Los médicos panameños han declarado un paro de labores con fines solidarios y políticos dirigido a frenar la avaricia sin límites de los dueños del país. Los grandes empresarios – en el mejor espíritu neoliberal – ahora quieren que todos los bienes públicos sean privatizados. La estrategia de los empresarios es apropiarse sin pagar un […]
Los médicos panameños han declarado un paro de labores con fines solidarios y políticos dirigido a frenar la avaricia sin límites de los dueños del país. Los grandes empresarios – en el mejor espíritu neoliberal – ahora quieren que todos los bienes públicos sean privatizados. La estrategia de los empresarios es apropiarse sin pagar un centavo – sin riesgo alguno – de todos los servicios públicos: Salud, educación, seguridad social, protección, vivienda, fuentes de agua, el mar, las montañas, calles y carreteras. Todo lo que rinda una ganancia para los que se creen dueños del país en detrimento de los trabajadores y capas medias.
Los empresarios, quienes ya son dueños de los servicios, del comercio y de los negocios especulativos – tanto legales como ilegales – quieren aprobar el proyecto de ley Nº 349 de Asociaciones Público-Privadas. En otras palabras, una ley que privatiza el sector público. Pero la trampa es aún más grande. Quieren privatizar todos los bienes de la república pero con la garantía de que si les va mal todos los panameños (nuestros impuestos) pagan sus pérdidas, incluso las ganancias previstas. Si les va bien, los propietarios se llevan todas las ganancias, sin pagar impuestos.
En muchos países que aplicaron políticas neoliberales recientemente la experiencia ha sido un fracaso. Actualmente, en Chile hay un movimiento social encabezado por los estudiantes para que les devuelvan el sistema educativo a la sociedad. Fue privatizada hace 20 años y sólo ha creado problemas sociales y una educación mediocre. En México y Perú la situación es muy parecida.
Ahora en Panamá se quiere ir por el viejo camino equivocado. ¿Porqué? La respuesta es sencilla: Es una manera fácil y rápida para que los especuladores se hagan ricos a costilla de los panameños. Van a arruinar el sistema educativo, acabar con el sector que presta servicios de salud y, probablemente, vendan el Canal de Panamá. Puede significar un negocio de varios miles de millones de dólares que beneficie a unos pocos especuladores.
Es una trampa a la vista. El gobierno del presidente Ricardo Martinelli no quiere que la iniciativa se presente al público. En la Asamblea, los diputados de los partidos políticos de gobierno y oposición aplauden la iniciativa ya que ambas bancadas están comprometidas con las políticas neoliberales, en quiebra en todo el mundo. Quieren que sigamos por el camino de México, Grecia y EEUU que tienen movimientos de protesta social a lo largo y ancho de continentes enteros.
En Colombia el analista Eduardo Sarmiento, quien escribe en el muy conservador diario de Bogotá, El Espectador, describió el asalto del erario publico en los siguientes términos: «Se presumía que la gestión privada contribuiría a aumentar la eficiencia de las actividades y reducir el tamaño del Estado. Luego de dos décadas, el experimento ha puesto a varias empresas privadas cerca de la quiebra y ha significado enormes subsidios (por parte) del Estado».
Según Sarmiento, «la idea era muy simple. El lucro individual induciría a las empresas a ampliar la actividad y la competencia las obligaría a transformar sus ingresos en servicios efectivos. Como era perfectamente previsible, por tratarse de actividades necesarias, las entidades adquirieron un claro poder monopólico que las lleva a una actitud muy distinta».
Como consecuencia «las empresas de salud conceden los mínimos servicios posibles. Gran parte de los servicios especializados se obtienen con tutelas basadas en la universalidad de la salud. Los fondos privados entregan la tercera parte de los beneficios que ofrecen en las campañas de publicidad y no le aseguran la pensión mínima a la mayoría de los cotizantes».
En el caso de las construcciones escolares «los contratistas modifican los requisitos técnicos de la obra e, incluso, incrementan el monto que sirvió de base para adjudicarlo. La constante es que el valor y los períodos de entrega de los proyectos resultan en el doble de lo estipulado».
Según Sarmiento, «no han faltado la complicidad y la permisividad oficial. El fracaso de las entidades privadas en los grandes proyectos y actividades lleva muchas veces a los gobiernos a asumir las pérdidas. El presupuesto está plagado de partidas para cubrir subsidios, sobre-costos y pirámides de las entidades privadas».
Lo mas peligroso es que los defensores de estas empresas especulativas trabajan con una «biblia» en la mano que llaman la ideología neoliberal. No son economistas y desconocen las mínimas reglas de administración de empresas. «Los autores y defensores de las privatizaciones se resisten a aceptar el error conceptual e insisten en profundizar el fracaso», dice Sarmiento. Con la ley que somete los intereses públicos al despilfarro privado, «se configuró una maraña de instituciones orientadas a obtener la máxima ganancia, favorecer a los sectores altos (especuladores) y trasladar las pérdidas a los contribuyentes». La conclusión de Sarmiento se puede aplicar a Panamá: Si se aprueba la ley de Asociaciones Público-Privadas, contribuirá a crear mas desempleo, aumentará la pobreza y provocará una desigualdad mayor en la distribución del ingreso.
Marco A. Gandásegui, hijo, es Profesor en la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA www.salacela.net – http://marcoagandasegui11.blogspot.com