El politólogo, sociólogo y filósofo francés especializado en derechos humanos y migraciones analiza en esta entrevista la revuelta que vive Francia. En su opinión, tiene las mismas causas que la de 2005, pero los jóvenes que la protagonizan ahora «están totalmente fuera de la sociedad y no han salido a la calle para pedir su integración».
Una semana después de que comenzasen las protestas protagonizadas por jóvenes de las banlieues francesas, los barrios periféricos de las ciudades en los que se ha ido concentrando la población más discriminada y marginada, conversamos con videoconferencia con el catedrático de Ciencias Políticas Sami Naïr, que nos atiende desde su casa en París.
¿Cómo definiría lo que está ocurriendo en Francia: un levantamiento, una revuelta, protestas?
Es una revuelta con un telón de fondo importante: un potencial levantamiento de la sociedad francesa contra el poder. Esta revuelta llega tras dos meses de movilizaciones y 14 manifestaciones contra la reforma de las pensiones. En general, el espíritu de la ciudadanía se ha radicalizado, especialmente en las áreas de exclusión de todo el país.
Esta revuelta tiene las mismas causas que las que tuvieron lugar en 2005: la exclusión, la marginación, el racismo y el abandono social. La diferencia es que los jóvenes ahora están totalmente fuera de la sociedad y no han salido a la calle para pedir su integración, como sí ocurría en las de hace casi dos décadas. Estos chicos ya no creen en el Estado y el lenguaje que prevalece es el de la fuerza: la Policía nos mata, pues nosotros vamos a destrozar esta sociedad. Hemos llegado a una situación en la que esta parte de la población está totalmente separada del Estado y en la que la República no tiene ninguna legitimidad ante ellos.
Eso explica que las protestas se hayan extendido a ciudades donde hasta ahora había una convivencia muy fuerte entre todas las comunidades, como es el caso de Marsella. Ahí hemos visto salir a jóvenes de barrios marginados y destrozar las tiendas de productos de lujo a los que ellos no tienen acceso.
Hay otra diferencia importante: en 2005 necesitaron tres semanas para provocar unos daños importantísimos que esta vez solo les ha llevado cuatro días. Ha aumentado la concentración de la rabia y de la violencia de una parte importante de los jóvenes excluidos.
Y, además, en estos barrios hay bandas criminales que están haciendo negocio con las protestas, que les venden petardos, morteros, armas. Y que han coordinado la actuación de algunos grupos que quemaban coches y comercios.
A diferencia de las protestas de 2005, ahora los jóvenes han salido a las calles en muchas más ciudades, incluidas algunas colonias -o territorios de ultramar, como se llaman oficialmente- como La Martinica o La Reunión. ¿Cómo hemos llegado a este grado de exclusión?
Por una parte, tenemos el factor social. La política de desarrollo de las urbes puesta en marcha en los años 80 ha fracasado totalmente porque no ha acabado con las bolsas de exclusión en las que viven los chicos a los que se les sigue considerando inmigrantes de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. ¿Cuándo se les va a dejar de percibir y tratar como “hijos” de inmigrantes cuando sus propios abuelos son hijos de abuelos inmigrantes?
Tampoco se ha combatido con eficacia el fracaso escolar. Hay chicos de 13 años participando en las protestas, lo que nos habla también de un fracaso de las familias, que no transmiten una educación adecuada a sus hijos
También hay un fracaso de los valores de la República. Los discursos políticos hablan de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Pero para los jóvenes que están en las protestas la igualdad significa desigualdad, la libertad encierro en barrios marginales y la solidaridad el racismo y odio que reciben a diario.
Y a esto hay que añadir el comportamiento de las Fuerzas de Seguridad, que está determinado por dos factores. El primero es la penetración en la Policía de la ideología de la extrema derecha. En una entrevista reciente a un policía que ha abandonado el cuerpo por esta razón hablaba de que hasta un 50% de sus miembros serían ultraderechistas y racistas.
La Policía se ha vuelto cada vez más brutal y violenta, y no vacila a la hora de provocar a los jóvenes. Y es muy fácil hacerlo. Se encuentran en la boca de un metro a tres chicos con facciones magrebíes o de piel negra y despliegan un grupo grande de agentes, les piden los papeles, los ponen contra la pared, los esposan…
En 2017, el gobierno de Hollande aprobó unas medidas muy duras para el control de las calles y de los domicilios. Fueron denunciadas por todas las organizaciones de derechos humanos y el Consejo de Estado canceló algunas propuestas del Gobierno. Y, aun así, se dio unas prerrogativas muy amplias y arbitrarias a la Policía y una capacidad casi ilimitada para usar sus armas.
