Los diarios nacionales informan que diez auditores de la Cámara de Cuentas recolectan datos para realizar una investigación especial a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA. Por los pronunciamientos del Ministerio Público y por la trayectoria de la propia Cámara de Cuentas, es obvio que no se trata de un encomiable proceso de […]
Los diarios nacionales informan que diez auditores de la Cámara de Cuentas recolectan datos para realizar una investigación especial a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA. Por los pronunciamientos del Ministerio Público y por la trayectoria de la propia Cámara de Cuentas, es obvio que no se trata de un encomiable proceso de búsqueda de justicia, sino de una contribución con el infame propósito de evadir el costo político del asesinato de Yuniol Ramírez.
En lo inmediato, las autoridades dan respuesta al escándalo. En términos generales, el objetivo es encubrir la podredumbre. Hay grupos y personas intocables en el Estado y en el sistema de partidos, porque sustentan el activismo politiquero, y los hay también el sector privado, porque financian el clientelismo.
La corrupción en el Estado, hace del saqueo una práctica cotidiana para acumular poder político; la corrupción en el sector privado, integra al ejercicio cotidiano de la actividad empresarial prácticas que riñen con la propia legalidad de un Estado constituido para favorecer la acumulación capitalista. Más importante aún, la conjunción de corruptos y corruptores (que en términos esenciales son lo mismo), es elemento definitorio de un orden cuyos sustentadores se sirven incluso del sicariato.
En el tratamiento público al asesinato de Yuniol Ramírez, la primera parte del montaje correspondió al Ministerio Público, institución que, a través de la fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, presentó al ya difunto abogado como impenitente extorsionador y dijo que dos empleados de la OMSA (Argenis Contreras González y José Antonio Mercado Blanco) tomaron la decisión de asesinarlo.
Junto al titular de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), general de brigada Pablo Arturo Pujols (la Policía Nacional tenía que estar en escena), Diná Llaverías anunció: «De ahora en adelante las investigaciones se encaminan a determinar si el director de la OMSA, Manuel Antonio Rivas, tiene alguna responsabilidad en este homicidio, así como también, en establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los implicados para ponerlos a disposición de la justicia».
En rueda de prensa, Ministerio Público y Policía dieron respuesta al escándalo que constituyó el hallazgo del cadáver del abogado con un disparo en la cabeza y atado con fuerte cadena a dos bloques de construcción en el río Manoguayabo. Y, claro, pretendieron dejar en los autores materiales la responsabilidad por el hecho.
No pudieron evitar que se hicieran visibles las ataduras que les impiden desmontar la podredumbre.
Sucede que, a estas alturas la perpetuación del sistema de privilegios depende de la existencia de la corrupción y necesita incluso adaptarla a los tiempos. Por eso, el acuerdo de impunidad y encubrimiento del delito de Estado sigue siendo un importante elemento del pacto de clase.
Es el compromiso en la protección del sistema y no la intención de hacer justicia, lo que obliga al gobierno a despojar parcialmente de la protección oficial (hay que subrayar que solo parcialmente) a Manuel Rivas, al empresario Eddy Santana Zorrilla, y de paso al coronel Faustino Rosario Díaz, encargado de finanzas en la OMSA.
Prisioneros, con medidas de coerción y despojados de cargos y rangos, los acusados esperan ser favorecidos por quienes siempre han utilizado sus servicios. Los estrategas al servicio del Estado y del empresariado tienen, sin embargo, la misión de dejar en unos cuantos nombres la culpa para dar continuidad al apañamiento y al pacto de impunidad.
La víctima en el papel de acusado
La práctica del abogado Yuniol Ramírez, quien fue precandidato a senador de San Juan de la Maguana por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, fue cuestionada incluso por algunos integrantes del movimiento Marcha Verde. Esto así, porque desistió de iniciar un proceso contra Víctor Díaz Rúa (el acaudalado ex ministro de Obras Públicas), a quien denunció como socio de Mustafá Abu Naba en una estafa al Estado. Este fue el desistimiento que generó más cuestionamientos, aunque él explicó que Díaz Rúa (desacreditado exfuncionario y desacreditado funcionario entonces) le mostró un conjunto de documentos que lo convencieron de que todo andaba en regla. Otros procesos iniciados en su nombre y en el de la organización que dirigía (Convergencia Nacional de Abogados, CONA), fueron dejados a medias por razones nada convincentes.
