Como parte de una autodenominado Plan Simón Bolívar, el Comando Sur utilizará a Argentina, Perú y Ecuador para desencadenar conflictos en Sudamérica
De la mano de la jefa del Comando Sur del Pentágono, generala Laura Richardson, como principal protagonista y ejecutora de la diplomacia de guerra de la Casa Blanca y el Estado profundo (deep state) en Sudamérica, y con eje en la acción desestabilizadora interna de la experimentada encargada de Negocios de Estados Unidos en La Paz, Debra Hevia, ha iniciado una nueva fase de la guerra híbrida que busca consumar la política de “cambio de régimen” en Bolivia en el marco de las elecciones presidenciales de 2025.
Los motivos del renovado esfuerzo por desencadenar una “revolución de colores” en el país sudamericano han sido explicitados públicamente en varias ocasiones por la propia Richardson desde 2022: Bolivia tiene las mayores reservas mundiales de litio, mineral crítico considerado una de las prioridades estratégicas del Departamento de Defensa de EU (al servicio de los intereses de los principales fondos de inversión globales: BlackRock, Vanguard, Fidelity y State Street y las corporaciones del complejo digital financiero) en su guerra geopolítica y geoeconómica por mercados y recursos naturales contra China, y además el presidente boliviano Luis Arce impulsa un proceso soberanista de industrialización de ese metal alcalino, por lo que desde la óptica imperial y en el lenguaje orwelliano de la generala de cuatro estrellas del Comando Sur, se le debe manejar propagandísticamente en los medios hegemónicos como un “gobierno corrupto” al frente de un “narcoEstado”; coartada principal desde el fin de la guerra fría (cuando el enemigo era el “comunismo de Moscú”) para encender un nuevo ciclo de violencia fratricida –como el Plan Colombia de Andrés Pastrana y Bill Clinton y la Iniciativa Mérida en el México de Felipe Calderón−, propiciadora de un golpe blando o una intervención militar directa, en interacción con el comodín de la “lucha contra el terrorismo”.
Un elemento adicional es el probable ingreso este año de Bolivia al BRICS, alianza económica que aglutina a Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán; el bloque cuenta con 40 % de las reservas probadas de petróleo, 53.1% de las reservas de gas natural y 40.4% de las de carbón. Asimismo, encabezadas por China y Rusia, las naciones BRICS+ son actores fundamentales en la cadena de suministro de las llamadas tecnologías limpias, y uno de los minerales claves para la transición energética y la industria de las baterías eléctricas, es el litio. Lo que convierte a Bolivia (que también cuenta con tierras raras, agua dulce, uranio y hierro, otros cuatro recursos apetecidos por el Pentágono junto con el petróleo de Venezuela) en un objetivo principal de la “diplomacia militar” del Comando Sur, ya que según el Servicio Geológico de EU, tiene reservas estimadas en 21 millones de toneladas en los salares de Potosí.
La acción injerencista de la generala Richardson y su operadora en Bolivia, Debra Hevia, se incrementó en los últimos meses debido a la firma de sendos convenios entre el gobierno boliviano y los consorcios chinos Catl Brunp & Cmoc y Citic Guoan y la empresa rusa Uranium One Group, de la Corporación Rosatom, para la construcción de plantas piloto para producir litio en el salar de Uyuni.
Debra Hevia en la senda del ex embajador Goldberg
Mientras la inadmisible lucha intestina al interior del oficialista Movimiento al Socialismo empieza a erosionar la relativa estabilidad política y cuando la relación entre el ex presidente Evo Morales y Luis Arce parece llegar a un punto sin retorno, bajo una fachada de funcionaria tecnócrata, la jefa de la misión diplomática de EU en La Paz, la mencionada Debra Hevia, quien domina los códigos de la guerra no convencional asimétrica, las operaciones psicológicas encubiertas y las campañas subliminales, viene desplegando una estrategia de desestabilización política previa a las elecciones de 2025, entre cuyos propósitos principales están la ruptura y/o desaparición del MAS del escenario boliviano, para con ello borrar todo vestigio del proceso de cambio iniciado a nivel gubernamental en enero de 2006, que fue precedido por las llamadas guerra del agua (2000) y del gas (2003), sendos procesos de acumulación de fuerza de un bloque popular indígena, que a la postre llevó a Evo Morales al sillón presidencial del Palacio Quemado.
Desde su llegada al país en septiembre de 2023, Hevia intensificó lo que en diciembre siguiente el presidente Arce denunció como una guerra híbrida, modalidad no convencional definida como una combinación en un campo de batalla de fuerzas regulares y actores no estatales (milicias irregulares de corte paramilitar y desorden criminal), apoyados en una narrativa mediática como arma bélica estratégica, con eje en el azuzamiento del miedo y las emociones, la desinformación y la propaganda negra, el accionar diplomático (incluidas tareas de espionaje), ciberataques, sabotajes y otras herramientas desestabilizadoras.
