Traducido para Rebelión por Gorka Larrabeiti
Lo que está pasando estos días no tiene precedentes en la historia reciente de Grecia. Congelación general de salarios para el 2010, recortes del 10% a las indemnizaciones (incluidas las de los ministros) que se extienden a las pensiones por encima de los 2.000 euros, reforma del sistema fiscal, medidas severísimas contra los evasores (hasta la retirada del permiso de trabajo y la detención), impuestos a los cigarrillos, alcohol y gasolina, aumento del límite de edad de jubilación y equiparación -antes de 2010- de la de hombres y mujeres.
Las medidas draconianas que contiene el plan de saneamiento de las finanzas griegas están suscitando movilizaciones y huelgas en cadena, pero también consensos inimaginables hasta ahora.
Para hacer frente a la crisis el pasado martes el gobierno de Jorgos Papandreou empezó a poner a punto medidas que antes habrían desencadenado un estallido social. Sin embargo, esta vez los griegos están completamente desorientados, pues, si bien es cierto que, según todos los sondeos, una aplastante mayoría se da cuenta de la emergencia económica y está de acuerdo con la autoridad impuesta -se oye a menudo la frase «ha llegado el momento de pagar la cuenta»- también lo es que se sospecha que «la crisis la pagarán los trabajadores, no el capital».
No es casualidad que ciertas categorías -las profesiones liberales, sobre todo- no están dispuestos a perder sus privilegios y los evasores, que tras la victoria socialista ya han exportado a los bancos suizos una suma de 8.500 millones de euros, siguen manteniendo fuertes lazos con el mundo político, pese a las medidas severas preanunciadas y la introducción de un escudo fiscal para el retorno de los capitales.
Lo que más perplejidad causa en cualquier caso es el hecho de que los primeros en pagar la crisis vayan a ser los trabajadores del sector público, que sí se habrá inflado por culpa del clientelismo pero que también es el que recibe salarios más bajos de todo el eurogrupo. «El gobierno no puede aprobar medidas salariales, fiscales y de pensiones que sirvan para aplacar a los dioses del mercado a costa de los trabajadores», subrayó Spyros Papaspyros, presidente de la Confederación de Trabajadores del Sector Público (ADEY), que convocó ayer, junto con el sindicato comunista PAME una huelga general contra el plan de austeridad. Los manifestantes que salieron a la calle en Atenas y Salónica eran 10.000, menos de los esperados (la Confederación cuenta con 300.000 afiliados), en parte por el mal tiempo, pero las dos ciudades quedaron paralizadas y el país entero recibió una gran sacudida.
Centenares de vuelos de y para Grecia en tierra, cerradas las escuelas, hospitales, servicios postales, ministerios, administraciones regionales. Problemas parciales también en el transporte ferroviario; funcionaba el transporte internacional y urbano, pues estos trabajadores se adhieren a otro sindicato.
Para los empleados públicos la reforma del sistema impositivo que beneficia a quien gana menos de 30.000 euros y prevé el aumento de impuestos para las rentas más altas y las grandes sociedades no les garantiza la supervivencia. «Es cierto: quienes más ganen, deben pagar más», dicen, pero «la congelación y los recortes anunciados significan una reducción efectiva de nuestras rentas hasta de un 15%». En una palabra: estos sacrificios, a su entender, serán injustos e inútiles.
La víspera de la cumbre extraordinaria de Bruselas, el primer ministro Jorgos Papandreou se encontró con el presidente Nicolas Sarkozy para discutir sobre la crisis financiera y la compra de nuevo armamento de Francia. Papandreou pidió moderación a los sindicatos explicando que el país no puede permitirse huelgas y bloqueos de carreteras, pero no quiso responder a los rumores que dicen que ya hay listo un plan de salvamento europeo de Grecia guiado por Alemania.
Según una fuente de la agencia Bloomberg, el parlamento alemán debe apoyar todas las acciones de apoyo a Grecia precisando que éstos podrán ir más allá del préstamo garantizado. Por ello, la canciller alemana Angela Merkel estaba sopesando ayer una serie de opciones ya que, según esa misma fuente, las reglas de la UE sobre ayudas son más flexibles que lo que Berlín había pensado en principio. Este asunto se abordó ayer en la cumbre de los 27 en Bruselas.
Entre tanto, tras 24 horas de protestas y bloqueos de carreteras, gran parte de los agricultores, por «sentido de la responsabilidad» retiró el pasado martes sus tractores, pero ayer todas las ciudades iban a estar sin taxis por la huelga nacional de los taxistas, que protestaban contra las medidas fiscales que les afectan. Además, la Confederación de Trabajadores GSEE, junto con el sector público, han anunciado ya una huelga general para el próximo 24 de febrero.
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