Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Muchas partes interesadas de dentro y fuera de Turquía están a la espera del informe de la Unión Europea de 2013 sobre los progresos del país, cuya publicación está prevista para el 16 de octubre. Según ciertas filtraciones de noticias que han empezado a aparecer en varios medios de comunicación, se espera que el informe contenga duras críticas acerca de cómo el gobierno ha manejado las protestas del Parque Gezi, los límites a la libertad de expresión y libertad de prensa y la desaceleración del proceso de reformas en el país. Hace ya mucho tiempo que diversos círculos progresistas de Turquía están recogiendo los informes anuales de la Comisión de la UE sobre los progresos registrados para presionar al gobierno, pedirle responsabilidades y exigir reformas sustanciales a fin de instituir una esfera política más participativa, igualitaria e inclusiva. Intento cuestionar aquí la eficacia de utilizar una retórica que hace hincapié en los estándares de la UE para criticar las políticas de seguridad del gobierno y su creciente intrusión en muchas áreas de la vida social, incluida la educación, la familia, el trabajo, el medio ambiente y la política. Desde hace algún tiempo ya, el actual gobierno del AKP ha estado haciendo referencia a Europa y a sus simbolismos asociados (relativos al desarrollo, progreso y prosperidad) para justificar sus diversas políticas paternalistas a favor del capital y la seguridad. ¿Es conveniente, entonces, acudir a las mismas fuentes para examinar la legitimidad de esas políticas y sugerir alternativas?
El uso excesivo de la fuerza policial contra pacíficos manifestantes fue posiblemente la razón más importante de que las protestas del Parque Gezi alcanzaran una escala tan masiva. Tras la difusión de los videos que mostraban cómo la policía asaltaba violentamente las tiendas de campaña de los manifestantes en el parque Gezi el viernes 31 de mayo, miles de personas se dirigieron hacia la Plaza Taksim y se reunieron en los lugares públicos de otras ciudades para manifestarse contra la destrucción del Parque Gezi por motivos comerciales y para expresar sus quejas contra el gobierno del AKP. Según iba aumentando la multitud, se incrementaba a la par la presencia policial y el uso de la fuerza contra las personas congregadas. Miles de policías antidisturbios atacaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y cañones de agua. El 15 de agosto, la Asociación de Médicos de Turquía informaba que la intervención policial había causado cinco muertos y miles de heridos, entre ellos 106 casos con graves traumas craneales y once casos en los que los afectados perdieron un ojo. Muchas personas sufrieron palizas y acoso sexual durante los arrestos masivos.
A lo largo de las manifestaciones y en sus secuelas, la escala de la violencia utilizada ha sido una de las cuestiones importantes denunciadas para criticar la respuesta del gobierno a la resistencia de Gezi. Al contestar a una pregunta parlamentaria planteada por un miembro del principal partido de la oposición, el Ministerio del Interior declaró que, en veinte días, la policía utilizó 130.000 cartuchos de gases lacrimógenos y 3.000 toneladas de agua para dispersar a los manifestantes. Otra parlamentaria de la oposición anunció en una reunión organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que la cantidad de gas utilizado en los primeros seis días de la protesta fue igual a la cantidad de gas utilizado en 2012 por catorce países europeos juntos. Su declaración corrió como la pólvora por Facebook y Twitter.
En el lenguaje de la principal oposición puede percibirse una estrategia que hasta ahora ha constituido una táctica política eficaz para impulsar el cambio en Turquía: obligar al gobierno a que respete los estándares más altos de los países de la UE. Con el avance de la candidatura del país en la adhesión a la UE, esos estándares se han convertido en una cuestión que los sucesivos gobiernos no podían permitirse rechazar abiertamente. Una consecuencia inesperada de ese reconocimiento forzoso es el creciente uso de los mismos niveles y prácticas para justificar una serie de alarmantes políticas. Por ejemplo, en su discurso en la conferencia de la UE del 7 de junio, el Primer Ministro Erdogan defendió la represión violenta de las protestas de Gezi comparándolas con las respuestas de los gobiernos hacia disturbios similares en Francia, Alemania, Inglaterra, Grecia y Estados Unidos. Del mismo modo, al defender muchas de las recientes políticas que avivaron la disidencia de los manifestantes de Gezi -como los proyectos de renovación urbana, regulación más estricta de la venta de alcohol y más políticas reproductivas conservadoras para intentar limitar el aborto, reducir las cesáreas y animar a las mujeres a tener al menos tres hijos-, las referencias ofrecidas por el gobierno fueron las prácticas de avanzadas democracias liberales. En vez de «las circunstancias especiales de Turquía», que hasta recientemente habían informado la racionalidad del gobierno, los representantes de ese gobierno justifican ahora públicamente sus acciones refiriéndose a los valores de democracia, desarrollo e imperio de la ley. Esta situación plantea la pregunta siguiente: ¿Hasta dónde es eficaz seguir utilizando esos mismos valores como herramientas de oposición y crítica?
