La detención de Gerry Adams demuestra que los intereses políticos influyen en las decisiones judiciales y policiales, y ha convertido a los McConville en víctimas de acciones más interesadas en destruir a Adams que en resolver su caso.
Hoy sabremos si el presidente de Sinn Féin, Gerry Adams, es liberado o si la Policía norirlandesa reclama una extensión en su detención o presenta cargos en su contra con relación a la muerte en 1972 de Jean McConville. Los analistas políticos al norte y al sur de la frontera que divide a Irlanda consideran que la libertad sin cargos será el resultado más posible a una situación anómala que ha abierto interrogantes sobre la independencia y neutralidad de la Policía norirlandesa, la estabilidad de un proceso de paz con demasiadas cuestiones pendientes y el interés partidista de los políticos irlandeses, más preocupados por los resultados de las elecciones del día 25 que por actuaciones contenciosas que podrían haberse evitado.
Desde Sinn Féin se ha criticado la actitud policial hacia Adams, quien se ofreció voluntariamente para declarar en el «caso McConville» a finales de marzo, y ha pasado un mes entre su ofrecimiento y la citación policial. Los repu- blicanos critican sobre todo la fecha para su citación y consideran su elección una clara injerencia en el ámbito político. Por qué no se produjo hace cinco semanas y por qué tiene lugar a unos días de que las encuestas anuncien una marea de votos en apoyo al programa político republicano y a Gerry Adams como el líder político más apreciado en la república irlandesa es una cuestión que solo los altos mandos policiales o la secretaria de Estado británica en el norte de Irlanda, Theresa Villiers, pueden contestar.
Mención aparte merece por qué se detiene a un ciudadano que se presenta voluntariamente a declarar, si esa actuación es necesaria o simplemente se busca una repercusión mediática y política que se podría haber evitado.
Desde los sectores unionistas, británicos e irlandeses, que esperan beneficiarse del impacto negativo de la detención de Adams en las urnas, se defiende la actuación de la Policía dentro de los parámetros de la neutralidad de la Justicia: todos somos iguales ante la ley y Adams no debe ser una excepción. Sin embargo, la actuación policial y la respuesta política a la detención del líder republicano apuntan lo contrario.
El caso de Jean McConville parece haberse transformado en una prioridad para el Estado británico frente a otros, como la ejecución del abogado nacionalista Pat Finucane, el Domingo Sangriento, las masacres de Ballymurphy o Loughinisland, las bombas de Dublín y Monaghan o tantos otros hechos en los que también ciudadanos nacionalistas fueron víctimas de la violencia. Pero no responde a un deseo de justicia. La diferencia entre el «caso McConville» y todos los mencionados es su autoría. En el primer caso, el que se investiga, el IRA. En el resto -en los que se evita, retrasa u obstaculiza la investigación con la excusa de la seguridad de Estado o que no son de interés público-, las fuerzas de seguridad británicas en connivencia con elementos lealistas.
Como apuntaba el viceprimer ministro norirlandés, Martin McGuinness, la Policía conoce el nombre de los soldados responsables de las muertes de 14 civiles en las calles de Derry durante el Domingo Sangriento y de las 11 muertes en las calles de Ballymurphy, pero no considera una prioridad detenerles. El mismo Gobierno británico se negó a colaborar con el Tribunal Internacional de Investigación en las bombas de Dublín y Monaghan, que hace 40 años mataron a 33 ciudadanos irlandeses. Como acusa el periodista irlandés afincado en EEUU Niall O’Dowd, «buena suerte si buscas una investigación», porque estas decisiones tienen un marcado carácter político, como la tiene la de priorizar el «caso McConville».
Si bien Londres dispone de evidencias y documentación para llevar a cabo una investigación eficaz en los actos de terrorismo de Estado de sus Fuerzas Armadas o paramilitares lealistas bajo su dirección, la evidencia en el «caso McConville» se basa en los testimonios recogidos durante un proyecto de memoria histórica impulsado por un periodista antirrepublicano, Ed Moloney -que recientemente ha descrito a Adams como el «Pinochet irlandés»-, y un republicano reconvertido y opuesto al proceso de paz, Anthony McIntyre. Para las entrevistas, Moloney y McIntyre eligieron a los elementos que repudiaban el proceso y a la Ejecutiva de Sinn Féin, y son precisamente las entrevistas de dos de ellos, Dolores Price y Brendan Hughes, las que la Policía ha empleado como evidencia contra Adams. Moloney y McIntyre acusan a Sinn Féin de engañarse a sí mismo por confiar en Adams, pero la cuestión es qué confianza despiertan sus propios argumentos. Para McIntyre, el proceso de paz es «una conspiración para precisamente destruir la paz» -según sus declaraciones al canal público irlandés RTE-, y en un reciente artículo, Moloney apunta que Adams ha orquestado su propia detención. Sin comentarios.
En los tiempos que corren, donde la tarea de los políticos profesionales parece ser la de aferrarse al cargo y evitar a toda costa responsabilidades, la decisión de Adams de presentarse voluntariamente a declarar es esperanzadora. Sinn Féin es realmente un partido que augura un cambio. De una forma u otra, es evidente que su arresto tendrá repercusiones en los resultados electorales de su partido, pero está por ver su efecto. En un artículo de «Irish Times», la periodista que seguía la campaña a las elecciones locales de una candidata de Sinn Féin destacaba que en dos horas ningún ciudadano había mencionado el arresto. En el norte, el enfado de los electores nacionalistas podría aumentar el voto, pero en la república el efecto podría ser el contrario, «que es la razón de esta actuación en este momento», denuncia O’Dowd. «Las posibilidades de una acusación son nulas, pero la razón real es parar a Sinn Féin y se rebajarán todo lo que sea necesario para conseguirlo», subraya.