El miércoles 1º de junio el número dos del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, entrevistado en el programa «Código País» (Teledoce), dio a conocer una cifra ilustrativa: cuando su hermano Tabaré asumió la presidencia de la República (marzo de 2005) había en el país 5.000 presos, mientras que hoy llegan a 9.195. El dato, según […]
El miércoles 1º de junio el número dos del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, entrevistado en el programa «Código País» (Teledoce), dio a conocer una cifra ilustrativa: cuando su hermano Tabaré asumió la presidencia de la República (marzo de 2005) había en el país 5.000 presos, mientras que hoy llegan a 9.195. El dato, según el funcionario, es una muestra irrebatible que desmiente una creencia muy extendida: «los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra». Y la verdad, tiene razón. Por lo menos en lo que atañe a los gobiernos del Frente Amplio esto no parece haber ocurrido. Al revés: son más los que entran que los que salen. Como resultado -para Vázquez- de una «eficaz política de orden público» que ha puesto mano dura en reprimir el «flagelo de la delincuencia».
No obstante, estos datos que indican que las personas en prisión aumentaron cerca del 100% en estos tiempos de «país de primera», hay que descifrarlos en clave social. Porque el blanco de la «política de seguridad» no son los clasificados genéricamente como «delincuentes», sino aquellos que provienen de los sectores «más vulnerables» de la sociedad: los trabajadores empobrecidos, los precarizados, los desempleados, los niños y jóvenes hijos de la extrema miseria.
Y si alguien todavía tiene alguna duda al respecto, lo mejor es remitirse al «Censo Nacional de Reclusos» (diciembre 2010), realizado a 8.492 presos en todo el país por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales en convenio con el Ministerio del Interior. Algunas de las conclusiones del estudio de 42 páginas revelan, de forma inequívoca, la fotografía de una «población carcelaria» compuesta por el escalón más bajo de la explotación capitalista.
Apenas un resumen. El 35% de los presos y presas tiene entre 18 y 25 años, y el 34,5% entre 25 y 35 años. El 40,4% tiene primaria como nivel educativo superior; solo el 26,6% ha culminado este nivel y el 13,8% no logró terminar primaria. Entre los censados se constató una temprana «inserción en el mercado de trabajo»: el 50,6% tuvo su primer trabajo «estable y remunerado» antes de los 17 años, por tanto, la mayoría de los encarcelados «empezó a trabajar siendo menor de edad». El 42,1% (al momento de ser procesado) tenía un empleo, es decir, eran «asalariados privados permanentes»; un 30,2% eran trabajadores «por cuenta propia» sin local de su propiedad. La mayoría de los «reclusos» (68,9%) nunca había recibido (ni nadie de su familia) el Ingreso Ciudadano del PANES (Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social); el 63% tampoco fue «beneficiario» del Plan de Equidad. El 90,5% está preso por cometer un solo delito (sobre todo rapiña y hurto). Solamente «cuatro de cada diez reclusos (43,5%) tiene familiares o amigos con antecedentes penales». La mayoría de la población carcelaria del país tiene «una antigüedad de menos de dos años».
El Censo no incluyó una pregunta de cajón: las razones por las cuáles los detenidos se introdujeron en el «mundo del delito». Pero de los datos que surgen del estudio, así como de muchos otros que ya conocemos, se desprenden las razones más evidentes: salarios miserables, empleos basura, desempleo estructural, inaudita pobreza, familias quebradas por las «necesidades básicas insatisfechas», exclusión socio-cultural. En una palabra: víctimas de la «brecha social» que el programa económico del progresismo recicla a diario. Obviamente, el gobierno no puede reconocer esta aplastante realidad, y esgrime una teoría que raya con la inmoralidad. Como la de Eduardo Bonomi, Ministro del Interior: «Del robo para comer se pasó a la rapiña y al copamiento para satisfacer la necesidad de consumo. Hoy los robos no son producto de la pobreza, son producto de la sociedad consumista». (Discurso en el acto recordatorio de Raúl Sendic, 29-4-2011, citado por El País, 2-5-2011).
La infame campaña de los medios y las corporaciones patronales, se encarga de atizar los ánimos ciudadanos contra esta población que transita por el angosto pretil que separa la «legalidad» de la «ilegalidad». Y que, seguramente, continuará engrosando las cárceles de la pobreza. Esta manipulación de las conciencias y la estigmatización de los más explotados, favorecen las políticas de «orden público» que se sustentan en el miedo. No por casualidad las masivas razzias policiales en las «zonas rojas» tienen una amplia aprobación en el resto de la sociedad.
El gobierno, por su parte, está decidido a poner orden en el «desorden» que promueven «los que no respetan la propiedad de los otros». Y se quitó la máscara filantrópica. De los planes asistenciales de «combate contra la pobreza» -que le recetó el Banco Mundial- pasó directo al escenario bélico. Porque esto es «una guerra». Una guerra social, claro. Contra las periferias de la desesperanza. Allí donde habita esa reserva descalificada de mano de obra que, como muestra el Censo, luego termina entre rejas.
El miércoles 29 de junio, en la sede del PIT-CNT, se inició la campaña «No a la Baja». Diversos movimientos sociales, dirigentes del Frente Amplio, algunos grupos de blancos y colorados, y hasta el Sindicato Único de Policías, se sumaron para oponerse a la propuesta reaccionaria de Bordaberry y Lacalle de bajar la edad de imputabilidad. El motivo de la campaña es compartible. Sobre todo si se piensa en los derechos democráticos de los más jóvenes. Sin embargo, llama la atención que todos estos mismos sindicatos, movimientos y dirigentes, ni chisten cuando se trata de los «mega-operativos». Porque los miles de pobres (entre los cuales muchísimos niños y adolecentes) que sufren sus efectos más visibles -golpizas, insultos, detenciones arbitrarias, invasión de domicilios, humillaciones de todo tipo-, también tienen derechos democráticos a defender.
* Editorial En Lucha (julio 2011): Bimestral editado por la Agrupación Nacional ProUnir – Colectivo Militante – Agrupación Militantes Guevaristas – Comuna. Redacción: Benito Chaín 1940 (Barrio Reus) entre Inca y Democracia: [email protected]