El gobierno peruano cambió la ley agraria para calmar las protestas en su contra, pero la nueva norma fue recibida con más protestas de los trabajadores, que la consideran que el aumento salarial es insuficiente y no se garantizan sus derechos. Un campesino de 28 años y un adolescente de 16 murieron por disparos de la policía.
Los dos muertos se sumaron al de otro trabajador, el 3 de diciembre durante choques con la policía en las movilizaciones y bloqueos de carreteras para exigir la derogatoria de la ley agraria heredada de la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), que creó mano de obra barata y sin derechos laborales en la agroindustria, al tiempo que les otorgó a estas empresas grandes beneficios tributarios.
Las empresas, apoyadas por la élite empresarial y la derecha, hablan de “un milagro peruano de la agroexportación” por el crecimiento del sector en los últimos años, y han amenazado con una crisis del sector y con pérdidas de empleos por los aumentos salariales dispuestos. Para ellos, ese “milagro” de crecimiento empresarial se debe sostener indefinidamente en mano de obra barata y subsidios estatales a las empresas.
La derogada fue la ley agraria fujimorista, firmada por el entonces ministro de Agricultura, José Chlimper, propietario de una empresa agroindustrial y directamente beneficiado por su propia ley. El Congreso aprobó una nueva norma agraria, que también ha sido rechazada por los trabajadores, mientras los empresarios también se oponen a ella porque se niegan a otorgar el incremento salarial dispuesto.
El gobierno calificó la nueva ley como “imperfecta”, pero decidió promulgarla y no observarla. “Como trabajadores nos sentimos decepcionados (con la nueva ley agraria). Las propuestas que hemos hecho no las han recogido”, ha señalado Nelson Huamán, dirigente agrario. El Ejecutivo abrió un diálogo con los trabajadores, que desbloquearon la carretera Panamericana. En este diálogo se discute la reglamentación de la nueva ley.
El ministro de Desarrollo Agrario, Federico Tenorio, admitió que “hay brechas sociales por resolver y señaló que la calidad de vida de estas poblaciones no se ve reflejada en relación al crecimiento agroindustrial.
Unos 400 mil los trabajadores laboran en la agroindustria, concentrada a lo largo de la costa. En 2019 las empresas agroexportadoras tuvieron cinco mil millones de dólares en ingresos por ventas, pero los empresarios se niegan a aumentar los bajos salarios que pagan y han presionado para mantener los subsidios que reciben del Estado a través de exoneraciones tributarias.
El salario diario total de los trabajadores de las agroexportadoras alcanza a los 11 dólares y exigen un aumento a 19 dólares diarios. La nueva ley establece un aumento –por medio de un bono que no se contabiliza para gratificaciones e indemnizaciones- que lleva el ingreso hasta los 13,5 dólares, lejos de lo exigido. A ello se suma una asignación familiar para aquellos que tengan hijos que llevaría el ingreso a 15 dólares.
Los trabajadores pedían el reparto de un 10 por ciento de las utilidades de las empresas, se les ha otorgado un 5 por ciento, cifra que irá subiendo hasta llegar al 10 por ciento el año 2027.
La agroexportación representa el 10 por ciento de la agricultura nacional, el otro 90 por ciento es una agricultura de pequeños propietarios, la mayor parte campesinos andinos empobrecidos, que, a diferencia de los agroexportadores, no reciben mayor apoyo del Estado.
En la última década la productividad de las empresas agroexportadoras creció 48 por ciento más que los salarios, según el sociólogo Enrique Fernández, experto en temas laborales y editor del blog TrabajoDigno.pe. “Comparado con otros países de la región, como Argentina, Brasil o los de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile y México, además de Perú), el trabajador agrario peruano es el más desprotegido”, dijo.
La nueva norma mantiene hasta el año 2028 los beneficios tributarios que la norma fujimorista le daba a las empresas agroexportadores, que pagan un 15 por ciento de impuesto a la renta, muy por debajo del 29,5 por ciento que pagan los otros sectores. Las agroexportadoras abonan un monto equivalente al seis por ciento del salario de sus trabajadores a la seguridad social, en lugar del nueve por ciento como otras empresas, porcentaje que recién pagarán a partir del año 2025.
Francisco Sagasti, cuando asumió hace poco más de un mes como presidente de transición hasta julio de este año, anunció cambios en la policía para evitar se repitiera la brutal represión que dejó dos muertos durante las masivas protestas contra el golpe parlamentario que sacó de la presidencia a Martín Vizcarra y puso en su lugar al ultraconservador Manuel Merino, destituido y sustituido luego por Sagasti.
El gobierno señaló que la policía desacató la prohibición de usar armas letales en manifestaciones y ordenó el cambio del jefe policial de la norteña región de La Libertad, donde ocurrieron las muertes. Un policía mostrado en una fotografía disparando contra los manifestantes fue detenido.
Para los analistas, la nueva ley agraria es un avance, pero insuficiente en el contexto de una sociedad civil fragmentada, con sindicatos débiles, casi inexistentes en el sector agrario. Lo que se ha logrado es, sobre todo, instalar la discusión del tema de la problemática de los trabajadores agrarios en la agenda pública, pero sin duda había margen para un mayor aumento a los trabajadores, dado que las empresas tienen la capacidad económica para hacerlo.
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)