entre 1898-1952, bajo la negación de su Estado Libre Asociado, su constitución y ciudadanía puertorriqueña, hasta el punto de considerarlo simbólico. Dicho colonialismo es un colonialismo interno que proviene de las voces locales, habitualmente líderes o activistas políticos, que afirman que Puerto Rico sigue siendo un territorio y que los puertorriqueños deberían ser integrados a los EE. UU. por una cuestión de igualdad o ser liberados por una cuestión de derechos civiles y humanos.
Puerto Rico no debe ser reparado económicamente por parte de Estados Unidos; los Estados Unidos no tienen la culpa de que los puertorriqueños se auto-colonicen, que no comprendan que tienen un Estado y una constitución soberanas, con un Artículo 1, Sección 2 de su Constitución que les otorga soberanía (“subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico”) y que ellos mismos se la nieguen. No tienen la culpa de que sus funcionarios públicos malutilicen y utilicen fondos públicos federales para sus familiares y allegados y miembros de su partido. Estados Unidos no tiene la culpa de que sus electores elijan partidos políticos que los colonizan bajo la premisa de que son ciudadanos estadounidenses de segunda, cuando la realidad es que son ciudadanos puertorriqueños y estadounidenses conforme a leyes federales y estatales. No son culpables los Estados Unidos, excepto por su silencio al no exponer abiertamente que quienes dirigen el gobierno de Puerto Rico son funcionarios corruptos y que deben limitar sus relaciones federales con los funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, como lo hacen con muchos países en Latinoamérica y en Oriente Medio cuando exhiben conductas contrarias a una buena gobernanza.
– WRS – El economista francés Thomas Piketty considera que Francia debería reparar en más de 28 mil millones de dólares americanos a Haití. ¿En cuánto debería Estados Unidos reparar económicamente a Puerto Rico y a los puertorriqueños?
– JASO – Estados Unidos no debería reparar económicamente a Puerto Rico y a los puertorriqueños en nada; Puerto Rico es responsable de su destino y como los Estados Unidos lo son del suyo. De hecho, Estados Unidos repara permanentemente a Puerto Rico desde 1952 por su coloniaje de 1898, haciéndolos partícipes de la asignación de sus fondos federales, sin ser Puerto Rico parte fiscal (no paga contribuciones federales) y sin ser estado de los Estados Unidos.
– WRS – Muchos puertorriqueños viven en la diáspora, tanto en Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Otros puertorriqueños han sido y son partícipes del saqueo estadounidense dentro de Puerto Rico. Todos, los primeros y los segundos, son estadounidenses. ¿Por qué deben ser o no ser recompensados? ¿Son todos los puertorriqueños sujetos coloniales a los que se les ha robado su futuro en su propia tierra? ¿Se les debe devolver su futuro estén donde estén, sean quienes sean?
– JASO – Muchos puertorriqueños de la diáspora deben ser recompensados y se les debe devolver su futuro dentro de Puerto Rico, o al menos la posibilidad, por el saqueo estadounidense dentro de Puerto Rico. El Gobierno de Puerto Rico debe garantizarles su regreso con trabajo y proveer una buena gobernanza, siguiendo como criterio o guía sugerido la definición de dicho concepto por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH):
“El concepto de gobernanza hace referencia a todos los procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas mediante los que se deciden y regulan los asuntos que atañen al conjunto de la sociedad. La buena gobernanza añade una dimensión normativa o de evaluación al proceso de gobernar. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la gobernanza se refiere, sobre todo, al proceso mediante el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos, gestionan los recursos comunes y garantizan la realización de los derechos humanos.
Sobre la definición de ‘buena gobernanza’, su sentido podría abarcar las características siguientes: respeto pleno de los derechos humanos, Estado de Derecho, participación efectiva, asociaciones de múltiples interesados, pluralismo político, procesos e instituciones transparentes que rindan cuentas, un sector público eficiente y eficaz, legitimidad, acceso al conocimiento, información y educación, empoderamiento político de la población, equidad, sostenibilidad, y actitudes y valores que fomenten la responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia. En resumen, la buena gobernanza está vinculada a los procesos y resultados políticos e institucionales necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo. La auténtica prueba de una ‘buena gobernanza’ es el grado en el que hace realidad la promesa de los derechos humanos: derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.”
– WRS – Recientemente ha estado moviéndose un proyecto de Orden Ejecutiva para el reconocimiento de la soberanía de Puerto Rico por parte del Presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le falta a ese proyecto de Orden Ejecutiva? ¿Qué defectos le ves a ese proyecto de Orden Ejecutiva? ¿Por qué los Estados Unidos merecen algo mejor? ¿Por qué Puerto Rico merece algo mejor?
– JASO – En primer lugar, a ese proyecto de Orden Ejecutiva no es que le falte algo ni tenga defectos; es innecesario. La soberanía del Estado de Puerto Rico está reconocida en su Art. 1, Sección 2 de su propia constitución; la cito para su comprensión jurídica:
“El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establecen por esta Constitución, estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico.”
Estados Unidos descolonizó a Puerto Rico bajo la Ley 600 de 1950 del Congreso de los EE. UU. de América (Public Law 81-600; Ley y Pacto; conocida como Ley de Relaciones Federales de PR). De esa manera, los puertorriqueños, bajo Asamblea Constituyente, crearon su propia constitución y Estado soberano bajo el nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Posteriormente, el Gobierno de los EE. UU. comunicó la libre determinación a la Organización de Naciones Unidas (ONU) del nuevo status constitucional soberano del territorio de Puerto Rico y, a su vez, la Asamblea General de la ONU, bajo Resolución 748 del 27 de noviembre de 1953, sobre la cesación del envío de la información transmitida en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, relativa a Puerto Rico (A/RES/748; UN General Assembly), comunicó a la Comunidad Internacional la declaración de independencia de Puerto Rico respecto de los EE. UU. de América. Acto seguido, la ONU retiró a Puerto Rico de la lista de los territorios no autónomos o colonias que pertenecen a ese listado, reconociendo que Puerto Rico ejerció su libre determinación conforme al derecho internacional de la época. Para más información, véase aquí la respuesta a la primera pregunta.
En cuanto a si los Estados Unidos y Puerto Rico merecen algo mejor, la respuesta es que ambos países dentro de sus relaciones federales que comparten merecen respeto, lealtad y reciprocidad mutua. Puerto Rico, por su parte, merece un gobierno libre de corrupción pública, con personal comprometido que cuente con la educación académica adecuada, el standing y expertise, y la experiencia profesional del puesto a cubrir, para lograr crecimiento y desarrollo económico sostenible. Estados Unidos, por su parte, se merece a su vez el respeto por parte de los funcionarios públicos de Puerto Rico sobre el uso de sus fondos federales asignados a obra y servicio público para el pueblo de Puerto Rico. Es decir, que los fondos públicos provenientes de los constituyentes estadounidenses no sean malversados o utilizados para fines personales y no públicos, sino para lo que fueron destinados. En definitiva, ambos países se merecen una colaboración estrecha para proteger sus intereses particulares y comunes dentro de sus relaciones federales e internacionales entre ambos y terceros países, respectivamente.
Wilkins Román Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realizó estudios avanzados en Antropología Social y Derecho Constitucional.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.