A pesar del creciente despliegue del gobierno del AKP de la retórica anti-Unión Europea, los niveles europeos de desarrollo, modernización y buen gobierno han seguido infiltrándose en el léxico de diversas instituciones estatales desde al menos 2004. Especialmente desde la aprobación de la candidatura de Turquía a la UE, las burocracias militar y civil -incluyendo la policía, el sistema judicial, el ejército y los servicios sanitarios- han estado empleando lucrativas herramientas de armonización para «desarrollar sus capacidades» a fin de cumplir con los criterios de adhesión. Para organizar esas reuniones, se han estado utilizando de forma amplia diversos proyectos de la UE, programas de hermanamiento e instrumentos TAIEX para organizar reuniones, talleres, programas de formación y visitas a países, con el declarado objetivo de reforzar la capacidad judicial y administrativa de Turquía a fin de aplicar la legislación de la UE. La Policía Nacional Turca (PNT) es uno de los participantes más activos en el denominado «proceso de armonización». Según su página web , entre 2002 y 2012, la PNT organizó 19 Proyectos UE y fue beneficiaria de otros 18. Durante ese período, 568 agentes participaron en 148 visitas del país a veinte países de la UE. Sólo en 2012, 950 agentes tomaron parte en 22 talleres.
Una mirada cuidadosa a esta considerable lista de proyectos revela que la PNT estaba de hecho llevando a cabo un proyecto acerca de Implementation Capacity of Turkish Police to Prevent Disproportionate Use of Force [Desarrollo de las capacidades de la policía turca a fin de prevenir el uso desproporcionado de la fuerza] (CRIS Numer: TR2009/0136.07) en la misma época en que se producían las protestas de Gezi. Este proyecto, por valor de seis millones de euros, se llevaba a cabo junto a un consorcio austriaco-alemán que incluía a la Fundación alemana para la Cooperación Jurídica Internacional (IRZ), la Oficina de la Policía Criminal Federal, la Academia de Seguridad de Austria y el Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos (BIM). El proyecto consistía en dos partes: primero, análisis de las condiciones existentes para el uso de la fuerza policial en Turquía , en comparación con los niveles alemanes, austríacos, holandeses y españoles, y el desarrollo de los reglamentos de servicio policial «en los campos temáticos de liderazgo, comunicaciones tácticas, control de las multitudes y uso de la fuerza»; segundo, formación de entrenadores en un total de dieciséis cursos de una semana de duración sobre los reglamentos de servicio desarrollados. La página web del BIM anuncia que la segunda parte del proyecto se inauguró el 6 de mayo. Esto significa que 452 agentes -identificados como «multiplicadores» en sus propias instituciones- estuvieron recibiendo formación sobre el uso desproporcionado de la fuerza en mayo y junio de 2013, justo cuando a sus colegas se les ordenaba aplastar las protestas de Gezi utilizando gases lacrimógenos, cañones de agua y arrestos masivos
¿Tiene algún sentido esta situación? ¿Sirve decir que el proyecto es justo otro ejemplo de cómo el estado turco habla sólo de dientes para afuera sobre los estándares gubernamentales que se requieren para ser miembro de la UE? ¿O debería obligarnos a mirar más de cerca la fuente y los verdaderos efectos de por vida de esos mismos estándares?
Mi investigación sobre los programas de formación en derechos humanos de los funcionarios estatales turcos me ha enseñado que los encuentros y los talleres organizados para mejorar las capacidades de Turquía para que se convierta en miembro de la UE no son precisamente sitios inútiles e improductivos de blanqueo que ayudan al gobierno a seguir adelante con sus comportamientos de siempre. Por el contrario, esos talleres, proyectos y otras herramientas de armonización sirven realmente como plataformas para que los actores estatales manejen las condiciones de adhesión a la UE y los estándares gubernamentales que conllevan. Es a través de esos proyectos cómo los funcionarios estatales llegan a aprender de qué van exactamente esos estándares. Son una especie de parámetros de la democracia y el imperio de la ley que se supone hay que controlar estratégicamente para reducir responsabilidades y alcanzar cierto nivel de desarrollo. Por ejemplo, es interactuando con la policía británica en encuentros para compartir experiencias como los agentes de la PNT aprenden lo que se necesita para convertirse en «expertos en seguridad». En vez de instalar mecanismos para luchar contra la impunidad dentro de la organización, aprenden que lo que necesitan es «una mejor actuación policial» que puede conseguirse construyendo bases de datos de delitos o creando laboratorios de altas tecnologías para mejorar las investigaciones forenses.
Decir que son las especiales circunstancias de Turquía -su cultura política, sus tradiciones estatales, etc.- lo que está causando el «fracaso» de la estandarización en este caso no es una respuesta satisfactoria. Los académicos críticos de las industrias de desarrollo y democratización han mostrado que los programas para la transición política y económica continúan produciendo resultados inesperados en una variedad de lugares, provocando formas más acentuadas de exclusión, desigualdad y autoritarismo (Ferguson 1994, 2006, Sampson 1996, Li 2007). Las contradicciones entre los objetivos señalados y los resultados reales de esos proyectos son inherentes del mundo del desarrollo.
