Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Cuando me senté temprano por la mañana para una entrevista con Evo Morales hace más de una década en Cochabamba, Bolivia, el entonces líder de los cocaleros y congresista disidente bebía jugo de naranjas recién exprimido e ignoraba los constantes timbrazos del teléfono fijo en su oficina del sindicato. Unas pocas semanas antes de nuestra reunión, un movimiento social a escala nacional exigió que las reservas de gas natural de Bolivia fueran colocadas bajo control estatal. Las mentes de todos estaban fijas en cómo la riqueza subterránea pudiera beneficiar a la mayoría pobre sobre la tierra.
En la medida en que sus ambiciones políticas se preocupaban en términos del gas natural boliviano, Morales quería que los recursos naturales «construyeran un instrumento político de liberación y unidad para Latinoamérica». Era ampliamente considerado como un candidato popular a la presidencia, y era obvio que la política indigenista que quería movilizar como dirigente estaba vinculada a una visión en la que Bolivia recuperaría su riqueza natural para el desarrollo nacional. «Nosotros, el pueblo indígena, después de 500 años de resistencia, estamos recuperando el poder. Esta recuperación del poder se orienta hacia la recuperación de nuestras propias riquezas, nuestros propios recursos naturales.» Eso fue en 2003. Dos años después fue elegido el primer presidente indígena de Bolivia.
Pasemos rápidamente a marzo de este año. Era una asoleada mañana de un sábado en el centro de La Paz, y los vendedores callejeros estaban colocando sus puestos para el día junto a una banda de rock que organizaba un pequeño concierto en una acera peatonal. Estaba reunido con Mama Nilda Rojas, dirigente del grupo indígena disidente CONAMAP, una confederación de comunidades aimara y quechua en el país. Rojas, junto a sus colegas y familia, había sido perseguida por el gobierno de Morales en parte por su activismo contra las industrias extractivas. «Están resistiendo los territorios indígenas,» explica Rojas, «porque como decía el libro Las venas abiertas de América Latina, siguen pues abiertas, siguen desangrando, sigue sangrando la tierra, las venas de América Latina y esa sangre que se está derramando se la están llevando todos los extractivistas.»
Mientras Morales veía la riqueza bajo tierra como un instrumento de liberación, Rojas veía al presidente como alguien quien seguía adelante con las industrias extractivas -en la minería, las operaciones de petróleo y gas- sin preocuparse por la destrucción medioambiental y el desplazamiento de comunidades rurales que dejaban tras de sí.
¿Cómo podían Morales y Rojas tener ideas tan contrarias? Parte de la respuesta reside en los amplios conflictos entre la política de extractivismo entre países dirigidos por gobiernos izquierdistas en Latinoamérica, y la política de Pachamama (Madre Tierra), y cómo movimientos indígenas han resistido el extractivismo en defensa de sus derechos, su tierra y el medio ambiente.
Desde principios de los años 2000 una ola de presidentes izquierdistas fueron elegidos en Latinoamérica con plataformas que incluían el uso de la vasta riqueza en recursos naturales de la región para financiar programas sociales, expandir el acceso a la atención sanitaria y la educación, redistribuir la riqueza, empoderar a los trabajadores, combatir la pobreza, y edificar la soberanía económica nacional.
Dentro de este cambio, el Estado, en lugar de la esfera privada, ha tomado un mayor papel en la extracción para beneficiar a la sociedad más amplia, en lugar de simplemente llenar los bolsillos de unos pocos directores ejecutivos de corporaciones multinacionales, como había sido la norma bajo gobiernos neoliberales. Los costes ecológicos y sociales de la extracción siguen estando presentes, pero con una diferente visión económica. «Las actividades extractivas y la exportación de materias primas continúa como antes, pero ahora son justificadas con un discurso progresista», explica el periodista ecologista Carmelo Ruiz-Marrero.
