Comunidades indígenas de Guatemala que se oponen a las represas de la empresa española sufren extorsión y represión
«Si no os vais os puede pasar algo. Tened cuidado, los que me mandan son mala gente, a mí me hicieron esto», dijo un hombre, mientras señalaba una cicatriz de unos 40 cm que tenía en el abdomen, a JTM y CP, iniciales de dos observadores de derechos humanos, uno español y otro alemán, que se encontraban en el municipio de Barillas, Guatemala, el pasado 13 de mayo.
El hecho fue denunciado formalmente ante la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, pero, hasta ahora, la justicia guatemalteca no ha iniciado ningún procedimiento al respecto. Tampoco se ha pronunciado Iñigo Febrel Benlloch, secretario consular de la Embajada en Guatemala, que se comprometió a investigar los hechos.
Una empresa española
Hidro Santa Cruz es una filial de Hidralia, propiedad del gallego Luis Castro Valdivia. Esta hidroeléctrica española desarrolla diversos proyectos en varias regiones de Guatemala. Según la Asamblea por la Defensa del Territorio, que integra a diversos colectivos en resistencia contra el expolio de su territorio, todas las hidroeléctricas planeadas por Hidralia se sitúan en pueblos que han realizado consultas comunitarias y son contrarios a la construcción de estos proyectos.
En Guatemala, la legislación ampara las consultas a las poblaciones indígenas y el resultado es vinculante; deciden sobre la explotación y uso de los recursos naturales en su territorio. La estrategia de Hidralia es la misma que siguen multitud de empresas en toda Latinoamérica. Se introducen en el área y compran las tierras que les interesan. En el caso de la eléctrica española, adquirió en Barillas terrenos para destinarlos, supuestamente, al cultivo de café y cardamomo, mientras que en el municipio de Santa Eulalia se trataba de un proyecto de reforestación.
Las comunidades han denunciado que cuando se han rebelado contra los planes de estas empresas, éstas han tratado de dividir a los pobladores, han generado violencia en las comunidades para conseguir sus objetivos y han hecho circular amenazas y rumores para provocar tensión. En muchos casos, estas empresas contratan cuerpos paramilitares o sicarios que acaban con la vida de algún dirigente comunitario para sembrar el miedo y tratar de paralizar la lucha de las comunidades.
En el caso de Barillas ya han sido asesinadas dos personas: Andrés Pedro Miguel, en 2012, y Daniel Pedro Mateo, en abril de este año. Un mes después, la Policía Nacional Civil secuestró y golpeó a Mynor López y a su sobrino, y, días después, hizo lo mismo con M., inicial del nombre de la lideresa comunitaria, que fue violentamente agredida y amenazada a punta de pistola. Éstos son sólo algunos casos.
Dividir a las comunidades
En la tarea de dividir a las comunidades, la mayoría de las transnacionales que se instalan en las tierras comunitarias compran a miembros de la comunidad o representantes, pagándoles mucho más a ellos y a sus trabajadores de lo que conseguirían con cualquier otro empleo o les conceden regalías. En Barillas, Hidralia ha comprado láminas de zinc para el techo de algunas viviendas y en Santa Eulalia han prometido electricidad cinco comunidades que ni siquiera pertenecen ese municipio. DIAGONAL ha tratado de ponerse en contacto con Hidralia sin conseguir que responda a las preguntas de este medio.
Varias personas de Barillas han sido encarceladas, hasta ocho meses, sin que el juzgado dictaminase qué delitos habían cometido y qué pruebas existen contra ellos. En la actualidad, los líderes comunitarios de Barillas y Santa Eulalia acumulan decenas de denuncias. Ése es el caso de Rubén Herrera, puesto en libertad recientemente, pero aún pendiente de la denuncia.
Según explica el juez Miguel Ángel Aguilar, encargado del caso, «el problema es que la Policía Nacional, el Ministerio Público y el organismo judicial estamos haciendo más complejas las cosas porque actuamos de forma irresponsable. Se dictan órdenes de aprehensión por un montón de delitos y, cuando presta declaración la persona, hay veces que sólo quedan uno o dos delitos. Es ahí donde nos damos cuenta». La respuesta por parte del Gobierno guatemalteco y el Estado español ante todas estas violaciones de derechos humanos es la misma que recibieron los dos observadores internacionales amenazados en Barillas en mayo pasado: el silencio.
Despojo de las tierras y derechos indígenas
El 28 de septiembre se repitió otro episodio de criminalización y represión en el territorio del pueblo maya q’anjobal del norte del departamento de Huehuetenango, Guatemala, según informa la organización Coordinación por los derechos de los pueblos indígenas (CODPI). El líder indígena Maynor López fue detenido de forma arbitraria y fue trasladado en un helicóptero militar hasta la capital. Es un nuevo episodio de violencia policial contra las comunidades que se oponen a una represa hidroeléctrica en el río Cambalam, en Barillas, operado por la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional Hidralia Energía, con sede en el Estado español (en A Coruña). Guatemala ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre el derecho de las comunidades a decidir y es obligatorio su cumplimiento. CODPI denuncia que «el despojo de tierras y derechos son las causas de la conflictividad en Barillas y la región norte de Huehuetenango».