Pese a su escaso impacto político y mediático, las luchas de los ‘sin papeles’ consiguen frenar la mano dura del Gobierno. La patronal, necesitada de mano de obra, también presiona.
La política sobre inmigración del Gobierno francés, basada en la expulsión de todo ‘sin papeles’ y en no aceptar más que la «inmigración escogida» (únicamente la mano de obra que demande el mercado), hace aguas. Un ejemplo puede ser ilustrativo. El 2 de agosto, durante una de las constantes protestas contra los CRA (Centros de Retención Administrativa, donde son encerrados los ‘sin papeles’ antes de su deportación) que han jalonado todo el curso pasado, un incendio arrasaba el CRA de Mesnil-Amelot. Los detenidos denunciaban «un sistema inhumano que los encierra sin haber cometido delito alguno», y malos tratos policiales.
Ya el 22 de junio, otro CRA, el de Vincennes también había quedado arrasado por un incendio. El mismo 2 de agosto, el Gobierno francés acusaba a la asociación SOS Sin Papeles de ser la responsable del incendio. La respuesta de la sociedad civil fue una campaña por el derecho a denunciar la política xenófoba del Gobierno y contra la criminalización de quienes apoyan a los ‘sin papeles’ en sus constantes movilizaciones. Movilizaciones que están obligando al Gobierno a regularizar, aunque sea a cuentagotas y casi en secreto, a los ‘sin papeles’. El colectivo de indocumentados CSP92, que desde el 28 de abril ocupa la iglesia de St. Paul, en Nanterres, había logrado a finales de agosto hasta 60 regularizaciones. Eso sí, tras una dura huelga de hambre de siete personas.
El 4 de agosto, la policía detenía a dos ‘sin papeles’ que trabajaban en la reconstrucción del CRA de Mesnil- Amelot, obra dependiente del Ministerio de Defensa y sometida a estrictas medidas de control. Es un ejemplo de la paradoja a la que se enfrenta Sarkozy : los indocumentados son fundamentales para la economía. Y eso se lo recuerda desde el 15 de abril el movimiento de huelga de los trabajadores ‘sin papeles’ que sacude a toda Francia. El movimiento de ocupación de sus centros de trabajo por parte ‘sin papeles’, iniciado con el apoyo de sindicatos y asociaciones en la región de París, ha logrado unas 800 regularizaciones. Algo que se asemeja, según diversos activistas franceses, a una pequeña regularización masiva. O que por lo menos queda muy lejos del «caso a caso» gubernamental como único criterio de regularización.
Pese a lo duras que resultan las huelgas para los trabajadores, éstas se mantienen : cuando en una empresa se vuelve al trabajo tras ganar la mayoría de los huelguistas sus papeles (eso sí, siempre condicionados a un contrato de trabajo y muchas veces solo por un año), en otra estalla la huelga. El movimiento va ya por su segunda oleada, y algunos dirigentes sindicales llaman ya a una huelga general de ‘sin papeles’ para septiembre.
El 23 de agosto en París, aniversario del desalojo policial, en 1996, de la iglesia de St. Bernard ocupada por centenares de ‘sin papeles’, y nacimiento simbólico del movimiento de los sans papiers francés, centenares de personas acudían a la primera convocatoria unitaria de dicho movimiento desde hace años. Una demostración de que pese a las fuertes tensiones internas (300 sin papeles ocupan desde hace meses unos locales del sindicato CGT para asegurarse de que no se olviden de ellos cuando negocie con el Gobierno), el movimiento está dispuesto a darle un otoño caliente a Sarkozy. Por su lado, las patronales, con discreción, también presionan : necesitan mano de obra, ya la tienen formada y funcionando, ¿para qué esperar a la «inmigración escogida» ?