Aunque muchas economías y muchos ciudadanos se han beneficiado de la mayor participación del Estado en la extracción de esos recursos, el extractivismo bajo gobiernos progresistas, como había sido bajo el neoliberalismo, sigue desplazando comunidades rurales, envenena fuentes hídricas, mata el suelo, y debilita la autonomía territorial indígena. Como escribe la socióloga argentina Maristella Svampa, «La práctica y las políticas del progresivismo (latinoamericano) corresponden en última instancia a una idea convencional y hegemónica del desarrollo basada en la idea de infinito progreso y de recursos naturales supuestamente inagotables.» Alentada por el discurso progresista y el mandato de la izquierda latinoamericana, esta tendencia extractiva ha producido resultados alarmantes en toda la región.
Después de la crisis argentina de 2001-2002, las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner han trabajado exitosamente para rehabilitar la economía de Argentina, empoderar a los trabajadores, y aplicar una política económica progresista para reforzar la soberanía del país; después de años de neoliberalismo, en los cuales los servicios públicos y empresas de propiedad estatal fueron privatizadas, los Kirchner han colocado varias industrias bajo control estatal, y utilizado nuevos ingresos del gobierno para financiar programas sociales y hacer que el país esté menos endeudado a prestamistas y corporaciones internacionales.
Como parte de este cambio, en 2012, el Estado argentino obtuvo el 51% del control de la compañía de hidrocarburos YPF, que fue privatizada en los años noventa. El año pasado, sin embargo, YPF de Argentina firmó un acuerdo con Chevron para expandir la fracturación de gas natural en el país, operaciones que tendrán lugar en territorio indígena mapuche. Como reacción, comunidades indígenas que serán afectadas por la fracturación tomaron cuatro instalaciones de perforación de YPF. «No solo están tomando la tierra, explicó Lautaro Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, a Earth Island Journal. «Toda la vida natural en este región esta interconectada. Aquí, afectarán el río Neuquén, que es el río del que bebemos». Protestas contra los planes de fracturación de YPF-Chevron tienen lugar en el país.
El presidente uruguayo José «Pepe» Mujica, quien recientemente ha recibido atención internacional por la legalización por su gobierno de la marihuana, el aborto y los matrimonios del mismo sexo, y su oferta de recibir a detenidos liberados de Guantánamo, se orienta hacia un acuerdo con el grupo minero anglo-suizo Zamin Ferrous para una gran operación minera a cielo abierto que involucraría la extracción de 18 millones de toneladas de hierro del país durante los próximos 12-15 años. Aparte de la operación minera en sí, el plan incluye la construcción de conductos para transportar el mineral del interior a la costa atlántica del país. Críticos han señalado que el plan causaría estragos en la biodiversidad de la región y desplazaría a agricultores locales. Como respuesta a los planes, existe actualmente un movimiento nacional a fin de organizar un referéndum para prohibir la minería a cielo abierto en Uruguay.
Aunque el presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff, ambos del Partido de los Trabajadores, han ayudado a expandir la clase media en el país, e iniciado exitosos programas sociales orientados a eliminar la pobreza y el hambre, sus administraciones también han presidido sobre una economía de extractivismo que no deja sitio para las preocupaciones de los pequeños agricultores o del medio ambiente. Brasil tiene la mayor industria minera de la región: en 2011 extrajo más del doble de la cantidad de minerales que todos los demás países suramericanos combinados, y es el mayor productor de soya del mundo, un cultivo OGM que se expande rápidamente en el continente con una mezcla de letales pesticidas que están matando el suelo, envenenando fuentes hídricas, y desplazando a los pequeños agricultores del campo hacia los tugurios urbanos de Latinoamérica.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha defendido a las mil maravillas el medioambiente en su país, mediante la aprobación de una constitución en 2008 que otorgó derechos a la naturaleza, y el inicio de una iniciativa en 2007 para mantener bajo tierra el petróleo en el Parque Nacional Yasuní de Ecuador. A cambio de no perforar en busca de petróleo en esa área rica en biodiversidad, el plan solicitó que donantes internacionales contribuyeran 3.600 millones de dólares (la mitad del valor del petróleo) al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para programas globales de atención sanitaria, educación y otras áreas. En agosto pasado, con donaciones de solo 13 millones de dólares, y promesas de otros 116 millones, Correa anunció que la iniciativa había fracasado, y que la extracción de petróleo comenzará en Yasuní. En un discurso televisado, el presidente dijo: «El mundo nos ha fallado».
