En República Dominicana existen dos partidos mayoritarios que son el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de los cuales el PLD es el partido de gobierno bajo el mandato de Leonel Fernández. En mayo de este año el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado (presidente del PRD) suscribieron un pacto […]
En República Dominicana existen dos partidos mayoritarios que son el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de los cuales el PLD es el partido de gobierno bajo el mandato de Leonel Fernández.
En mayo de este año el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado (presidente del PRD) suscribieron un pacto llamado «Miguel – Leonel» donde acordaban los artículos que se aprobarían para la nueva reforma constitucional, la cual está actualmente en curso. Dicho transfirió la democracia dominicana a un acuerdo caudillista que influyó de manera crucial en los legisladores, ya que el poder ejecutivo se había encargado de que no se lograra la Asamblea Constituyente.
La nueva reforma constitucional ha sido considerada como ilegítima por organizaciones de la sociedad civil como Toy Jarto, Autoconvocad@s, Participación Ciudadana, Foro Social Alternativo, y demás. Para considerar esta constitución como ilegítima Participación Ciudadana plantea las siguientes 10 razones:
1. La Asamblea Revisora actuó sin la participación de la ciudadanía, no consideró las propuestas realizadas por organizaciones sociales y económicas participantes en diálogos y cumbres, desechando los resultados de la Consulta Popular, realizadas con esos supuestos fines.
2. El Congreso de la República, constituido en la Asamblea Revisora perdió su independencia institucional rompiendo con los postulados fundamentales de la democracia al dejarse intervenir por el Poder Ejecutivo, Pactos de Cúpulas Políticas Partidarias (Pacto Miguel – Leonel), económicas y religiosas.
3. Los legisladores (as) designados (as) por el voto soberano de la población violentaron el principio democrático de la representación y se dedicaron a legislar en beneficio propio y de sectores privilegiados.
4. La Asamblea Revisora obedece a pactos desconocidos y no al interés colectivo del país.
5. Las decisiones de la Asamblea Revisora reducen los derechos ciudadanos y crean las condiciones para el relanzamiento del caudillismo y autoritarismo en la República Dominicana.
6. La Constitución que se pretende imponer al país, entrega los espacios públicos a una parte del sector privado dejándonos sin playas, ríos, áreas verdes, sin los Haitises y sin el disfrute y libre tránsito por nuestros recursos naturales.
7. La Constitución que buscan concluir los legisladores(as), es contraria a los acuerdos y convenios internacionales que nos hacen partícipes de los esfuerzos regionales para garantizar el establecimiento de un estado de Derecho que garantice el desarrollo, la paz y la democracia.
8. Con esta constitución los políticos que ocupen cargos públicos contarán con protección e inmunidad constitucional, por lo que la corrupción aumentará, haciendo crecer la pobreza y la destrucción el país.
9. Esta Constitución pretende evitar que los dominicanos(as), cuenten con mecanismos legales para ejercer y potenciar el control social, a través del plebiscito, la revocatoria del mandato, las auditorías sociales y la incidencia ciudadana en la gestión pública.
10. Toda Constitución democrática debe estar dirigida al establecimiento de garantías que protejan los derechos fundamentales de las personas, la independencia de los poderes del Estado, el funcionamiento institucional del sistema público y a la protección de la cultura y los recursos naturales. La que se pretende imponer es todo lo contrario, caracterizándose por la exclusión, el desconocimiento de la pluralidad y la participación.
Además de estas razones hay que citar que la Iglesia Católica impuso su posición al chantajear al estado, difamándolo y usando sus influencias para que se aprobara el artículo 30, el cual plantea que el estado «defenderá la vida desde la concepción hasta la muerte» y no se permitirá el uso de DIU, píldora del día después, fecundación asistida y el aborto terapéutico.
El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se encargó de amenazar a los políticos con excomulgar a los políticos, aunque todos sabemos que se trata de bajar su popularidad desacreditándolos con los creyentes, algo que no es de agrado para los que desean mantener su popularidad.
En la encuesta Gallup sobre la reforma casi un 80% dijo que estaba a favor del aborto terapéutico y un 86% dijo que el aborto no era un tema constitucional. Dicho artículo causo gran revuelo por la puesta en riesgo de la vida de mujeres con embarazos no deseados, niñas y adolescentes. Las organizaciones feministas habían propuesto que se permitiera el aborto terapéutico en casos donde la vida de la madre peligrara y violación.
En cuanto al medio ambiente, anteriormente no era posible reducir el tamaño de las áreas protegidas y los legisladores han aprobado descaradamente que con un 2/3 de votación de la cámara, se podrá reducir la extensión del patrimonio del país y como todo país que se presta a los intereses de la oligarquía, el artículo 69 «Las cuencas altas de los ríos y la zona de biodiversidad endémica, nativa y migratoria son objetos de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el derecho a la propiedad privada», el cual es un artículo muy ambiguo que se utilizaría bajo la interpretación que convenga a ciertos poderes en el momento en que les beneficie.
La nueva de los legisladores es un proyecto de reforma que incluye cobrarles 18 pesos por bañarse en la playa a los ciudadanos y 35 pesos a los turistas por cada día hospedados en los hoteles.
Los legisladores han planteado que la decisión se tomó por el negocio del turismo en el país, lo cual va en contra del derecho a uso público de áreas para el disfrute ciudadano y a pesar de que el país vive del turismo, no se ha detectado que el acceso público a las playas afecte dicho sector económico porque por lo general los hoteles no tienen entradas públicas cercanas.
Otro aspecto que la gente no toma en cuenta, es que no sólo trata de instalaciones turísticas, sino de cualquier tipo de empresa hasta contamínate en las orillas de ríos y lagunas, como por ejemplo, la papelera del río Uruguay que mantiene a Uruguay en batalla legal con Argentina en la Corte Internacional de la Haya.
La nueva reforma constitucional es una reforma que obedece a intereses privados, caudillistas y religiosos, sirviendo a intereses particulares de las cúpulas de poder del país. La acción no se ha detenido con diversas protestas y concienciación acerca del tema y Participación Ciudadana ya ha interpuesto un recurso en la Suprema Corte de Justicia contra la reforma que se está aprobando, mientras tanto, se espera al 6 de noviembre hacer una gran manifestación por ser el día que se pretende firmar la nueva constitución.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.