Bien podría decirse que los cambios que se operan rápidamente en el Perú de hoy, tienen un signo: llega la hora en la que los trabajadores habrán de jugar un papel decisivo. Los conflictos sociales así permiten afirmarlo. Se recuerda que la primera tienda Ripley, con otra denominación, se inauguró en Santiago de Chile en […]
Bien podría decirse que los cambios que se operan rápidamente en el Perú de hoy, tienen un signo: llega la hora en la que los trabajadores habrán de jugar un papel decisivo. Los conflictos sociales así permiten afirmarlo.
Se recuerda que la primera tienda Ripley, con otra denominación, se inauguró en Santiago de Chile en 1964. Pero fue doce años más tarde, en 1976, bajo el manto benefactor del régimen de Augusto Pinochet cuando este consorcio comenzó a operar con sistemas de crédito que lo llevarían a convertirse en un almacén poderoso y altamente rentable.
Dos años después -en 1978- surgió el consorcio comercial Eccsa S.A, que recogió los intereses primarios de Ripley y que se dedicó de modo preferente a la venta por tienda al por menor, de ropa y otros artículos. Como el «modelo» pinochetista siguió en vigencia en Chile aún después de la caída del régimen militar, Ripley inauguró en 1993 la primera tienda en Parque Arauco, que le generó un exitoso cambio de imagen y reposicionamiento en un mercado construido en provecho de la burguesía emergente chilena.
Tres años más tarde, en 1997 comenzó a operar la primera tienda Ripley fuera de Chile. Fue Lima el lugar escogido. Y más precisamente, el Jockey Plaza, -también llamado pomposamente «Shoping Center»- nacido al calor del modelo neo liberal en los años del esplendor del fujimorato; el lugar escogido. En la coyuntura, trajo aparejado un nuevo consorcio -CARSA- que nació para administrar el negocio del crédito, y fortalecer lo que se dio en llamar los «servicios al cliente», una modalidad operativa altamente rentable para los inversionistas cobijados a la sombra del régimen entonces vigente.
El éxito de ambas empresas alentó por cierto la inversión foránea, y en particular la presencia de consorcios chilenos que llegaron a nuestras costas con el claro propósito de hacer su agosto. Fue así que comenzaron a operar entidades diversas: Saga Falabella, Plaza Vea, Tottus; que sumaron ingentes recursos a otros inversionistas chilenos que operaron en puertos, aeropuertos, banca, comercio, exploración petrolera, minería, tierras de cultivo, producciones agrarias y otros. De ese modo, la inversión de capitales chilenos en nuestro país bordeó los siete mil millones de dólares, notable cifra si la comparamos con la inversa: la inversión peruana en Chile no llegó nunca al 10% de ese monto. Al revés de lo que quería Fernando Belaúnde, no fue «la conquista del Perú por los peruanos», sino la conquista del Perú por los chilenos, lo que se puso en boga.
Dos rasgos resaltaron desde un inicio en tiendas Ripley: las inmensas ganancias que reportaron a sus propietarios, y su absoluto desprecio por los derechos laborales y humanos de los trabajadores a su servicio. Las sobre utilidades se dieron la mano, afectuosamente, con la explotación más inicua de miles de empleados -hombres y mujeres- que laboraron en condiciones indignas, a cambio de pagos irrisorios. Esto fue posible porque los empresarios sureños contaron siempre con el apoyo cómplice y la ayuda constante de las autoridades peruanas que -de rey a paje- jugaron su papel de sirvientes del capital en todas las instancias de la administración del Estado.
El Presidente Fujimori fue el primero en rendir pleitesía a la inversión chilena asegurando que ella contaría siempre con «la mayor protección del Estado Peruano». No fue casual en este marco, el respaldo de los servicios de inteligencia peruano a las acciones turbias de Andrónico Lusick y el grupo Luchetti y sus representantes; ni las pláticas cordiales con uno de los más altos jefes de las instituciones castrenses del país del sur, el almirante Patricio Arancibia, recogidas en los videos de la ya célebre «Salita del SIN» y en las que se rindió pleitesía al dictador fascista ya entonces «en el retiro».
«Hacemos un alto para brindar este trago por Usted y la armada chilena por la cual guardamos una profunda simpatía, por los amigos chilenos y en particular por el gran honor de tenerlo acá en estas instalaciones, con el respeto y admiración por la Fuerza Armada Chilena y en particular por el general Pinochet», se sabe que dijo el asesor de inteligencia del régimen fujimorista el 28 de mayo de l998, recibiendo al jefe militar chileno de visita en nuestro país, en una larga conversación en la que ser abordó la «estrategia antiterrorista» aplicada en ambos países y asuntos relacionados a los derechos humanos; además de otros de comercio e inversión. Es que en esas épocas, Fujimori y los fascistas chilenos no eran sólo uña y carne, sino también uña y sangre; además de uña y mugre, por cierto.