¿Por qué el gobierno de Françoise Hollande amplió de esa manera el poder de la Policía?
Las aprobó el Gobierno de Hollande y Macron las asumió porque ya habían sido aprobadas por la Asamblea Nacional y porque la amenaza terrorista era real. Pero también lo hicieron porque el Estado redujo el número de efectivos y los recursos de la Policía para respetar los criterios europeos de no gastos con fin de mantener el equilibrio presupuestario.
Nos encontramos siempre en la misma situación: para proteger el Estado liberal siempre se pone en marcha el Estado penal. En lugar de tener una policía de proximidad, con suficientes agentes y medios, que puedan hablar con las familias, con una presencia habitual en los barrios, lo que han hecho es crear un cuerpo que entra en estas zonas de exclusión una o dos veces por semana, vestidos con chalecos antibalas y protectores, con furgonetas, dan una vuelta, sufren ataques o atacan, piden los papeles, se enfrentan con los chicos y desaparecen. Tienen un trabajo difícil, no lo niego, pero es la consecuencia de que no haya una política social.
¿Y qué papel está jugando la extrema derecha en el arrinconamiento de los jóvenes que están protestando?
En la última década, una parte importante de la derecha clásica y democrática se ha aliado con la extrema derecha de tradición colonialista, racista y antisocial. Y eso no es una abstracción, sino que es lo que ha permitido que esta última entre en prácticamente todos los ayuntamientos. La instancia municipal, que es fundamental porque es la mediadora entre los de abajo y los de arriba, está ahora podrida por la presencia de la extrema derecha. Una presencia que es la que le permite a la derecha gobernar a cambio de aceptar recortes en las políticas sociales, de género, antirracistas, educativas. Por eso se ha atacado a ediles y dirigentes municipales en las protestas. Se les considera corresponsables con la extrema derecha de las políticas racistas y de exclusión social.
Por supuesto, condeno estas agresiones contra los ediles, pues son, al fin y al cabo, elegidos democráticamente. Pero el estado de violencia ya se ha instalado.
Es el precio de la alianza entre la derecha clásica y la extrema derecha que se está expandiendo por toda Europa. Sus primeras víctimas son siempre las políticas de género, sociales, educativas…
En Francia ya no hay diferencia ideológica entre la extrema derecha del partido de Le Pen, la del Partido Reconquista de Éric Zemmour y el partido de Los republicanos, antiguamente gaullista social, pero que ahora es populista de extrema derecha, xenófobo, demagogo. No sabe qué hacer para recuperar los votos perdidos en las últimas décadas más allá de adoptar el discurso extremista de derechas. Pero con esta estrategia va a perder cada vez más.
¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en el odio que reciben los jóvenes que ahora han salido a las protestas?
En la última década, se han puesto en marcha unas cadenas de televisión dirigidas por neofascistas que diariamente abogan por las ideas de extrema derecha e insultan a esta parte de la población. Y, obviamente, cuando esta los ve se siente agredida. Al mismo tiempo, sus reacciones violentas favorecen electoramente a la derecha y la extrema derecha.
Ha mencionado cómo la mayoría de estos jóvenes ya no exigen integración porque ya no creen que el Estado o la democracia pueda ofrecerles nada. Además del racismo y la exclusión, hay que tener presente el impacto que tiene en ellos el desempleo y los trabajos cada vez más precarios. ¿Cómo les han afectado las políticas laborales de las últimas décadas?
Las políticas que han ido modificando el mercado laboral han tenido un papel muy negativo porque han desarrollado estos trabajos basura, muy duros y mal pagados. Reciben unos sueldos tan bajos que no les permiten alquilar un apartamento en las ciudades, por lo que tienen que quedarse en áreas de marginación. Pero lo más importante es que son empleos que no ofrecen una perspectiva de movilidad social, que les condenan a otros malos empleos el resto de la vida. Se trata de una sociedad que no ofrece un porvenir digno, porque esto tiene mucho más que ver con la dignidad que con el empleo. Los jóvenes de las protestas no se sienten respetados en su dignidad.
Así que hay quienes sienten que su vida no cuenta y deciden destruirlo todo. Y otros deciden diferenciarse de la sociedad que les rechaza e identificarse con un grupo por su etnia, su religión…
Hay una parte de Francia que rechaza admitir que ya es un país multiétnico, multirracial, multirreligioso y que continuamente trata como extranjeros a quienes no responden al fenotipo europeo, a quienes tienen nombres originarios de las excolonias… ¿Qué papel está jugando la cuestión identitaria en estas protestas?