Sin embargo, mientras Correa habló correctamente de las obligaciones de las naciones más ricas de contribuir a solucionar los dilemas de la crisis climática global, dentro del país expandió la industria minera y criminalizó a movimientos indígenas que protestaron contra industrias extractivas en sus territorios. Bajo su administración, numerosos dirigentes indígenas que organizaban contra la minería, las medidas de privatización del agua, y la extracción de hidrocarburos han sido encarcelados por su activismo.
La criminalización de activistas indígenas que luchaban contra la minería en Perú también se ha convertido en la norma en esa nación rica en minerales. Bajo la presidencia de Ollanta Humala, la minería ha prosperado, y con ella lo han hecho los conflictos en los que comunidades locales luchan por defender los derechos a tierra y agua.
En Bolivia, el presidente Evo Morales ha hablado ampliamente de respetar la Pachamama, luchar contra la crisis climática del mundo, y utilizar filosofías indígenas como «Buen Vivir» para vivir en armonía con la tierra. Su gobierno ha promulgado políticas progresistas en términos de crear más ingresos para el gobierno mediante la administración estatal de la extracción de recursos naturales, y utilizar esos ingresos para aumentos de salarios, programas sociales nacionales en atención sanitaria, pensiones, educación y desarrollo de infraestructura. El gobierno de Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), ya han llevado a cabo cambios constitucionales y leyes que protegen el medio ambiente, empoderan comunidades indígenas, y convierten en un derecho el acceso a los servicios y recursos básicos. Sin embargo, la retórica y la promesa de muchos de esos cambios contradicen la manera cómo las políticas del MAS se han realizado en la práctica.
El gobierno ha propugnado un plan para construir una gran carretera a través del territorio indígena y parque nacional TIPNIS. Protestas contra los planes del gobierno impulsaron un movimiento por los derechos indígenas y la protección del medioambiente. Como reacción, el gobierno desató una brutal represión contra familias que marchaban en protesta por la carretera en 2011. La violencia gubernamental causó 70 heridos; las víctimas y sus familias y aliados siguen buscando justicia.
Recientemente, la promesa del MAS de respetar la Madre Tierra y los derechos indígenas y de los pequeños agricultores entró en conflicto con otro de sus planes; la Ley de Minería, que fue aprobada por el congreso controlado por el MAS a fines de marzo, e iba en camino al Senado, cuando protestas contra la ley obligaron al gobierno a suspender su aprobación hasta tener más comentarios de los críticos. Aunque grupos mineros cooperativistas privados, notorios por su falta de preocupación por el medioambiente y las comunidades locales afectadas por la minería, protestaron contra la ley porque no les otorgaba el derecho a vender sus recursos a entidades extranjeras y privadas sin suficiente supervisión gubernamental, otros grupos con demandas diferentes han presentado sus críticas. Separados de los mineros cooperativistas, esos críticos del movimiento de agricultores e indígenas están más preocupados por temas como el acceso al agua y el derecho a protestar.
La Ley de Minería da a la industria minera el derecho a utilizar agua pública para su operación tóxica y con uso intensivo de agua, mientras hace caso omiso de los derechos a la misma agua de comunidades rurales y agrícolas. Además, la ley criminaliza la protesta contra operaciones mineras, dejando a las comunidades que llevarían la carga principal de la contaminación y el desplazamiento causado por la industria sin ningún recurso legal para defender sus casas. Como reacción a la ley, una cantidad de organizaciones indígenas y de pequeños agricultores han salido a las calles para protestar.
