El último de los generales que ejercieron el poder en Guatemala durante las dictaduras militares de los años 60, 70 y 80, el general Óscar Humberto Mejía Víctores, murió ayer lunes a los 85 años. Mejía Víctores formaba el trío de generales acusados de genocidio con Romeo Lucas y Ríos Montt. Su muerte coincide con […]
El último de los generales que ejercieron el poder en Guatemala durante las dictaduras militares de los años 60, 70 y 80, el general Óscar Humberto Mejía Víctores, murió ayer lunes a los 85 años. Mejía Víctores formaba el trío de generales acusados de genocidio con Romeo Lucas y Ríos Montt. Su muerte coincide con el primer juicio que se celebra en el país por esclavitud sexual durante su mandato como presidente y con el 36 aniversario del asalto a la embajada de España, en el que murieron 37 personas, tres de ellas españolas.
Mejía Víctores, que derrocó a Efraím Ríos Montt el 8 de agosto de 1983 en un golpe de Estado, fue uno de los ex jefes militares contra quienes la premio Nóbel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, presentó una querella ante la Audiencia Nacional de España bajo cargos de genocidio, desapariciones forzadas y torturas. En el 2011 fue detenido en Guatemala por genocidio y crímenes contra la humanidad pero se libró del proceso por incapacidad mental.
Según la fiscalía, Mejía Víctores fue uno de los responsables de la masacre de 264 personas en Plan de Sánchez, en el departamento de Baja Varapaz, en 1982. Además, también se le vinculaba con otras 11 matanzas en el llamado Triángulo Ixil, con más de mil muertos. El mandato de Mejía Víctores fue «el período de mayor número de desapariciones forzadas en Guatemala», ha señalado el defensor de los derechos humanos guatemalteco Mario Polanco.
Precisamente el lunes comenzaba el juicio por el caso Sepur Zarco, en el que por primera vez en Guatemala se procesa por delitos de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica. Once mujeres maya han testificado contra el exteniente Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdéz Asij. Reyes Girón también es acusado de desaparición forzada y Valdéz Asij, de asesinato.
Los hechos ocurrieron entre 1982 y 1983, cuando a petición de terratenientes locales siete destacamentos militares se instalaron en el este del país, uno de ellos en Sepur Zarco. El ejército «quemó la cosecha, las casas y desapareció a los hombres», mientras que las mujeres «fueron abusadas sexualmente en presencia de sus hijos», según Paula Barrios, coordinadora general de la organización Mujeres transformando el Mundo (MTM), que se presenta como querellante en el juicio.
Las mujeres de Sepur Zarco fueron obligadas a trabajar como esclavas laborales y sexuales para los militares. «Estuvieron ahí entre seis y ocho meses cumpliendo los turnos», dijo Barrios. Los abusos continuaron hasta 1988, año en que fue desmantelado el destacamento.
Para entonces, Guatemala ya vivía aparentemente en democracia, ya que el general Mejía Víctores se había comprometido a permitir elecciones libres. Esto finalmente ocurrió en 1985 con la promulgación de una nueva Constitución y la celebración de un proceso electoral del que salió vencedor, en 1986, el democristiano Vinicio Cerezo (1986-90), el primer civil en asumir la presidencia tras sucesivos regímenes militares.
Todd Robinson, embajador de Estados Unidos, acudió a la primera vista del juicio del caso Sepur Zarco, según El Periódico de Guatemala. Hay que recordar que los regímenes militares guatemaltecos fueron ampliamente respaldados por Washington. Guatemala vivió una guerra de 36 años que dejó 200 mil muertos o desaparecidos, según un informe de las Naciones Unidas, que responsabilizó de 93% de los casos a fuerzas del Estado.
El pasado 9 de enero comparecían ante un tribunal 14 militares retirados por 558 desapariciones forzadas en los años 80 en los departamentos de Alta y Baja Verapaz. Entre ellos estaba Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército y hermano del general Fernando Romeo Lucas García, que fue presidente entre 1978 y 1982. Romeo Lucas, Efraim Ríos Montt y Mejía Víctores componen -cronológicamente por este orden- el trío de generales genocidas.
Romeo Lucas falleció en el 2006, Ríos Montt probó fortuna en la vida política al tiempo que ejercía de predicador evangelista, pero no llegó a ganar elecciones. En el 2013 fue condenado a 80 años por genocidio y crímenes contra la humanidad. Fue una sentencia histórica que habría grandes expectativas de justicia en Guatemala, pero el fallo de la jueza Jazmín Barrios quedó anulado por la Corte de Constitucionalidad, que argumentó irregularidades en el proceso por parte de la jueza.
En cuanto a Mejía Víctores, le tocó pedir disculpas a España y pagar indemnizaciones por el cruento asalto a la embajada de España, el 31 de enero de 1980. Ocupada por militantes del Comité de Unidad Campesina (CUC), entre ellos el padre de Rigoberta Menchú, en el asalto murieron 37 personas, incluidos el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres Lehnhoff, el excanciller Adolfo Molina Orantes y los españoles Jaime Ruíz del Árbol (cónsul), Luis Felipe Sanz y María Teresa Villa. El embajador Máximo Cajal sobrevivió y denunció los hechos (en particular, en su libro Saber quién puso fuego allí) hasta su muerte el 3 de abril del 2014.
No fue hasta el 19 de enero del 2015 que un tribunal guatemalteco condenó a 90 años de prisión a Pedro García, exjefe de un comando de la extinta Policía Nacional, por la masacre.
Mejía Víctores, tras el derrame cerebral que le afectó en el 2011, sufrió afecciones cardiovasculares, una infección pulmonar, problemas de colon e incapacidad para comunicarse, según los resultados de los exámenes médicos. La jueza Carol Patricia Flores suspendió la persecución penal y decretó arresto domiciliario y evaluaciones médicas cada 15 días. El general ha sido enterrado en la más estricta intimidad.
Fuente original: http://www.lavanguardia.com/internacional/20160202/301843645614/muerte-general-genocida-mejia-victores-juicio-esclavitud-sexual-guatemala.html