Mientras los europeos de bien disfrutábamos de esas vacaciones a las que nos acostumbró el Estado del bienestar, Sarkozy, imitando a Berlusconi, deportó a unos 700 gitanos de origen rumano; como en Italia, la excusa fue la supuesta relación entre inmigración y delincuencia. La verdad, sin embargo, dista mucho de ser así y la medida […]
Mientras los europeos de bien disfrutábamos de esas vacaciones a las que nos acostumbró el Estado del bienestar, Sarkozy, imitando a Berlusconi, deportó a unos 700 gitanos de origen rumano; como en Italia, la excusa fue la supuesta relación entre inmigración y delincuencia. La verdad, sin embargo, dista mucho de ser así y la medida adoptada por el presidente francés no tiene otra explicación que la creciente xenofobia que nos recuerda procesos masivos de expatriación propios de la historia europea más reciente.
En Italia fue la violación de dos mujeres lo que desencadenó las medidas implementadas por Berlusconi; en Francia, los desórdenes provocados por la muerte de un sin techo fallecido mientras huía de la policía. Hechos aislados que son usados para justificar la idea de inmigrante=delincuente. La realidad de los sin techo (gens du voyage) en Francia dista mucho de ser la que se nos ha presentado toda vez que existirán unos 400.000 gens du voyage franceses (ninguno de ellos expulsados) de los que sólo 15.000 serán de etnia gitana rumanos; del total de 400.000, equivalen al 0,00025%, cifra que puede considerarse como un error de cálculo que no justifica el trato dado a dicha población, tan europea como el resto de nosotros, los que estábamos veraneando. Estas deportaciones, que ahora trascienden por razones de política interna, no son más que la continuación de las realizadas por Francia en 2009 cuando trasladaron forzosamente a 10.000 gitanos rumanos en 44 vuelos. Es decir, estamos ante una política perfectamente establecida y no ante una respuesta histérica a un problema puntual y, justamente por tratarse de una política del Estado francés -siempre imitable-, es por lo que debemos preocuparnos.
Cuando Rumanía ingresó en la UE, presiones francesas y de otros impusieron periodos de moratoria en materia de libre circulación de personas -contenidas en el artículo 23.2 del Acta de Adhesión de Rumanía y Bulgaria-. Francia es uno de los países que mantiene en vigor el aplazamiento de la plena incorporación rumana al espacio común europeo que, encontrando algún sustento legal, no debería encontrar ni comprensión, ni aceptación ni respeto en el plano de la moral y, sobre todo, de los principios que dicen regir a dicho Estado: libertad, igualdad y fraternidad.
Libertad restringida por la decisión política de Sarkozy al detener o retener, lo mismo da, a un grupo significativo de rumanos (por ser gitanos), deportándolos a su país de origen. Igualdad brutalmente atacada con este proceso de deportaciones porque sólo afecta a los sin techo de etnia gitana y nacionalidad rumana, no así a la gens du voyage de origen francés o de algún origen más aceptable para el presidente galo.
Fraternidad destrozada porque no hay nada menos amistoso que el trato dado a dicha comunidad en lo que, como ya dicen en Francia, no es más que la «etnitización» de un problema que va mucho más allá del origen de las personas sin techo.
La idea central con la que se nos vendió el concepto de «una Europa sin fronteras» se sustenta en la libre circulación de personas, mercancías y capitales pero, al respecto, no es irrelevante la directiva 38/2004 por la cual se establece una salvedad a dicha libertad ambulatoria amparada en cuestiones de «orden público», directiva gestada como respuesta a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en el asunto Donatella Calfa, y base legal sobre la que ha actuado Sarkozy quien, además, cuenta con la comprensión de Basescu, presidente de todos los rumanos… que no sean gitanos. Dicha directiva, en sus artículos 27 y 28, prohíbe la expulsión de los menores de edad y de quien acredite un arraigo superior a diez años y, para su aplicación, exige el respeto de los principios de proporcionalidad, audiencia y responsabilidad individual del afectado.
Nada de esto ha sido respetado por Sarkozy con la oposición de algunos de sus propios diputados como Jean-Pierre Grand e, incluso, las manifestaciones contrarias de amplios colectivos sociales comprensivos de los propios gitanos franceses y aplaudida discretamente en España, por muchos, y, sin disimulos, por el PP de Badalona. Las razones de orden público son aplicables de forma personal, es decir, a cada persona por sus propias actuaciones, pero jamás a colectivos enteros y, mucho menos, por razones étnicas como sucede con los gitanos de origen rumano.
Si realmente la Europa que nos piden ayudar a construir es la de la libre circulación de personas, capitales y mercancías, dicha libertad debe ser extensiva a todos y no sólo a quienes cumplan unos determinados cánones aceptables para los colectivos más reaccionarios de este continente que, cada día más, tiende a repetir errores del pasado reciente; la Europa unida funcionará en la medida que compartamos valores y derechos garantizados para todos, con independencia de la etnia a la que pertenezcamos. Ante este problema, Alemania debería jugar un papel relevante que su propia historia le demanda en virtud de los casi 500.000 gitanos asesinados durante el nazismo, no debiéndose olvidar que ese exterminio vino precedido de unas campañas de propaganda y actos de discriminación como los actuales; esta vez no podemos permitir que las cosas lleguen tan lejos y el resultado final depende de todos nosotros.
Wolfgang Kaleck es presidente del European Center for Constitutional and Human Rights y Gonzalo Boye Tuset es abogado
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2381/la-otra-cara-del-lema-frances/