Es fundamental. Todas las investigaciones demuestran que este rechazo lo sienten en su vida cotidiana. Si digo que me llamo Rachid no me dan el trabajo, si salgo a la calle y hay un control policial vienen directamente hacia mí. La vida cotidiana de los jóvenes de las protestas está atravesada por la experiencia del racismo y, consecuentemente, sienten que no pueden tener la misma identidad que quienes les estigmatizan.
A su vez, una parte de los perjudicados por todo esto no tiene la conciencia de considerar que la ciudadanía es una lucha permanente, por lo que su respuesta es de odio y de rechazo a Francia y a la República. Y quienes ganan con todo esto son la extrema derecha, los integristas y los racistas, que también los hay negros contra los blancos. La característica fundamental de la batalla identitaria es provocar la separación, en lugar del vínculo social que busca la unificación.
¿Qué medidas tendría que adoptar el Estado francés para combatir esa exclusión y cohesionar a su población?
Una gran política de integración social y de recomposición de las urbes para crear ciudades democráticas e integradas. Pero en el contexto global en el que nos encontramos no veo factible que el Estado francés se comprometa con estas medidas porque no cuenta con recursos ni con la voluntad para hacerlo.
Hay que luchar para desarrollar la ciudadanía, para contrarrestar el discurso xenófobo, para luchar contra el desarrollo de los partidos de extrema derecha. Es probable que en las próximas elecciones europeas el partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional, de Marine Le Pen, sea el más votado en Francia. La extrema derecha sigue creciendo porque el Estado es incapaz de cambiar la situación del país, porque no tiene el control de su mercado laboral ni económico, porque está en manos de la Comisión Europea y de las multinacionales.
Así que me temo que habrá otras revueltas porque el Estado no actúa sobre las causas, solo sobre los efectos.
En los últimos años se han publicado numerosos informes que alertan de que el gran peligro para la seguridad de Francia son los grupos de extrema derecha armados y su infiltración en la Policía y el Ejército. ¿Se han tomado medidas para identificarlos y sacarlos de las Fuerzas de Seguridad?
Francamente no sé hasta qué medida la Justicia actúa de manera dura contra ellos. Acaban de condenar a un exvoluntario policía nazi a 18 años de prisión por planear ataques terroristas. Pero no puedo contestar a esta pregunta porque el Ministerio del Interior es muy complejo y depende mucho de sus directores generales. La cuestión es que desde 2017 el equilibrio entre democracia y represión ha cambiado y ahora la Policía tiene poderes muy peligrosos.
A raíz de la presidencia de Donald Trump y del auge de los grupos ultraderechistas armados son cada vez más las voces que advierten de una posible guerra civil en Estados Unidos. ¿Estamos en una situación parecida en Francia?
Todavía no porque el Estado republicano francés, pese a todo, es fuerte. Y la extrema derecha no tiene el apoyo mayoritario de las clases sociales del país. Lo tiene por parte de capas importantes de diversas clases sociales, pero no es una clase sociológica ni ideológicamente hegemónica. Es cierto que la extrema derecha está conquistando la hegemonía de la derecha, pero no dentro de la totalidad de la sociedad. Aquí no hay la guerra cultural que vive Estados Unidos.
Una de las mayores diferencias entre ambos países es que Francia sigue siendo una sociedad con mucha conciencia política, lo que no ocurre en Estados Unidos. Pero sí es cierto que estamos en una situación muy tensionada que puede desembocar en enfrentamientos sociales cada vez más graves.
¿Qué lecciones tiene que extraer España de las protestas de Francia?
España tiene que tomarse en serio la situación y poner en marcha políticas de inclusión social. El problema es que, como Francia, tiene que respetar los criterios de la Comisión Europea, por lo que no puede invertir mucho.
Ahora, lo más peligroso que está ocurriendo en España es la banalización en la opinión pública de la alianza entre la derecha y la extrema derecha. En España hay un sistema democrático, pero no estoy seguro de que haya una inmensa mayoría de la ciudadanía democrática. Los discursos de la extrema derecha en España son aún más brutales que los de otros países europeos porque sus líderes son mucho más ineducados. Hago un llamado a la derecha para que no se deje arrastrar por su deriva a cambio de coger el poder.