El reclamo para poner fin a la pena de muerte, suscrito por 250.000 personas, fue desestimado por el régimen de Belarús, que endurece su posición respecto de este castigo extremo. Hace un año parecía que sería posible adoptar una moratoria sobre las ejecuciones cuando una comisión parlamentaria comenzó a debatir el tema. Pero pocos días […]
El reclamo para poner fin a la pena de muerte, suscrito por 250.000 personas, fue desestimado por el régimen de Belarús, que endurece su posición respecto de este castigo extremo.
Hace un año parecía que sería posible adoptar una moratoria sobre las ejecuciones cuando una comisión parlamentaria comenzó a debatir el tema.
Pero pocos días después de que dos hombres fueran condenados a muerte a fines de noviembre, defensores de derechos humanos denunciaron el clima de terror en los debates debido a que el presidente Alexander Lukashenko lanzó una brutal represión contra la oposición tras su reelección a fines del año pasado.
«Teníamos un socio en Belarús para reabrir la discusión pública sobre la pena de muerte, pero dijo tener miedo de que lo vincularan a ella. La sociedad civil está ansiosa», dijo a IPS un activista que no quiso dar su nombre.
Belarús es el único estado de Europa que aplica la pena de muerte. No hay estadísticas oficiales sobre la cantidad de ejecuciones, pero organizaciones de derechos humanos estiman que 400 personas fueron fusiladas desde la independencia de ese país en 1991.
Este país, que fue parte de la hoy desaparecida Unión Soviética, hace años que es criticada por el continuo uso de la pena capital. También se condena por la falta de equidad en la justicia, el uso de confesiones extraídas mediante torturas y la salud mental de los condenados.
La creación de una comisión parlamentaria para discutir una moratoria sobre la pena de muerte el año pasado dio esperanzas de que relativamente pronto Belarús dejaría de usarla.
Pero los deseos se vieron totalmente frustrados tras la reelección de Lukashenko, hace 12 meses, por la represión general sobre organizaciones de derechos humanos.
Medios de comunicación locales dijeron que había dirigentes políticos que tenían demasiado miedo de abordar el tema en el parlamento por temor a molestar al presidente.
Heather McGill, investigadora de Amnistía Internacional, dijo a IPS: «Lo diferente probablemente fueron los acontecimientos de diciembre pasado. Hubo un cambio de clima por las medidas muy drásticas adoptadas por Lukashenko».
Las restricciones llegaron a abarcar acoso y persecución de activistas de derechos humanos que participaron en la campaña contra la pena capital.
Un informe del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), divulgado el mes pasado, plantea el grave problema del acoso contra defensores de derechos humanos. También identifica a dos personalidades del ambiente como blancos del régimen, el presidente de la Comisión Belarús-Helsinki, Aleh Gula, y el presidente de la organización Viasna, Ales Byalyatski.
El rechazo de la petición, presentada por Amnistía, Viasna y el Comité Belarús-Helsinki, sucedió después de que la condena a muerte de dos hombres a fines de noviembre concentrara otra vez la atención sobre el asunto en el país.
Dimitri Konovalov y Vladislav Kovalyov fueron condenados a ser ejecutados por fusilamiento por un atentado con bomba en el tren subterráneo de Minsk, en abril de este año, en el que murieron 15 personas y 200 quedaron heridas.
Hay serias dudas sobre la equidad del juicio y la seriedad de la sentencia en medio de denuncias de torturas y confesiones forzadas. La comunidad internacional se mostró unida y rápida en condenar el fallo.
La ONU, la Unión Europea y el Consejo de Europa, entre otras instituciones internacionales, de inmediato llamaron a Lukashenko a dictar una moratoria sobre la pena de muerte.
Pero el presidente, quien encabeza un régimen de mano dura desde su llegada al poder en 1994, ignoró los reclamos.
Lukashenko ha sido acusado de utilizar la pena de muerte como moneda de cambio política con Occidente, al que le promete eliminarla siempre y cuando le den lo que quiere.
Pero organizaciones de derechos humanos sostienen que ya ni siquiera pretende hacer eso.
«La posición de Lukashenko podría cambiar si le ofrecen asistencia económica, dada la crisis que sufre el país, pero las invitaciones a unirse a estructuras internacionales, como la Unión Europea u otras, definitivamente no tendrán ningún efecto sobre él», señaló un portavoz de Reformas Penales Internacionales.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que la única forma de lograr un cambio en Belarús es modificar la opinión de la gente desde adentro, no desde el exterior.
Esperan lograr apoyo público para abolir el máximo castigo, pese al clima de terror que rodea los debates al respecto.
Sondeos de opinión oficiales señalan que 80 por ciento de los consultados están a favor de la pena de muerte.
Pero encuestas independientes muestran que la cifra de partidarios del máximo castigo es mucho menor.
Un estudio realizado en 2010 por el Centro de Sociólogos de Minsk señaló que 48 por ciento de las personas entrevistadas dijeron estar a favor de la pena capital. Otra investigación a cargo de la organización bielorrusa Novak indicó que 39 por ciento de los consultados querían poner fin a este castigo.
La sentencia de Konovalov y Kovalyov, así como los emotivos pedidos públicos de clemencia de la madre del segundo, sacudieron a la opinión pública e impulsaron a los activistas a actuar. Autoadhesivos y pancartas donde se lee «no a la pena de muerte», fueron colocados por la organización Belarús Europea en Minsk tras conocerse el fallo.
Una petición contra la ejecución de los dos hombres reunió 50.000 firmas en un hecho calificado por Amnistía Internacional como «demostración sin precedentes de apoyo público».
John Dalhuisen, subdirector del Programa de Europa y Asia Central de Amnistía, señaló que «la entrega de nuestra petición une las voces bielorrusas y del mundo en un claro mensaje para el presidente para que ponga fin a esa práctica bárbara».