Para ello, Hevia, quien también pasó por el Centro de Operaciones del Departamento de Estado –grupo de tarea dedicado a las labores de inteligencia y las operaciones especiales de contrainsurgencia activa−, reforzó los programas semiclandestinos de la misión con impacto político, económico y de inmersión social en zonas marginadas de Bolivia dirigidos a generar división interna (el clásico divide y vencerás de las viejas potencias coloniales), entre ellos, formación de liderazgo (adoctrinamiento) y acciones de calle, con financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), vieja tapadera de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Instituto Republicano Internacional y el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales, tradicionales fachadas para la subversión y los golpes blandos de los partidos Republicano y Demócrata, que reciben fondos del Departamento de Estado del presupuesto anual destinado a la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID).
Como antecedente, cabe consignar que tras ser expulsado de Bolivia en 2008, el ex embajador de EU, Philip Golberg, artífice de la balcanización de la ex Yugoeslavia por la OTAN a comienzos de los años 90, siguió conspirando desde ese Centro de Operaciones para respaldar las acciones violentas de la oposición separatista y golpista de la llamada Media Luna boliviana (primordialmente Santa Cruz, junto con Tarija en el Sur y Beni y Pando en el Norte), en base a informes de inteligencia política proporcionados por la Administración de Control de Drogas (DEA), también expulsada ese año bajo acusaciones de espionaje y conspiración. A su vez, el 1 de mayo de 2013, ante una gran concentración de trabajadores y organizaciones sociales, Morales tomó la decisión de expulsar a la USAID, bajo cargos de conspiración e injerencia en sindicatos campesinos y en los asuntos internos del país.
Dado que Bolivia y Estados Unidos interrumpieron relaciones diplomáticas a nivel de embajadores en 2008, los nexos bilaterales se mantienen desde entonces a través de los encargados de Negocios en ambos países. Sin embargo, no es esa la primera tarea de Hevia en La Paz. Ya antes había ocupado cargos “menores” en la Embajada en dos oportunidades, y según Wikileaks su misión consistió en la filtración de denuncias amañadas contra el ex dirigente del sindicato de productores de coca Evo Morales, quien antes de su asunción como mandatario y durante gran parte de su gestión gubernamental se habría convertido en un objetivo de su análisis y acción, pues lo ha estudiado en todas sus aristas.
Los agentes internos y externos de Hevia
Junto con la erosión del MAS, explotando las contradicciones entre Luis Arce y Evo Morales, otro eje prioritario de la campaña de guerra difusa de Hevia, es incrementar la presión sobre el gobierno bajo su denuncia constante como un “narcoEstado” (la antigua matriz de opinión utilizada por el ex jefe del Comando Sur, general James T. Hill, en 2004, contra el movimiento cocalero de Morales, similar a la impulsada en la actual coyuntura por la embajada de EU en México contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata del partido oficialista Morena, Claudia Sheinbaum, a través de los partidos de oposición y su candidata, Xochitl Gálvez, de cara a los comicios del 2 de junio próximo).
La estrategia, cuyo objetivo es debilitar al Estado boliviano, también pretende alejar al sector empresarial de las políticas estatales para evitar el reflote de la economía, y desde un poder legislativo fraccionado y en situación de casi ingobernabilidad, buscará evitar el avance de las políticas sociales y entorpecer cualquier proceso de negociación para la industrialización del litio con actores externos (principalmente China y Rusia) así como la aprobación de préstamos externos.
La guerra difusa desestabilizadora de Hevia cuenta, asimismo, con operadores externos e internos, como la conservadora Fundación Libertad y Democracia, fundada en 2023 e integrada, entre otros, por los ex jefes de Gobierno españoles Mariano Rajoy y José María Aznar y los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón de México, Andrés Pastrana e Iván Duque de Colombia, el argentino Mauricio Macri, Guillermo Lasso de Ecuador y los bolivianos Jeanine Áñez (la golpista presa) y el ex delfín del dictador Hugo Banzer, Jorge “Tuto” Quiroga; la Alianza Informativa Latinoamericana, conformada por una red de cadenas públicas y privadas de televisión de EU e Hispanoamérica (CBS, Venevisión, Caracol de Colombia, Unitel de Bolivia y TV Azteca de México, entre otras), clave para la guerra de desinformación y propaganda; el partido derechista Comunidad Ciudadana, liderado por el ex presidente Carlos Mesa, y ONGs bolivianas como Ríos de pie y la Fundación Construir.
Un dato peculiar es el activismo de la organización estadunidense Military Church Support Group (Grupo de Apoyo de la Iglesia Militar) en zonas rurales bolivianas bajo el paraguas de proyectos comunitarios. Remedo de los Cuerpos de Paz de la contrainsurgencia de John F. Kennedy en los años 60 del siglo pasado, y como parte del Centurion Proyect (Proyecto Centurión), esa red de iglesias asociadas mayoritariamente de la Iglesia Bautista, nació en los alrededores de Fort Bragg, hoy rebautizado Fort Liberty (la mayor base castrense de EU y sede del Mando Conjunto de Operaciones Especiales), y considera a los jefes militares “líderes misioneros sacrificados”. El grupo tiene como práctica empoderar a las iglesias alrededor de los cuarteles con los principios bíblicos, para restaurar a “familias de guerreros (sic) afectadas por trauma militar (…) Estamos en una misión para la iglesia.