Hablé con la dirigente indígena de CONAMAQ Mama Nilda Rojas sobre su punto de vista respecto a la Ley Minera. «El gobierno [de Morales] decía, ‘yo voy gobernar haciendo caso a las bases, las leyes van a salir de abajo hacia arriba’, pero ahhh, lamentablemente no es así en el caso de la Ley Minera» dijo Rojas. «La Ley Minera … es una ley que va en contra de la misma Constitución Política del Estado y ya nos criminaliza el derecho a la protesta, ya no vamos a poder bloquear, no vamos a poder marchar, [contra la minería],» explica Rojas. «Bueno sabemos que siempre con las marchas, con los bloqueos, el mismo Evo Morales era uno de los que marchaba, bloqueaba, entonces ¿cómo se nos puede coartar ese derecho a la protesta?»
«»Lamentablemente este gobierno da su falso discurso político a nivel internacional, que defiende a la Pachamama, que defiende a la Madre Tierra, pero es una real mentira,» explica Rojas.
Mientras tanto, fuera de Latinoamérica, gobiernos, activistas, y movimientos sociales miran hacia sitios como Bolivia y Ecuador como ejemplos de superación del capitalismo y de oposición al cambio climático. El modelo de Yasuní, y del respeto de los derechos de la naturaleza puede y debe tener impacto fuera de esos países, y las naciones más ricas y sus consumidores e industrias basadas en el norte global tienen que asumir responsabilidades en cuanto a enfrentar los desafíos de la crisis climática.
De muchas maneras, gran parte de la izquierda de Latinoamérica representa considerables mejoras respecto a sus predecesores neoliberales, y ha ayudado a forjar un camino excitante hacia alternativas que han servido de inspiración en todo el mundo. En general, han sacado a países de la sombra del Fondo Monetario Internacional y de dictaduras respaldadas por EE.UU., y hacia una posición de autodeterminación. Pensando en esas nuevas direcciones, es de esperar que la derecha neoliberal no recupere el poder en un futuro previsible, y que Washington no pueda intervenir aún más en una Latinoamérica crecientemente independiente.
Sin embargo mientras la marcha hacia el progresa continúa en muchas formas, y los años electorales van y vienen, los perdedores de la nueva izquierda de Latinoamérica son a menudo los mismos que antes – las comunidades rurales desposeídas y movimientos indígenas que ayudaron a allanar el camino a esas elecciones presidenciales para comenzar. En nombre del progreso, Madre Tierra, Buen Vivir, y el socialismo del Siglo XXI, esos gobiernos están ayudando a envenenar ríos y la tierra, y desplazar, encarcelar y matar a activistas contra la extracción. La solidaridad que no considere esta contradicción puede perjudicar a diversos movimientos en la base que luchan por un mundo mejor.
Si ha de tener éxito un modelo alternativo que coloque verdaderamente la calidad de la vida y el respeto por el entorno por sobre el aumento del producto interno bruto y la expansión del consumismo, que coloque la sustentabilidad por sobre la dependencia de la extracción de materias primas finitas, que coloque los derechos de la agricultura en pequeña escala y la autonomía territorial indígena por sobre la minería y las compañías productoras de soya, es probable que provenga de esos movimientos en la base. Si este modelo ha de transformar las tendencias progresistas más amplias de la región, esos espacios de disenso y debate en movimientos indígenas, ecológicos y de agricultores tienen que ser respetados y ampliados, no aplastados y silenciados.
«Estamos siempre ahí de pie, manifestándonos contra el extractivismo,» dice Rojas. «La Madre Tierra ya está cansada.»
Benjamin Dangl ha trabajado como periodista en toda Latinoamérica, cubriendo movimientos sociales y la política en la región durante más de una década. Es autor de los libros Dancing with Dynamite: Social Movements and States in Latin America y The Price of Fire: Resource Wars and Social Movements in Bolivia. Actualmente es estudiante de doctorado de Historia Latinoamericana en la Universidad McGill y edita UpsideDownWorld.org, una web sobre activismo y política en Latinoamérica y TowardFreedom.com, una perspectiva progresista sobre eventos mundiales. Correo electrónico: [email protected].