Un exjefe policial vinculado a asesinatos y desapariciones forzadas en los años 80 fue amparado por la Corte de Constitucionalidad (CC), que dejó en suspenso la condena a 70 años de cárcel que le impuso hace un año un tribunal de mayor riesgo. La misma Corte dispuso en mayo anular la pena de 80 años […]
Un exjefe policial vinculado a asesinatos y desapariciones forzadas en los años 80 fue amparado por la Corte de Constitucionalidad (CC), que dejó en suspenso la condena a 70 años de cárcel que le impuso hace un año un tribunal de mayor riesgo. La misma Corte dispuso en mayo anular la pena de 80 años por Genocidio impuesta al exdictador Efraín Ríos Montt.
Pedro García Arredondo, exjefe del tenebroso Comando Seis de la disuelta Policía Nacional (PN), fue el beneficiado por la nueva resolución de la Corte de Constitucionalidad. Al expolicía se le atribuyen incontables ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, especialmente de estudiantes universitarios y líderes sindicales en la capital durante el régimen del general Romeo Lucas (1978-1982).
García Arredondo fue detenido en julio de 2011 y en agosto de 2012 el Tribunal A de Mayor Riesgo lo condenó a 70 años de prisión tras encontrarlo culpable de la desaparición de un estudiante universitario en 1981. El abogado de García, Moisés Galindo, explicó que la resolución de la CC establece que el proceso contra su cliente debe resolverse bajo la Ley de Reconciliación Nacional (1996), por lo que deberá regresar a una Sala de Apelaciones para que se determine si los hechos que están siendo juzgados están o no extinguidos de responsabilidad penal, según lo indicado por dicha ley.
Galindo indicó que su defensa accionó ante la CC por considerar que fue ilegal la sentencia que se le impuso sin que antes el proceso fuera conocido por una Sala de Apelaciones. Según el abogado, al haberse incumplido dicho procedimiento el debate contra García es nulo, así como todos los procesos relacionados con el conflicto armado interno que estén en la misma situación.
García también es señalado por otras atrocidades, como la de su supuesta participación en el incendio de la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, en el que murieron 37 personas. En ese hecho, fuerzas de seguridad bajo su mando asaltaron la misión diplomática tras una ocupación pacífica por parte de líderes campesinos y estudiantes universitarios para denunciar las matanzas en el campo a manos del ejército guatemalteco.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-225543-2013-07-29.html