Gracias a tal amparo, las utilidades de Ripley aquí crecieron año a año, incluso recientemente. Solo en el 2010, por ejemplo, aumentaron 62,4% en soles. Las ventas, crecieron 10,4%, mientras que los márgenes de ganancia se incrementaron en 19% respecto al 2009. Por otra parte, la cartera de colocaciones creció 15,5% en comparación al cierre del año anterior. Fue así como a fin de ese año «les fue posible abrir sucursales en Arequipa, Piura y Lima Norte por lo que la empresa culminó el 2010 con 15 tiendas en Perú, aumentando su superficie de venta en 17% y continuando con su expansión en Lima y regiones», aseguró en su momento la empresa.
Los trabajadores, sin embargo, no pudieron formar sindicatos ni tuvieron derecho a la negociación colectiva. Durante 14 años, no obtuvieron aumentos salariales, ni beneficios pactados. Tampoco compensación por tiempo de servicios, ni gratificaciones. No les reconocieron el pago por el trabajo en horas extras, ni otros a los que tenían derecho de acuerdo a ley. No alcanzaron, por supuesto, estabilidad en el empleo, ni derecho a la cesantía ni a la jubilación. Tuvieron que regirse por contratos a plazo fijo, que fueron renovándose de manera mensual, bimestral o semestral, sin derecho alguno a acumulación de ninguna índole. En el periodo, centenares de hombres y mujeres fueron simplemente echados a la calle porque se resistieron a admitir esa política de humillante esclavitud. El Estado Peruano dio su «placett» a esa práctica inicua asegurando que gracias a ella, los peruanos podían aspirar a un puesto de trabajo. En otras palabras, los esclavos podrían haber dado las gracias a sus amos por haberles brindado «protección y amparo» en una circunstancia en la que el empleo escaseaba.
Contrariando esta «filosofía», la resistencia de los trabajadores no estuvo ausente. Es verdad que ella se expresó, en un inicio, en tímidas demostraciones de rechazo, que no fueron siquiera respaldadas por la mayoría de los que laboraban en las tiendas, ni por las organizaciones sindicales de mayor jerarquía que simplemente las ignoraron. Pero las protestas no fueron vanas. Poco a poco fueron creando conciencia, requiriendo de organización y solventando luchas. Y hoy asoman como una realidad tangible.
Como la tragedia de un pueblo no es eterna
Hoy, a la luz de los cambios que se operan en la política nacional, los trabajadores despiertan a una nueva realidad. Y a la vanguardia de ellos, los empleados y obreros de Ripley asumen una conducta de lucha ciertamente encomiable. Manifestaciones públicas, denuncias puntuales, protestas encendidas y exigencias básicas asoman ahora en nuevas condiciones; de modo tal que no pueden ser ocultadas por los medios de comunicación que, ayer nomás, las barrían bajo la alfombra.
Es posible en las nuevas condiciones que los trabajadores triunfen; que se abra paso a una razonable modificación de las relaciones de trabajo, que las condiciones de empleo simplemente se humanicen en los términos de los convenios laborales de la OIT; y que, en efecto, la organización sindical pueda existir sin traba alguna en la perspectiva. Por lo pronto, ahora las autoridades cautelan los derechos de la población y la tienda Ripley del Shoping Center fue cerrada por no acreditar «seguridad suficiente a los usuarios». Sorprendentemente -para que no se asusten los timoratos- han sido las autoridades ediles del distrito de Surco las que tomaron la iniciativa en la materia
Una buena experiencia que no tiene por qué alarmar al pueblo de Chile, que nada tiene que ver en el asunto, pero que sí debiera servir como acicate al conjunto del movimiento sindical en ambos países. Aquí, esta es la hora de la organización y la lucha. La hora de la recuperación de las conquistas perdidas y de la restitución de los derechos conculcados. Las organizaciones sindicales de grado superior debieran movilizarse de inmediato en respaldo activo a esta causa. Por las declaraciones del Secretario General de la CGTP, pareciera haber disposición en la materia. Y es que, finalmente, están llamadas a ello. Y es que ahora se requiere voluntad de acción de los trabajadores sumado a un comportamiento honorable de las nuevas autoridades del sector que están hoy en la mira del país, y que serán juzgadas no por antecedentes, prejuicios o matices, sino por el modo concreto en que procedan ante conflictos como éste, que no podrán mirar de soslayo.
Gustavo Espinoza M. es miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://nuestrabandera.lamula.pe