No esperamos que la iglesia esté en una misión para nosotros”; una forma moderna encubierta de evangelizar con la cruz y los fusiles de asalto.
Asimismo, con vistas a reconstruir el brazo paramilitar de la Juventud Cruceñista para generar episodios violentos de calle, como ocurrió durante el golpe de Estado de 2019 apoyado por la OEA, Debra Hevia viene financiando las actividades de Svonko Matkovik, con antecedentes terroristas por el caso del asalto al Hotel Las Américas en abril de 2009, y actual presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz de la Sierra por el partido Creemos.
EU a la búsqueda de un candidato opositor único
Con una oposición desgastada y sin un candidato natural para las elecciones de 2025 tras la implosión de las logias de Santa Cruz −que terminaron por fagocitarse y autodestruirse entre escándalos de desfalcos y negociados, a lo que se sumó la captura del gobernador electo Luis Fernando Camacho en diciembre del 2022−, la embajada de EU busca aprovechar la autonomía de los gobiernos locales con el fin de encontrar un outsider de la política capaz de representar los intereses estratégicos del imperio.
En ese sentido, funcionarios de la misión en La Paz han venido sosteniendo reuniones con gobernadores derechistas del oriente del país con un claro mensaje: fomentar un candidato único de la oposición. Entre los prospectos figuran el gobernador interino de Santa Cruz, Mario Aguilera, quien podría aliviar la tensión entre la derecha moderada y las posiciones violentas que defienden a Camacho; el ex empresario cervecero Johnny Fernández, alcalde del municipio cruceño, quien reporta a la Embajada, y el dos veces candidato presidencial (2002 y 2009) Manfred Reyes Villa, un capitán egresado de la Escuela de las Américas en Panamá, ex agregado militar de las embajadas de Bolivia en Brasil y Estados Unidos, quien tras un exilio de 10 años en la Unión Americana regresó al país bajo la dictadura de Jeanine Áñez en enero de 2020 y se postuló como alcalde de Cochabamba en las elecciones subnacionales de 2021, triunfando con 55,63% de los sufragios.
El Plan Simón Bolívar
Con sus antecedentes de corte secesionista, la región de Santa Cruz, pero también Tarija, limítrofe con Iquique en Chile, resultan claves para el nuevo plan imperial de recolonización de América Latina, autodenominado Simón Bolívar, que tiene entre los principales objetivos del Comando Sur evitar el empoderamiento económico de la región a través del comercio con potencias asiáticas como China, India y Rusia, y desestabilizar y aislar a países que escapan a su tutelaje, como Bolivia, Venezuela y Colombia, y también a Brasil, como miembro fundador del BRICS. Para ello, según información recopilada por el Centro de Estudios Geopolíticos Multidisciplinarios (CEGM) y el ex ministro boliviano Hugo Moldiz, Washington ha puesto en marcha una política divisionista en Sudamérica y cuenta para su ejecución con los gobiernos derechistas de Argentina, Perú y Ecuador.
Es en ese contexto que hay que ubicar las declaraciones de la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, el pasado15 de abril, al diario conservador La Nación de Buenos Aires, cuando afirmó que existen “células de Hezbolá en la Triple Frontera (entre Argentina, Brasil y Paraguay)”, pero que “es en la frontera con Bolivia donde vemos el máximo nivel de alerta y seguridad (…) porque existe un memorándum firmado por Bolivia e Irán”. Incluso mencionó la posible presencia de fuerzas de élite iraníes conocidas como Quds en esa zona fronteriza. También mencionó la presencia de células de Hezbolá en Iquique, en el norte de Chile, y en zonas de Perú y Brasil.
Los bulos de Patricia Bullrich fueron propalados apenas días después de la visita a Buenos Aires del jefe de la CIA, William Burns, y en el momento de máxima tensión entre Israel e Irán, y fueron secundados por Mark Wells, subsecretario adjunto para América Latina y el Caribe de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y por el senador republicano Marco Rubio, uno de los principales activos de la industria de la contrarrevolución miamera.
Desempolvar la vieja matriz intervencionista post-Torres Gemelas (2001) de George W. Bush y el Pentágono sobre la existencia de “células dormidas del terrorismo islámico” en la Triple Frontera −área compartida por Ciudad del Este, del lado paraguayo, Puerto Iguazú, en Argentina y su vecina Foz do Iguaçu, en Brasil−, es un indicativo de que el Comando Sur activa una nueva serie de acciones desestabilizadoras en la subregión. Y es evidente que en sus planes de otanización de Sudamérica y guerra híbrida contra Bolivia, Colombia y Venezuela, cuenta con el presidente argentino Javier Milei y su ministra de Seguridad como puntas de lanza. Dos días después de las declaraciones de Bullrich sobre Hezbolá, Argentina pidió su ingreso formal a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
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