Para el proyecto sobre la prevención del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la PNT, la contradicción aparece entre la evaluación a medio plazo del proyecto por la Comisión Europea, por una parte, y la posterior resolución del Parlamento Europeo acerca de cómo el gobierno turco ha manejado las protestas del Parque Gezi, por otra. Aunque la Comisión Europea valoró la realización del proyecto «de buena a muy buena», el Parlamento Europeo expresó en su resolución del 13 de junio «su profunda preocupación ante el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía turca» e hizo hincapié en «la necesidad de una formación intensiva continuada para la fuerza policial y el poder judicial».
Los estándares son herramientas ambivalentes tanto de la oposición como del gobierno, tendentes a producir resultados contradictorios en contextos diferentes. A pesar de las connotaciones de mayor formalización, la estandarización implica siempre un cierto grado de trapicheos, negociaciones y rodeos (Lampland and Star 2009). Desde hace años, la perspectiva de la adhesión a la UE y los estándares de democracia, desarrollo, derechos humanos y el imperio de la ley asociados con la misma, sirvieron de herramientas eficaces para condenar el autoritarismo y la violencia de estado en Turquía. Cuando esos estándares se aplican a nuevos usos y adoptan nuevos significados, ¿podemos aún mantener una oposición importante insistiendo en los significados «reales» de esos estándares? ¿O ha llegado ya la hora de que nos enfrentemos a los límites de utilizar los criterios de adhesión para denunciar y criticar la violencia estatal? Diversas agencias gubernamentales que continúan planificando, ejecutando y manteniendo la impunidad ante la violencia han estado recibiendo formación sobre la «buena gobernanza» de sus homólogos en los países de la UE desde al menos 2004. Teniendo en cuenta ese hecho, ¿no es hora ya de mirar más a fondo la estructura de las «democracias liberales avanzadas» y las doctrinas de seguridad nacional que se encuentran en el corazón de la UE, y preguntarnos si no podrían estar siendo cómplices y facilitadoras del tipo de violencia desplegado contra la resistencia de Gezi?
Escenas similares de la policía antidisturbios reprimiendo a quienes se manifestaban contra las medidas de austeridad adoptadas en Grecia, España y Portugal en 2011-2012 utilizando balas de goma, gases lacrimógenos y otros elementos químicos cancerígenos fueron las que facilitaron que el Viceprimer Ministro Egemen Bagis tuviera la temeridad de afirmar que la fuerza utilizada en el Parque Gezi estaba en consonancia con las mejores prácticas europeas. Erdogan y Bagis no fueron los únicos políticos en trazar paralelismos entre las tácticas de control de las muchedumbres utilizadas durante la resistencia Gezi y las usadas durante protestas similares por toda Europa. Richard Ottoway, Presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento británico, había también señalado el parecido entre la intervención de la policía británica en las protestas de Londres y lo que estaba sucediendo en Turquía, pidiendo que Gran Bretaña apoyara a su aliado en estos duros tiempos. Poco después de que empezaran las protestas de Gezi, The Times publicaba la aprobación de una licencia abierta por tres años que permitía que las empresas de armamento británicas vendieran armas de control de disturbios a Turquía, incluyendo gases lacrimógenos, balas de goma y porras de madera que pueden utilizarse para dispersar a los manifestantes.
Aunque la adhesión a la UE tiene aún un poder simbólico que determinados círculos progresistas de Turquía pueden utilizar estratégicamente para presionar a favor de las reformas gubernamentales, es hora ya de comprender que esos círculos no tienen ya un control total sobre tal simbolismo. Aunque a un nivel discursivo puede parecer que el gobierno del AKP se está distanciando de sus compromisos para adherirse a la UE, ésta sigue proporcionándole aún tanto medios materiales como simbólicos para la continuación de la violencia estatal en Turquía.
Referencias citadas:
Ferguson, J. 1994. The Anti-Politics Machine: «Development,» Depoliticization and Bureaucratic Power in Lesotho . Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
Ferguson, J. 2006. Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order . Durham & London: Duke University Press.
Lampland, M., and S. L. Star. 2009. Standards and Their Stories: How Quantifying, Classifying and Formalizing Practices Shape Everyday Life . Ithaca & London: Cornell University Press.
Li, T. M. 2007. The Will To Improve: Governmentality, Development and the Practice of Politics . Durham & London: Duke University Press.
Sampson, S. 1996. «The Social Life of Projects: Importing Civil Society to Albania.» In Civil Society: Challenging Western Models , edited by C. Hann and E. Dunn. London and New York: Routledge, 121-142.
Elif Babül es profesora adjunta de Antropología en el College Mount Holyoke. Está especializada en mecanismos nacionales y trasnacionales de gobernanza, en política de derechos humanos en Turquía, en las expresiones cotidianas del poder estatal y autoridad política y en la política de género en Turquía y Oriente Medio.
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