En esos cuestionamientos se apoyó el Ministerio Público para presentarlo ante la opinión pública como extorsionador.
Solo en un orden donde la impunidad es sello, se recurre a este argumento ante un hecho como ese. Es fácil acusar (y casi condenar) a quien ya fue silenciado con un disparo, y atado a dos bloques con cadena y candado.
¿Limpia su imagen el gobierno de Danilo Medina destituyendo a Manuel Rivas cuando ha quedado claro que, siendo funcionario, tenía sicarios a su servicio y pagaba con dinero del Estado el activismo politiquero y hasta el trabajo sucio? Imposible.
El empresario Eddy Santana había sido favorecido por otros funcionarios y políticos. Los diarios citan entre sus protectores al ex ministro de Medioambiente Bautista Rojas Gómez.
¿Hurgarán los auditores de la Cámara de Cuentas hasta determinar el origen de esta y otras fortunas? Hasta el beneficio de la duda es ya una concesión.
Apañar es consentir
Tras el asesinato de Yuniol Ramírez, junto al clamor de justicia, adquirió fuerte presencia en los medios de comunicación la recreada denuncia de que ciertos abogados y periodistas han hecho de la extorsión a funcionarios corruptos una práctica altamente rentable.
La denuncia es válida, pero hay que ir más lejos en la mención de los elementos descriptivos de esta situación.
Los funcionarios pasibles de ser extorsionados son los corruptos. Si en el país hay una estructura de chantaje es porque el Estado y la clase dominante tienen como marca la corrupción.
En las últimas dos semanas, han sido publicadas de nuevo las reseñas sobre hechos de sangre relacionados con la corrupción (como por ejemplo el que costó tres vidas en San Pedro de Macorís). Si no se llega más lejos en el análisis, es por el carácter empresarial de los medios de comunicación.
La corrupción a grandes niveles no tiene un sello sencillamente personal, es sistémica.
En la labor de apañar la podredumbre juegan un importante papel los grandes medios de comunicación. La censura y el alcance del poder económico que tienen las corporaciones propietarias de esos medios, actúan en dirección de ocultar el aporte de este sector empresarial a la preservación de la impunidad.
Se habla del chantaje de ciertos abogados y comunicadores, pero no se denuncia el hecho de que se ha tornado normal la elección por funcionarios y empresarios de los reporteros que envían los medios a cubrir sus respectivas actividades. ¿Qué nombre se le puede poner a esta situación? ¿No constituye, acaso, una muestra de que la corrupción no se divide en estatal y privada sino que tiene un fuerte sello de clase?
La otra violencia
Como la impunidad y la corrupción, la violencia tiene sello de clase. En el caso de Yuniol Ramírez, el Ministerio Público se empeña en desacreditar a la víctima intentando con ello alivianar el peso político del hecho.
Los sicarios actuaron con recursos del Estado y el empresario, de quien se dice realizaba transacciones por encargo de un funcionario y con dinero del Estado, es obvio que era favorecido y devolvía favores. ¿Cuántos empresarios hay en esa misma condición e igualmente favorecidos?
A esa violencia se suma la ejercida con uniforme y apadrinada sin disfraces por el mismo Estado. Esa fue la que arrancó la vida en San Francisco de Macorís al joven activista Vladimir Lantigua en los primeros días de agosto.
Recientemente murió otro activista del movimiento revolucionario y popular, Jesús Adón. Sus familiares denuncian que una vieja enfermedad ósea se le agravó cuando en medio de una protesta recibió una descarga eléctrica de un agente policial.
El poder mediático ayuda al gobierno a evadir el costo político de acciones de este tipo, pero algunas cuentas no son borrables.
Desmontar la corrupción, objetivo irrenunciable
El costo de la corrupción se manifiesta en hambre y exclusión, pero también en sangre.
Aunque se vincule a Yuniol Ramírez con prácticas no correctas y aunque se llegue incluso a ofrecer pruebas de ese vínculo, en este caso él fue la víctima y personas que servían en una institución estatal actuaron como agentes de la muerte.
¿Cuántas víctimas hay cuyos nombres no conocemos?
Hablamos de estructuras de poder que son violentas por definición y criminales por tradición… La lucha contra la impunidad es ineludible, y pasa por el combate al apañamiento. Los sustentadores del crimen tienen nombres y apellidos, y este pueblo debe conocerlos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.