En Guatemala, «la justicia era como un niño que está comenzando a levantarse» cuando acabó el conflicto armado, pero nadie la ayudó «para que comenzara a caminar», explicó a IPS Jesús Tecú, premiado con uno de los galardones más prestigiosos de derechos humanos.
Tecú, un sobreviviente del genocidio en Guatemala de la etnia maya Achí, resultó ganador entre más de 50 defensores de derechos humanos de todo el mundo del Premio Medalla de La Libertad Roger N. Baldwin 2010, de la organización estadounidense Human Rights First, que recibirá este miércoles 19 en Nueva York.
En marzo de 1982, cuando tenía 10 años, Tecú sobrevivió a una de las más emblemáticas masacres de Guatemala, la de su natal Río Negro, un pequeño y remoto poblado del departamento de Baja Verapaz, en el norte del país, tal como contó en una entrevista antes de viajar a recibir el galardón.
La guerra interna entre la izquierdista Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Estado (1960-1996) dejó más de 200.000 víctimas, en su mayoría indígenas, que en 90 por ciento son atribuidas al ejército, según la independiente Comisión de Esclarecimiento Histórico.
Sobrevivir al genocidio y experimentar la impunidad en carne propia llevó a Tecú a dedicar su vida a luchar por la justicia. Actualmente, lidera tres organizaciones comunitarias de desarrollo para las víctimas y es testigo clave de casos de genocidio.
El comité internacional que decidió premiar a Tecú a sus 38 años destacó «el carácter distintivo de su trabajo y el riesgo considerable al que ha estado expuesto», en la defensa de los derechos de los mayas y la lucha contra la impunidad.
IPS: ¿Qué significa para usted ganar el Premio Medalla de La Libertad Roger N. Baldwin?
JESÚS TECÚ: Viene a fortalecer políticamente nuestro trabajo de luchar contra la impunidad y también rememora la historia muy triste que nos tocó vivir a la mayoría del pueblo maya de Guatemala que sufrimos el genocidio.
IPS: Usted lo sufrió muy personalmente.
JT: Río Negro era una comunidad muy alejada donde ni los maestros llegaban y un día corrió la noticia de que iban a construir una represa. Ahí empezó el problema.
Nos decían que si no queríamos salir, nos moriríamos porque todas nuestras casas y tierras serían inundadas. Esa fue la mejor forma de acusarnos de guerrilleros y una buena justificación para matarnos.
El 13 de febrero de 1982 el ejército y las patrullas de autodefensa civil (fuerzas paramilitares) llamaron a todos los hombres de Río Negro a una aldea que se llama Xocop y ninguno de los 75 que acudieron a la cita regresó. Ahí murieron mis papás.
Un mes después regresaron a terminar con la vida de los huérfanos y viudas en Pak’Oxom. Ahí asesinaron a 107 niños, entre ellos mis tres hermanos, y a 70 mujeres. Mi hermana sobrevivió porque dio a luz ese día. De una familia de siete personas, solo sobrevivimos dos.
Me salvé porque uno de los patrulleros me sacó del grupo de mujeres para que trabajara con él.
IPS: ¿Cuándo comenzó su lucha en busca de justicia?
JT: Durante el conflicto armado mataron a cientos de niños que ni siquiera sabían por qué morían. Eso nos obliga a exigir justicia. Y la muerte de mis padres y de mis hermanos tampoco la puedo dejar impune.
La lucha empezó en mayo de 1993 cuando presentamos la denuncia en el juzgado.
En junio de 1994 logramos la orden de captura contra los ex comandantes militares y las amenazas llegaron al máximo. Pensé en renunciar al proceso, pero en 1996 recibí 25.000 dólares como parte del premio de la fundación Reebok de Derechos Humanos.
Consideré que un premio que salió de tanto dolor, lágrimas y mucha sangre debería invertirlo en obras sociales. Así se formó la Fundación Nueva Esperanza y se empezó a proporcionar becas a jóvenes para estudiar.
A finales de 2004 creamos el Instituto Bilingüe Comunitario Nueva Esperanza Río Negro, que tiene 150 estudiantes jóvenes indígenas y no indígenas y ahora estamos en proceso de crear una carrera.
Con el premio también compramos un terreno donde se instaló la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia.
IPS: ¿Qué pasó con el caso de Río Negro?
JT: A los ex patrulleros (paramilitares) los condenaron a pena de muerte, mientras que a los militares llevamos casi nueve años persiguiéndolos. Lo que dan a entender es que el Estado los está protegiendo.
Si son patrulleros o indígenas les aplican la pena de muerte porque solo así se puede cambiar la imagen del país a nivel internacional y decir que en Guatemala hay justicia. Ahí nos dimos cuenta que la justicia aquí tiene un rostro racista y discriminador.
En nuestro país muchas veces la justicia camina por los empujones de organismos internacionales.
IPS: ¿Quiere decir que sin presión internacional la justicia no camina?
JT: Sí, sí. Prueba de ello es que ha tenido que venir la Cicig (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala).
La democracia y el estado de derecho se han deteriorado completamente. Después de la firma de la paz han ocurrido muchos asesinatos y los jueces han perdido credibilidad.
IPS: ¿Cree usted que la violencia es ahora peor que durante el conflicto armado?
JT: Sí, porque durante el conflicto armado hubo pueblos que no fueron afectados. Ahora la violencia está llegando a todos los departamentos y municipios.
En el enfrentamiento sabíamos quiénes eran los responsables de los asesinatos y secuestros. Ahora se visten como pandillas pero no son pandilleros, sino los que operaban durante el conflicto armado.
IPS: ¿Por qué no hubo los cambios esperados tras firmarse la paz?
JT: No supieron fortalecer el sistema de justicia. Cuando se terminó el conflicto armado, la justicia era como un niño que está comenzando a levantarse pero que nadie se atrevió a ayudar para que comenzara a caminar.